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La Contraloría General de la República (CGR) determinó que el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) incurrió en riesgos importantes al brincarse etapas para apurar el proyecto del tren eléctrico metropolitano. Así consta en una auditoría publicada este lunes sobre la etapa de planificación de la obra de infraestructura.
En el documento se indica que el Instituto inició la contratación de los estudios de factibilidad del proyecto sin haber finalizado la totalidad de análisis que sustentaban la prefactibilidad del plan, lo que llevó a que no se contara con todos los resultados de una etapa como insumo para la toma de decisiones de la siguiente.
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Además, planteó un cambio técnico significativo, sobre pasar de una infraestructura en viaducto a una a nivel de la carretera, con cruces ferroviarios a desnivel, pero no “involucró” al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en la toma de la decisión ni las competencias sectoriales de la cartera en la materia.
Por ejemplo, la etapa inicial del plan proponía un tren elevado en todo su recorrido, mientras que el proyecto final contempló 84 kilómetros de extensión con algunos pasos elevados en los cruces más concurridos de las carreteras nacionales.
“En consecuencia, no todos los cambios técnicos referidos a los cruces ferroviarios a desnivel del proyecto se encuentran reflejados en los planos de la factibilidad técnica y aún no han sido resueltas las observaciones externadas en cuanto a la estimación de la demanda en función de la integración del tren eléctrico con el Proyecto de Sectorización del Transporte Público en el área metropolitana de San José. Esto es medular debido a la intermodalidad del tren con otros medios de transporte en términos de satisfacer la necesidad pública y brindar un servicio de calidad a los pasajeros”, indicó el órgano contralor.
La Contraloría también señaló que aunque el Incofer estableció un cronograma para planificar la estructuración del plan, “no se identifican actividades relativas a demostrar que la configuración final del proyecto que se defina en esta fase sigue siendo viable. Esto es crítico al considerar que se encuentra en análisis la posibilidad de desarrollar el proyecto de forma total con la ejecución simultánea de todas las líneas; o por fases”.
Sobre este aspecto, el órgano fiscalizador agregó que el Instituto no ha tomado en consideración el impacto de la pandemia tanto en la demanda de los sistemas de transporte público, como en la situación fiscal de corto, mediano y largo plazo del país, “por lo que el proyecto podría no ser fiscalmente sostenible en el tiempo”.
“A su vez, no se evidencia en el referido cronograma la planificación de actividades para confirmar la modalidad idónea de contratación en el caso de continuar con el desarrollo del proyecto, y de conformidad con la distribución y asignación de riesgos para el Estado y para el privado, ni la planificación de algunas actuaciones preparatorias previstas en la normativa aplicable”, indicó.
La CRG consideró además que se reproducen debilidades de etapas previas de la preinversión, pues el cronograma no sigue un orden lógico y sucesivo, ni las actividades parecieran depender una de otra. Esta situación, dijo, dificulta asegurar un adecuado seguimiento y control de la planificación.
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Otro de los señalamientos es que todavía no se integra el proyecto al plan de sectorización del transporte público, lo que podría ocasionar un aumento en la demanda de pasajeros, estimada en 200.000 usuarios diarios entre semana. Por último, también se criticó que el Gobierno sigue sin señalar la fuente de financiamiento del subsidio anual, que rondaría entre $50 y $150 millones cuando el tren opere con sus cinco líneas.
“No se efectuó un análisis preliminar de los riesgos y contingencias fiscales del proyecto en diferentes momentos procesales de la toma de decisiones, considerando el impacto fiscal de la iniciativa, la incidencia en el cumplimiento de la regla fiscal, así como la proyección e identificación de las fuentes de financiamiento en el Presupuesto Nacional para hacer frente a las obligaciones financieras del proyecto”, advirtió.
De ahí que la auditoría concluye que es incierta la existencia de recursos para cubrir el aporte estatal, lo que puede afectar resultados y capacidad de hacerle frente a los gastos que vienen, que pondrían en riesgo incluso la sostenibilidad fiscal.
Frente a todos estos señalamientos, el Incofer alegó que el proyecto cuenta con “estudios sólidos”, pero aseguró que acogerá las observaciones del órgano fiscalizador para “fortalecer procesos”. Entre esas recomendaciones, que son vinculantes, se ordenó al Instituto ajustar su cronograma de planificación de estructuración con actividades y coordinaciones que contemplen puntos de control de la iniciativa para su continuidad.
“De igual forma, en caso de confirmarse la viabilidad del proyecto, deberá actualizar, según corresponda, el análisis preliminar de riesgos y contingencias fiscales y los estudios para confirmar la modalidad de contratación administrativa idónea para desarrollar el proyecto. Adicionalmente deberá oficializar un instrumento que regule la gestión integral de las etapas de la fase de preinversión”, indicó el documento.
En declaraciones a La Nación, la presidenta ejecutiva de Incofer, Elizabeth Briceño, negó que el Instituto se haya brincado alguna etapa o control del proyecto. “Lo que sucedió es que, habiéndose cumplido con todas las etapas, la actualización de la etapa de prefactibilidad en el sistema del Banco de Proyectos de Inversión Pública en Mideplán (Ministerio de Planificación), se hizo posterior.
“Todos los recibidos conformes están cronológicamente como corresponde, cumpliendo a cabalidad con la normativa estipulada en la Guía Metodológica de Mideplán por la cual debía orientarse la elaboración del proyecto, como en efecto se hizo”, aseveró la jerarca.
Mandatario heredará proyecto
El presidente de la República, Carlos Alvarado, manifestó, a inicios de este mes, que su administración dejará listo el plan para construir el tren eléctrico, para que el siguiente gobierno empiece a construir la obra pública bajo la figura de concesión. El mandatario aseguró que los diputados que se oponen al sistema de transporte público sostenible no quieren que la obra empiece durante su mandato.
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Incofer comenzó el pasado jueves la primera etapa para construir el tren eléctrico metropolitano, con la publicación del cartel de precalificación, dirigido a potenciales oferentes de la concesión. Esta etapa de precalificación tiene el objetivo de hacer una valoración de los eventuales interesados en el proyecto, para lo cual se tomará como parámetro la experiencia técnica, financiera y disponibilidad de la empresa.
La obra tendría un costo cercano a los $1.550 millones, de los cuales el Estado haría un aporte inicial de $550 millones, a través de un préstamo aprobado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Fondo Verde del Clima de Naciones Unidas. Sin embargo, ese dinero podría perderse si la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa no dictamina el proyecto de ley antes del 1.° de noviembre.
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