Glenda y Luisa, las dos grúas compradas por Japdeva en 2015 para, supuestamente, devolverle vida a la entidad portuaria, están muy lejos de lograr ese objetivo.

Más bien, desde su llegada desde China en 2017, antes que generar ganancias, provocan pérdidas por ¢910 millones al año, lo cual agrava la crisis financiera que enfrenta la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de la entidad, reconoció a La Nación que estos equipos para cargar y descargar contenedores desde los barcos producen ingresos por ¢870 millones, pero al mismo tiempo generan gastos operativos por ¢1.785 millones anuales, derivados, principalmente, del pago de salarios de los operadores, suministro eléctrico y mantenimiento.

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Japdeva tiene que desembolsar ¢325 millones anuales en salarios a los 10 operadores de grúas (cada uno cuesta un promedio de ¢2,7 millones por mes) y ¢40 millones por mantenimiento.

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Además, cada mes deben pagar ¢9,1 millones al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por el suministro eléctrico para el funcionamiento de las dos grúas.

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Incluso, la operación es tan deficitaria que llegaron a acumular recibos de electricidad hasta por 17 meses; es como si una familia no pagara sus facturas eléctricas por casi año y medio.

“Usted me pregunta si las grúas están subutilizadas. Yo tengo que decirle que las grúas están totalmente subutilizadas y nos generan pérdidas, ahí están los números que para mí son preocupantes”, dijo.

Muy lejos quedó aquel 29 de agosto de 2017, cuando en un ambiente festivo, se recibieron las enormes grúas tipo Post-Panamax, valoradas en ¢10.400 millones.

En aquel momento, los aparatos fabricados por la empresa Sany Heavy Industry fueron bautizados como Glenda y Luisa en honor a trabajadoras portuarias. Decenas de empleados aplaudieron el momento en que llegaron a Moín, en Limón, y dos pastores lanzaron sus bendiciones.

Incluso, hace tres años, el 5 de marzo del 2018, la entonces presidenta ejecutiva de Japdeva e impulsora de la compra, Ann McKinley, las ponía a funcionar con la promesa de descongestionar los muelles.

“La decisión de adquirir estos equipos, recae en la urgencia de disminuir la elevada congestión que presentan nuestras terminales, congestión que se traduce en atrasos en la operación y altos costos para los importadores y exportadores, costos que estarían pagando los consumidores finales”, afirmó Mc Kinley ese día.

Según ella, la maquinaria convertiría al puerto de Moín en un muelle especializado en carga mixta y evitaría el cierre de Japdeva ante la entrada en operación de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), en manos de la holandesa APM Terminals.

No obstante, la realidad es muy distinta.

APM, que entró a operar en febrero de 2019, absorbió el 79% de la carga.

Actualmente, Japdeva está en riesgo de colapsar, pues sus ingresos no le alcanzan para sostener operaciones y se le agotaron las posibilidades de créditos de otras entidades públicas.

Tiene 510 empleados cuando deberían ser 275. Sin embargo, no pudo continuar porque el mismo Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap), embargó las cuentas bancarias.

Subutilizadas

De acuerdo con certificaciones de la Junta, cada grúa puede movilizar hasta 30 contenedores por hora, es decir, si funcionaran ocho horas al día, cinco días a la semana, serían 1.200 movimientos.

Sin embargo, en enero pasado, entre los dos equipos, solo movieron 1.865, es decir, un promedio de apenas 60 contenedores por día.

Esta situación y la crisis financiera de la institución, obligan a considerar otros futuros para Glenda y Luisa.

Centeno adelantó que esperan un informe de la Auditoría Interna y dos del departamento Financiero relacionados con la actualización del valor de los activos de la institución, la estructura de costos y la depreciación de equipos para tomar decisiones sobre el futuro de la maquinaria.

“Eso es lo que me ha tocado a mí, pedirle estudios a Auditoría Interna, pedirle estudios a Financiero y reportes a todo mundo para calcular el uso del equipo, si dejan (ganancias) o no dejan, e intentar modificar tarifas si es por ahí la vía, eso es una discusión interesante”.

Japdeva cobra $64 por el movimiento de cada contenedor, pero ese importe no se actualiza desde 2011.

La situación es tan grave que la entidad ha valorado vender las grúas u ofrecerlas como garantía para obtener más créditos y así mantenerse a flote.

