EscucharCircunvalación norte es un proyecto vial de 5,5 km cuya orden de inicio se dio en setiembre de 2017 con el cual se cerrará el anillo vial que rodea a San José. Es la obra en ejecución que acumula más días de atraso y por más promesas del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) de que cuatro de sus cinco tramos abrirían en mayo para comunicar la Uruca con ruta 32, ha sido imposible.
También, pese a que el director ejecutivo del Conavi, Mauricio Batalla Otárola, declaró el 4 de mayo a Diario Extra que la Contraloría General de la República dejó en manos del Consejo de Nacional de Vialidad la fijación de sanciones económicas contra el consorcio constructor H Solís (Costa Rica) y Estrella (Rep. Dominicana), la Contraloría desmintió esa versión.
“Tenemos potestad de imperio”, aseguró Batalla a ese diario, y agregó que “la administración está obligada a cobrarlas (las multas)”. Sin embargo, la Contraloría rechazó haber emitido un criterio técnico y legal en el que defina una fórmula para fijar multas contra el consorcio por supuestos atrasos.
“Este órgano contralor no se ha referido en forma reciente a la definición de una fórmula para el cobro de multas por atraso en el proyecto de Circunvalación norte, ni sobre la posibilidad de suscribir una adenda para esos efectos”, confirmó la Contraloría el 5 de mayo.
La afirmación de la Contraloría profundiza semanas de tropiezos y contradicciones por del Conavi y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
El 23 de abril, en varios medios de comunicación, Batalla declaró que la unidad funcional I (tramo de la Uruca a Quebrada Rivera, en Leon XIII) debía estar concluida en dos días. A partir del martes 25 de abril, agregó, se sancionaría al contratista con hasta $50.000 por día por “el costo país” e incluso llegó a hablar de “$4 millones por cada 2 meses de atraso”.
“Esperemos que el contratista reaccione y concentre todos sus recursos en terminar las cosas que la Administración ha venido, pacientemente, señalando”, comentó el presidente ejecutivo del Conavi en esa oportunidad.
Tras las palabras de Batalla, Luis Amador Jiménez, ministro de Obras Públicas y Transportes, reafirmó que se ejecutarían las sanciones.
“A partir del martes (25 de abril) empiezan multas diarias. Ya lo van a ver”, dijo el jerarca frente a la prensa. Sin embargo, el 26 de abril, el ministro rectificó señalar que el Conavi lo “embarcó”. Agregó estar a la espera de documentos para determinar si se pueden aplicar penalidades o no.
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Desde la semana pasada, La Nación envió una lista de consultas a Batalla, pero al cierre de esta información no había contestado. También se le enviaron mensajes de texto y se reiteraron las preguntas con su equipo de prensa este lunes 8 de mayo, pero tampoco hubo respuesta.
La unidad funcional I, tramo de la Uruca a Quebrada Rivera, en Leon XIII, en la que Conavi y el MOPT pretenden cobrar multas, el avance es de 97%, según cifras oficiales.
La unidad funcional IV (del Triángulo de la Solidaridad a la intersección con la ruta 32) tiene un avance del 99%.
Por su parte, la unidad funcional II (de Quebrada Rivera a Colima) y la unidad funcional III (de Colima al Triángulo de la Solidaridad) tienen 100% de avance y la unidad funcional V (de la ruta 32 a Calle Blancos) presenta un 53% de progreso.
La construcción de esos 5,5 km empezó en setiembre de 2017 y tiene un presupuesto de construcción de $157 millones (¢85.300 millones, aproximadamente) y $6,1 millones (¢3.300 millones, aproximadamente). El crédito lo financia el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
H. Solís, la constructora costarricense en el consorcio a cargo de la vía, no quiso referirse a este tema.
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No se puede
La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), ente a cargo de supervisar la construcción de Circunvalación norte, declaró que las condiciones del contrato impiden establecer sanciones por retrasos en unidades funcionales. Las cláusulas, indicó, solo contemplan penalizaciones por atrasos en la totalidad de la obra, no en una unidad funcional o tramo.
Martín Arévalo de León, director de UNOPS en Costa Rica, indicó que un criterio legal confirmó la imposibilidad de imponer multas parciales por una o dos secciones de carretera incompletas.
“De la manera en que está conformado el contrato no se pueden hacer multas parciales (...). El convenio se firmó por una totalidad”, detalló Arévalo.
El análisis jurídico en manos de UNOPS fue elaborado por el bufete Oller Abogados. “Como nosotros tenemos el papel de supervisor y de apoyo técnico consultamos para ver cuál era la viabilidad de la misma”.
Arévalo agregó que ellos comunicaron ese pronunciamiento a las autoridades del Consejo Nacional de Vialidad desde días atrás.
No es su competencia
El 3 de mayo de 2023, en el oficio 05671, la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, rechazó autorizar la modificación unilateral del contrato de construcción de la vía de Circunvalación norte.
El argumento fue que, desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratación Administrativa, en diciembre de 2022, ese tipo de gestiones no requieren el visto bueno de la Contraloría y los cambios y sus consecuencias son responsabilidad de la Administración.
En esa oportunidad, el Conavi solicitó realizar ajustes en las cláusulas relacionadas con la ejecución de la garantía de cumplimiento depositada por el consorcio Estrella-H. Solís.
El interés del Conavi, desde 2022, es abrir los tramos de Circunvalación que ya están concluidos o a punto de finalizar, pero el diseño del contrato también impide la apertura por secciones.
Por ejemplo, en junio de 2022 prometieron la apertura para diciembre de ese mismo año, pero al final eso no se cumplió.
En total, el proyecto arrastra más de 1.500 días de atraso, desde que recibió la orden de inicio en 2017.
De toda la obra, solo están habilitados 1,4 km de calles marginales que pasan debajo del viaducto.
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