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El proyecto hidroeléctrico El Diquís que el ICE impulsa desde hace más de una década en Buenos Aires de Puntarenas ahora cambia de fecha y también de objetivos.
Inicialmente, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) proyectaba ponerlo en operación para el 2026, según el Plan de Expansión de la Generación Eléctrica (PEG) 2016-2035, para poder atender el crecimiento en la demanda y ayudar al desarrollo de esta parte de la zona sur.
Ahora, el plan es encenderlo en el 2030 y convertirlo en una "gran batería" a disposición de los países centroamericanos.
Así lo declaró Javier Orozco, director de Planificación y Desarrollo Eléctrico del Instituto la noche del miércoles, al término de un debate que organizó Lead University sobre la apertura del mercado eléctrico local.
Cumplidos siete años de parálisis del proyecto (y 20 desde su concepción), el ICE insiste en la necesidad de la planta de 650 megavatios (MW) cuyo costo se estimaba en $3.694 millones a diciembre del 2015.
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Esa capacidad instalada es el doble de la que tiene la planta Reventazón, en Siquirres de Limón, inaugurada en setiembre de 2016.
No obstante, Orozco admitió que por ahora El Diquís no es necesaria ante la caída en la demanda de electricidad percibida desde hace varios años. El consumo interno creció apenas 0,89% en el último año con corte a enero, según datos del Centro Nacional de Control de Energía (CENCE).
“Construir una planta adicional hoy, no importa si es pública o privada, lo único que producirá es que sobre", afirmó Orozco.
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Ante la situación, dice el funcionario, el ICE ya no considera la megaplanta tan importante para generar energía interna, sino por su valor estratégico al tratarse de "una gran potencia de generación junto a un gran embalse".
"Es la gran batería que va a tener el sistema eléctrico centroamericano para permitir la integración de fuentes renovables variables; ese es el futuro", expresó.
Aunque cambien los objetivos, serán los consumidores costarricenses los que deberán costear la obra en el pago de su factura de luz.
"Estoy mirando hacia el futuro. No justificamos absolutamente ninguna inversión para el mercado centroamericano aunque sí lo podríamos hacer si la política energética del país dictara invertir en esa línea porque es un buen negocio. Diquís se justifica por las necesidades internas”, dijo el director de Planificación y Desarrollo del ICE.
Orozco argumentó en favor de El Diquís que en las naciones centroamericanos se están instalando "grandes cantidades" de plantas basadas en fuentes limpias como luz solar y viento pero cuya disponibilidad es imprevisible por las variantes condiciones del estado del tiempo.
Sin respaldo de generación térmica o hidroeléctrica, dijo, basar el suministro eléctrico en plantas eólicas y solares podría conducir a problemas en el servicio por esa variabilidad.
"El sistema centroamericano tiene problemas de regulación en su respaldo a la vuelta de cinco años", lanzó Orozco.
El interés del ICE en esa hídrica llega en momentos cuando se critica el impacto de sus obras en las tarifas de los costarricenses.
El 6 de abril de 2017, diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa expresaron sus dudas sobre plan al presidente ejecutivo del ICE, Carlos Obregón.
Los congresistas se quejaron de que El Diquís pasó de un costo inicial de $1.402 millones en el año 2007 a uno de $3.694 millones al 2015; una diferencia a $1.915 millones más (107% de diferencia) respecto al monto original.
En Costa Rica, la matriz de generación descansa 99% en fuentes limpias (1% es con hidrocarburos) según datos del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). Del total, la producción hídrica representa 69% .
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Sin embargo, Édgar Gutiérrez, jerarca del Minae, también ha criticado la alta dependencia del país a sus plantas hidroeléctricas debido a los cambiantes patrones de la lluvias resultantes del cambio climático.
Si bien justifica la necesidad de los embalses de generación; también destaca la importancia de mayor diversidad de fuentes. La producción eólica, por ejemplo, solo representa 16% en la matriz de generación local y la solar 0,02%, revela el CENCE.
Consulta en espera
En el caso de El Diquís, ante de iniciar obras primero se debe consultar a los pueblos indígenas de la zona, pues el proyecto impactaría zonas habitadas por estas comunidades.
La consulta es obligatoria porque la planta requiere utilizar territorios indígenas protegidos por ley y por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El embalse de El Diquís anegaría 10% del territorio China Kichá (104 hectáreas) y 8% de tierras térrabas (726 hectáreas) según la Defensoría.
La petitoria permitiría completar el estudio de impacto ambiental que habría de someterse a revisión ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena). Para ello, no obstante, no hay fechas estimadas siquiera.
Apenas en enero de este año, se creó la llamada Unidad Técnica de Consulta Indígena (UTCI), una nueva oficina que estará adscrita al Ministerio de Justicia y Paz.
En adelante, si una institución del Estado quiere realizar algún proyecto que afecte a alguna de las comunidades indígenas del país deberá tramitarlo ante esa instancia.
Esta unidad será parte “fundamental” para aplicar el nuevo decreto de Mecanismo General de Consulta Indígena el cual fue aprobado en febrero entre los representantes de los ocho pueblos autóctonos y el Gobierno.
Dicho mecanismo busca hacer efectivo el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados cuando una medida o proyecto les afecte directamente sus recursos naturales, límites territoriales, viviendas o cualquier derecho cultural o humano, como el caso de la planta hidroeléctrica El Diquís.
