EscucharA pesar de la urgencia de avanzar hacia la nueva concesión que se requiere para ampliar el puerto de Cadera (colapsado desde hace más de seis años), el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico decidió dejar en manos del próximo gobierno la decisión sobre el futuro de la contratación.
El presidente de esa entidad, Juan Ramón Rivera, dijo a La Nación que mediante un contrato de colaboración con la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés) del Banco Mundial se hizo la estructuración y el contrato está listo; sin embargo, llegaron a la conclusión que era mejor esperar a la nueva administración, para que los futuros jerarcas den el visto bueno al contrato.
El cartel para sacar a licitación la nueva concesión del puerto incluye el modelo financiero, la metodología tarifaria y factibilidad del proyecto, que deberán ser consideradas por las empresas interesadas. Inicialmente, el INCOP había prometido que dicho pliego estaría listo para marzo y la estimación más favorable era que el proceso de construcción del nuevo puerto iniciara en el 2025.
“Estoy esperando saber quién es mi sucesor o el ministro para pasar toda la información pertinente, para que ellos tomen la decisión de si quieren seguir por el camino que llevábamos o eventualmente algún otro” , dijo el jerarca.
Rivera recordó que desde el 2019 cuentan con el plan maestro en el que se definieron las necesidades técnicas del puerto, por lo que corresponde ahora estructurar esas necesidades en una licitación para una concesión de obra. Ese estudio establecía que se necesitan al menos $251 millones para modernizar el puerto de Caldera y hacer frente al colapso.
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Según dijo, el convenio con IFC incluye el acompañamiento en la evaluación de ofertas y elaboración del contrato.
A criterio del funcionario, trasladar la responsabilidad de atender el colapso de Caldera al nuevo gobierno, no representa un atraso significativo en comparación con los retrasos que ya sufrió el proceso.
“Ya se nos atrasó por una serie de razones, ahora lo que se iba a perder o ganar eran unos 15 o 22 días, en todo este montón de tiempo 22 días no es nada comparado a lo que se podría perder si viene la otra Administración y dice que no quiere hacer eso, son decisiones importantes y hay que tenerle respeto a la siguiente administración”, insistió.
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De acuerdo con la Cámara de Comercio Exterior, cada año que pasa con el puerto trabajando por encima de su capacidad, el país pierde $100 millones, debido a los sobrecostos que pagan exportadores al no contar con una línea directa para colocar sus productos a Asia y los cada vez más elevados aranceles para importar bienes desde ese mercado. Esos pagos, se traducen en incrementos a los artículos que se consumen aquí y también afectan la competitividad del país.
A pesar de que esa situación ha sido advertida una y otra vez en los últimos años, durante la actual Administración no se logró dar una solución al problema, pues la única alternativa viable, hasta ahora, radica precisamente en la nueva licitación que lleva más de dos años sin avance.
A eso se suma que el contrato de la concesión vigente que vence en el 2026 no permite realizar las mejoras requeridas.
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Debido a esto, el país no solo no puede recibir barcos de gran calado desde el Pacífico, sino que los buques que traen productos llegan a esperar hasta 30 días para ser atendidos, lo que se traduce en pagos millonarios para navieras, exportadores, importadores y que en cadena afecta también a transportistas que esperan hasta tres días para completar una carga o descarga en el muelle.
De acuerdo con la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), el puerto ya opera a un 90% de su capacidad (lo ideal es que no supere el 70%) y quienes colocan sus productos en mercados del continente asiático tienen que pagar hasta un 30% más en las cargas.
