EscucharEl presidente de la República, Rodrigo Chaves, y el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, anunciaron este miércoles que la revisión técnica se brindará por medio de un permiso temporal en precario a una empresa que será seleccionada mediante un concurso internacional.
Eso significa que a partir del 15 de julio la empresa española Riteve SyC dejará de dar el servicio en el país, pues no se extenderá el contrato de concesión que finaliza a las 4 p. m. de ese día. A partir de ese momento, los terrenos, estaciones y equipos pasarán a manos del Estado.
La medida, además, implicará que el país se quedará durante dos meses sin revisión técnica, pues el Gobierno concederá entre el 15 de julio y el 15 de setiembre como un periodo de transición entre el finiquito del actual contrato con Riteve y el eventual nuevo operario que brindará el servicio en dichas instalaciones.
En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Chaves alegó que la medida busca mantener un servicio “fundamental” para la seguridad vial del país. “Lo más importante es que esta ruta tiene como fin que baje el precio de la revisión vehicular y al mismo tiempo mantener la revisión técnica”, aseveró.
Tanto el mandatario como Amador acusaron a las anteriores administraciones de inacción ante el hecho de que el actual contrato con la compañía española no daba oportunidad a nuevas prórrogas.
“Nos encontramos un contrato que está para terminar el 15 de julio, nos encontramos una solicitud a la Contraloría General de la República de extensión cinco años más para continuar pagando las mismas tarifas con la misma empresa, nos damos a la labor de empezar a estudiar posibilidades, muchas fueron valoradas, hubo problemas a nivel de plazos, la regla fiscal y la coyuntura legal por la acción de inconstitucionalidad (...).
De acuerdo con Amador, eso los llevó a optar por la solución de los permisos temporales en precario. La idea es realizar un proceso de selección, en el cual se dará un periodo para que los interesados presenten ofertas y el Estado daría las instalaciones y equipos para que se siga brindando el servicio.
“Para poder sacar un cartel como Dios manda se ocupan dos años; no es posible prepararlo en un tiempo menor porque es un cartel internacional”, aseveró el ministro.
Eso significa que el permiso temporal se otorgará precisamente por dos años, considerando que en ese tiempo tendrán lista una nueva concesión.
El jerarca alegó que esta figura legal tiene varias ventajas porque es rápida, permite reducir tarifas y que no se tendría que indemnizar al operador, en caso de que la Sala IV falle en favor de un grupo ambientalista que presentó un acción en contra del artículo de la Ley de Tránsito que regula la inspección vehicular.
Por su parte, Chaves aclaró que la misma empresa Riteve podría concursar en este proceso para seguir brindando el servicio de inspección vehicular. Sin embargo, sostuvo que el permiso se le otorgará a aquel oferente que ofrezca el mejor precio.
Ajuste tarifario
El presidente Chaves dijo que prevén que la primera tarifa que regirá se aplicaría por subasta, es decir se daría el servicio a la empresa que oferte el precio más bajo.
Sin embargo, adelantó que han estado en conversaciones con la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para que autorice una tarifa a la baja, dado que se están poniendo al servicio del Estado las instalaciones y equipos que el pueblo ya pagó.
“Aresep va a decir la tarifa máxima es esta y nos va a dar una tarifa mínima y si la gente ofreció menos de eso, imagino que Aresep considerará que si alguien lo quiere hacer más barato es para beneficio del pueblo”, señaló el gobernante.
Actualmente, la tarifa para acudir a la revisión es de ¢16.481 para autos particulares. En caso de no pasar en la primera prueba, la reinspección tiene un costo de ¢8.240.
Chaves también se refirió a las acreditaciones que deberían presentar las empresas interesadas y aseguró que por tratarse de una “situación de emergencia”, se permitirá a las compañías participar y posteriormente realizar la respectiva acreditación o en su defecto homologar en caso de que tengan una verificación de su país de origen.
Al respecto, la vocera de Riteve, Jennifer Hidalgo, indicó que “al igual que muchos sectores, expertos y ciudadanos nos preocupan todos los impactos que se van a generar con la interrupción del servicio, pero de parte de Riteve vamos a esperar a tener información oficial y más con concreta para poder referirnos al tema”.
El ministro de Obras Públicas aseguró que el concurso para la operación de la revisión se lanzará esta semana y, a partir de ese momento, esperan que en el transcurso de 15 días puedan recibir las ofertas.
Fin del contrato
El contrato con Riteve se suscribió en el 2002 por un plazo inicial de 10 años y con la única posibilidad de prorrogar un período igual. Es decir este 2022 se cumplía el plazo de la prórroga sin posibilidades de nuevas extensiones.
Sin embargo y a pesar de las advertencias de la Contraloría General de la República sobre la necesidad de iniciar un nuevo proceso de contratación desde hace un año, así como las gestiones necesarias para el cierre contractual y el traslado de activos a manos de Gobierno, no se avanzó en esa línea y más bien las anteriores autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), recibieron llamadas de atención por no acatar de las disposiciones del ente contralor.
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La administración Alvarado presentó, en abril pasado, una solicitud de prórroga ante la Contraloría, sin embargo, esa petición fue rechazada, pues carecía de una serie de información técnica, entre esta los detalles sobre el modelo a seguir, el mecanismo tarifario y los términos de la nueva licitación.
