Gobierno retoma negociaciones con concesionaria para ampliar ruta 27 tras dos años de parálisis

El jerarca del MOPT, Mauricio Batalla Otárola, aseguró este jueves que el pasado 1.° de julio se iniciaron las conversaciones con la empresa Ruta 27 (antes Globalvia). En ese primer acercamiento, afirmó, se presentaron los equipos que llevarán adelante el proceso.

“Estamos siendo asesorados por expertos del Banco Interamericano de Desarrollo para que la negociación sea justa para ambas partes. Entendemos que el concesionario tiene que ganar, pero el costarricense también tiene que ganar. Hay que poner en la balanza las necesidades de la población frente a los intereses del concesionario y, a partir de ahí, balancear esto en beneficio del interés público”, señaló Batalla.

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Según el ministro, para los 22 meses restantes de la Administración, una de las principales tareas asignadas a la nueva secretaria técnica del Consejo Nacional de Concesiones, Paula Reyes, es lograr llevar la negociación a un buen acuerdo.

Ampliación de ruta 27 perdida en la indecisión

La intención de retomar la posible extensión del contrato con Ruta 27 para lograr la ampliación de la carretera fue advertida desde mediados del año pasado. Esto sucedió luego de que la secretaria técnica de ese momento, Dahianna Marín Chacón, reconociera que romper anticipadamente con la concesionaria conllevaría más atrasos y aumentaría los costos debido a la indemnización habría que pagar.

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Sin embargo, meses después, el ahora exministro Luis Amador volvió a hablar de mecanismos alternos para ejecutar el proyecto. Mencionó la posibilidad de que el Poder Ejecutivo financiara la ampliación mediante la emisión y venta de títulos valores a los fondos de pensiones y un eventual crédito del Gobierno de Arabia Saudita.

Este jueves, al ser consultado sobre esa última opción, Batalla reconoció que no es viable en este momento.

Las negociaciones para ampliar la carretera quedaron en un 80% al término del gobierno anterior. No obstante, desde el inicio de la actual administración, las autoridades han buscado alternativas que eviten extender el contrato a la concesionaria, alegando inconformidades con los términos en los que se negoció el contrato con la empresa, especialmente en la tasa de retorno acordada.

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La propuesta presentada por Ruta 27 para la ampliación contemplaba realizar la obra por etapas, incrementando las tarifas de peaje a medida que se pusieran en servicio los tramos. El plazo de ejecución contemplado en el anteproyecto era de cinco años, y se tenía previsto que la construcción se iniciara en 2023.

Inicialmente, la empresa estimó que se requerían $650 millones para completar la obra y que los peajes deberían aumentar entre un 25% y 40% para afrontar la inversión.