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El Estado estaría en posibilidad de aportar entre $80 millones y $100 millones en el intento de abaratar los peajes de la carretera a Cartago dentro del proyecto de ampliación de esa vía, que se realiza mediante iniciativa privada.
La información fue suministrada por el secretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), José Manuel Sáenz Scaglietti y confirmada por el ministro de Hacienda, Elian Villegas Valverde.
El CNC maneja, como referencia, un costo de poco más de ¢1.000 por sentido. Sin embargo, Sáenz aclaró que esa tarifa podría variar, pues habrá que “correr” varios escenarios en los que se considerarán el aporte del Estado y los años de concesión que se le darían a la empresa que, por licitación pública internacional, gane el concurso para construir y operar la vía de 22 km.
Actualmente, en hora pico, el recorrido en la Florencio del Castillo, de dos carriles por sentido y por la que pasan, en promedio, 51.000 vehículos al día, puede tardar hasta una hora y diez minutos en auto y más de hora y media en autobús.
Para establecer el posible aporte estatal en el proyecto, se han dado reuniones entre Sáenz, Villegas y el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata. Fue a partir de esos encuentros, declaró el secretario técnico del CNC, que se determinó la contribución de $80 millones a $100 millones.
Agregó que el modelo del desembolso también estaría sujeto a análisis ya que podría hacerse en varios pagos, conforme se vayan entregando etapas del proyecto.
Elian Villegas afirmó que aún no se ha definido de dónde saldría el dinero. Explicó que podría venir de un empréstito o bien por endeudamiento interno, pero reconoció que sí será necesario que el Estado dé un “empujón” para reducir el impacto en los usuarios.
“La idea puede ser un aporte de $80 millones a $100 millones. Normalmente, este tipo de proyectos llevan algún componente de aporte estatal para que la tarifa no impacte a los usuarios y, ahí, llegado el momento, veríamos si se hace por medio de algún empréstito o por endeudamiento interno.
“No veo que sea mayor problema ninguna de las dos cosas, en el tanto es un gasto no solo de capital, sino que es un gasto muy importante para todo lo que es San José, Cartago, zonas aledañas, pues también esa vía le da servicio a la zona atlántica (Caribe), a la zona sur, etc. Desde ese punto de vista es muy importante, entonces desde Hacienda no le vemos mayor problema. Si hay que hacer un aporte, lo haríamos”, explicó.
El proyecto de iniciativa privada comenzó en octubre del 2019, cuando la constructora MECO recibió el aval del CNC para elaborar el anteproyecto de lo que sería la nueva carretera y para hacer un borrador del cartel de licitación internacional. El 14 de junio pasado, tanto MECO como H Solís se vieron inmersas en el escándalo por el Caso Cochinilla, en el cual la Fiscalía les atribuye pagos de sobornos para obtener contratos de obra pública.
Sáenz afirmó que el proyecto sigue en pie porque mientras los representantes de MECO no sean juzgados o eventualmente sentenciados por los hechos que se investigan, no pueden inhabilitar la firma. De hacerlo, expondrían al Estado a una demanda.
MECO debe presentar al CNC los estudios con los modelos financieros y análisis de posible uso de la vía. Estaba previsto que los entregara en setiembre, pero, la fecha se movió a noviembre. Con esos datos se definirán el costo del proyecto, el aporte del Estado y las tarifas de peajes.
El atraso de la constructora en la entrega de la información ocurrió por la afectación que sufrió por el escándalo, dijo Sáenz.
Cuando aporte todos los análisis, el siguiente paso será abrir un concurso internacional para determinar cuántas empresas están interesadas. Aunque MECO impulse la iniciativa privada, no significa que vaya a ser la encargada de ampliar la carretera. Para eso es que se sacará a licitación.
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Según el planteamiento de MECO, de completarse la ampliación en los 22 km, el viaje entre San José y Cartago se reduciría a 30 minutos.
Licitación encaminada
Saénz aseguró que la idea es que hacia el final de este gobierno, el 8 de mayo del 2022, se deje el cartel publicado, pero, dijo, difícilmente se podría adjudicar la obra debido a que se trata de una licitación internacional muy costosa. Por esa razón, los oferentes requerirían de cuatro a cinco meses para presentar sus propuestas.
De recibir los estudios faltantes en noviembre, la estimación es que hacia el final de enero se contaría con un cartel de licitación, pues el contratista debe aportar en su propuesta un borrador que serviría como base para la Administración. “Esas cosas las tendremos que ver con mucho detenimiento”, explicó Sáenz.
Una vez que se establezca el modelo más conveniente para los usuarios y para el MOPT, se acudiría nuevamente a plantear a Hacienda un aporte estatal más afinado.
El modelo de iniciativa privada implica que si bien una empresa es la que ofrece construir un proyecto y lleva adelante los estudios y diseños –e incluso entrega un borrador de cartel que finalmente es revisado y estructurado por la Administración–, la obra se saca a concurso y no necesariamente se adjudica a la empresa que lo planteó, sino a la que presente la mejor oferta.
Eso significa que una vez que se publique el cartel, MECO participará en igualdad de condiciones que otras empresas interesadas. En caso de que sea otra firma la que gane la licitación, esta debe reconocer al iniciativista lo invertido en la fase de estudios y diseños.
MECO estimó que ampliar los 22 km entre plaza González Víquez, en San José, y el ingreso a Cartago, tendría un costo de $330 millones. Sin embargo, uno de los planes del Gobierno para abaratar el costo sería sacar del proyecto los dos extremos de la vía, es decir sin el trayecto entre plaza González Víquez y las Garantías Sociales y el tramo entre La Lima de Cartago y la intersección de El Quijongo.
Dentro de ese monto, se incluyen, además, unos $130 millones que costaría construir el viaducto que atravesará desde Hacienda Vieja hasta la rotonda de las Garantías Sociales, el cual sería el único tramo que se construirá completamente nuevo.
Si los nuevos plazos se cumplen, el proyecto de ampliación quedaría adjudicado en el primer semestre del próximo año y, de acuerdo con la propuesta, el plazo de construcción sería de dos años una vez recibida la orden de inicio, siempre que no se deban realizar expropiaciones u otros trámites externos.
La propuesta
El plan presentado por la constructora incluye mejoras en la vialidad en todo el tramo entre plaza González Víquez y el cruce de las Garantías Sociales (esta sería una de las secciones que el Gobierno eliminaría), así como la construcción del viaducto entre ese punto y Hacienda Vieja.
También contempla la ampliación a tres carriles por sentido entre Hacienda Vieja y Taras de Cartago, así como mejoras en cruces y obras en Ochomogo para contención de taludes y demolición de losas de concreto.
En la Lima se ampliaría a tres carriles por sentido el ingreso a Cartago por la calle que pasa frente al cementerio y se levantaría un paso superior en dirección norte-sur.
Entretanto, en el entronque entre la intersección de La Lima con la Interamericana Sur (por El Quijongo) se ampliaría a dos carriles por sentido, además se contaría con carriles marginales, ciclovía y mejoras en la vialidad para ingreso al nuevo hospital de Cartago, con un paso superior. Esta última sección también sería eliminada del proyecto.
Todas estas obras se complementarían con las intersecciones de Taras y La Lima (actualmente paralizadas), las cuales representan una inversión de $58 millones.
