En busca de los votos de 38 diputados para aprobar el préstamo por $550 millones que permitiría construir el tren eléctrico metropolitano, el gobierno acordó someter el proyecto a la revisión de un tercer órgano independiente.

Con ese propósito, firmó un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se encargará de esa labor.

En ese proceso participarán 10 expertos, entre los que hay especialistas en materia ferroviaria, infraestructura, finanzas, evaluación económica, gestión legal y ambiental. Ellos trabajaron en proyectos ferroviarios en ciudades como Bogotá, Quito, Lima y Panamá.

De acuerdo con Elizabeth Briceño, presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), esas labores también servirán para optimizar la solución planteada por la firma ferroviaria española IDOM, encargada de elaborar la factibilidad del plan.

“Este acuerdo de cooperación es relevante en el proceso del proyecto del tren eléctrico, porque a partir de los elementos que sugiera el BID, se incluirán mejoras en los términos definitivos de la estructura, en el cartel y en el contrato de licitación”, afirmó Briceño.

La falta de revisión de los estudios por parte de un ente que no esté involucrado en el plan del tren eléctrico, es una de las principales críticas de sus detractores.

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Entre ellos, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), así como diputados de diversas bancadas, quienes aducen que, aunque no es la práctica en obras de infraestructura en nuestro país, debería someterse a revisión de pares debido a la inversión que se necesitaría.

Dicho proyecto, valorado en $1.550 millones, sería la principal concesión de obra pública en nuestro país, por encima de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), inaugurada en 2019.

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Hasta entonces, el plan del tren eléctrico recibió el visto bueno del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán), de la Unidad Ejecutora del Incofer, y de un panel de expertos contratados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

No obstante, todos esos entes están involucrados en el proyecto. El BCIE será quien aportaría el financiamiento de $550 millones para su construcción.

La primera dama, Claudia Dobles, también señaló que ese análisis adicional buscará disminuir el costo global de la obra.

“Este apoyo técnico que se anuncia es resultado de un ejercicio de escucha, ante la solicitud de tener una revisión técnica independiente que permita tener opciones de mejora, bajar costos y disminuir la inversión del proyecto”, aseveró.

Según Rodolfo Méndez, jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el trabajo del BID también permitirá acoplar las rutas de autobuses al tren de pasajeros, para reacomodar el transporte público.

“Esta cooperación será fundamental también para el análisis del sistema integrado de transporte público, especialmente de la interacción del tren eléctrico con la implementación gradual del programa de sectorización de autobuses”, expresó.

Falta de consenso

En el periodo de sesiones extraordinarias de agosto, en el cual el gobierno domina parte de la agenda legislativa, el Poder Ejecutivo decidió no convocar el préstamo por $550 millones con el BCIE.

Briceño alegó que la agenda de iniciativas convocada se concentraba en atender la pandemia del nuevo coronavirus. No obstante, también reconoció falta de consenso con los diputados, así como la necesidad de atender dudas y críticas contra el proyecto.

Para que el plan avance, se necesita al menos un dictamen de minoría en la Comisión de Infraestructura, donde se conoce el expediente del crédito del BCIE.

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Luego pasaría al plenario. Ahí el gobierno necesitará el voto de 38 diputados para obtener el financiamiento que le permita construir el sistema de transporte público sostenible.

De no conseguirse los recursos, el plan sería archivado pues, aunque se podría construir sin la inyección inicial, los aportes estatales anuales incrementarían en decenas de millones.

Como está formulado el plan actualmente, para mantener una tarifa socialmente aceptable de unos ¢600 por línea, el Estado tendría que pagar unos $95 millones anuales.

No obstante, el gobierno anunció su anuencia a reducir ese costo mediante una revisión y optimización de la propuesta actual.

Según los estudios de factibilidad, con los cuales el gobierno impulsa el proyecto, el tren eléctrico movilizaría a 200.000 personas cada día entre semana.

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El tren recorrería 15 cantones metropolitanos a lo largo de 84 kilómetros de vía férrea, distribuida en cinco líneas operativas.

Todo el recorrido se construiría sobre el derecho actual del tren, por lo que se reducen los costos de expropiaciones de terrenos.