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“Todas las opciones han estado sobre la mesa. Cuando uno no tiene cómo pagar la quincena que viene se explora todo y, además, parte de lo que hemos dicho como Consejo Director por la grave erosión que nos hizo el embargo provocado por el Sindicato ha sido buscar un socio comercial (...) La realidad es que una alianza público-privada bien manejada podría ayudar a Japdeva a salir adelante”, agregó la jerarca.

Rechaza responsabilidad

Ann Mckinley presidió Japdeva del 2014-2018. Ella decidió comprar las grúas pese a la inminente inauguración de la TCM y, para ello, tomó los $16 millones de un fondo creado y destinado al pago de prestaciones de los trabajadores-

Ese dinero estaba reservado porque era clara la necesidad de reducir la planilla, pues la mayoría de contenedores pasarían a ser manejados por APM Terminals en su nuevo puerto.

A pesar de ese panorama, Mckinley siguió adelante con la adquisición.

De acuerdo con el expediente de la contratación –en poder de La Nación– la compra se basó en cálculos hechos en 2014 por José Aponte Quirós, gerente portuario; Luis Vargas Araya, director de Ingeniería; Nolan Scott Tadd, jefe de la División de Maquinaria; y Douglas Pinnel Ramírez, jefe de equipo pesado.

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Ninguna de esas personas permanece en Japdeva porque se acogieron a la jubilación anticipada o traslados a otras instituciones públicas para reducir el costo de su planilla.

Según documentos firmados por esas cuatro personas, cada grúa tendría una demanda anual de 99.500 contenedores, pero en 2020, entre las dos, solo movieron 22.500, aproximadamente, un 11% de la proyección hecha en 2014.

¿Por qué hicieron esos cálculos si se sabía que la carga pasaría a la TCM? ¿Fue una compra precipitada o equivocada?

“No, no, no lo fue, para nada, decir eso sería muy irresponsable”, contestó Mckinley al ser consultada sobre el tema este viernes 5 de marzo.

Afirmó que no puede referirse a las estimaciones hechas en 2014 porque transcurrieron varios años y no recuerda los detalles.

“Yo tendría que revisar el expediente, tendría que revisarlo, estamos hablando que han pasado varios años y tendría que revisar para refrescar los números”, enfatizó la exjerarca de Japdeva.

Mckinley criticó que la administración actual de Japdeva no busque nuevos negocios para explotar toda la capacidad de las grúas. Al consultarle qué opciones vislumbra ella, respondió que cruceros es una opción.

Al cuestionarle que los cruceros no tienen relación con el uso de las grúas indicó que no podía continuar la entrevista porque debía entrar a una reunión; ofreció devolver la llamada más tarde, pero no lo hizo.

Investigación

Eduardo Cruickshank, presidente del directorio legislativo y congresista por la provincia de Limón, reprochó la compra de las grúas y aseguró que la Contraloría General de la República debería abrir una investigación para determinar si los funcionarios involucrados en la transacción cometieron irregularidades.

“He hablado de ese tema en varios controles políticos y he dicho que fue un desperdicio de recursos comprar esas grúas sabiendo que se iba a perder el 90% o más de la carga (...) Me parece que es un tema que tiene que ser investigado por la Contraloría General de la República y las autoridades judiciales porque fue una compra inoportuna”, declaró el diputado.

Un agravante para el limonense es que se tomaran los recursos reservados para el pago de las prestaciones para traer esa maquinaria.

“Se debe hacer una investigación porque los dineros que se tomaron para comprar esas grúas estaban destinados a cancelar las prestaciones laborales relacionadas con la reestructuración de Japdeva y al día de hoy hay personas que no han recibido sus prestaciones porque no hay recursos”.

Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de Japdeva, aseguró que esperan los análisis de la Auditoría Interna para tomar decisiones.

“Sobre si se investiga o no, lo que quisiera dejar claro en este punto es que yo necesito datos; datos que no se habían recopilado y datos que bajo la realidad de Japdeva me permitan elevar el asunto al Consejo Directivo y decirles: ‘vean lo que está pasando con las grúas’”, concluyó la funcionaria.

*Nota del editor: Esta información fue actualizada a las 8:12 a. m. para precisar la tarifa cobrada por Japdeva para el movimiento de contenedores.