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Japdeva acumuló su cuarto año consecutivo de resultados financieros negativos, al reportar una pérdida de ¢3.146 millones en 2018, según constan los estados financieros de la empresa estatal.
A esto se suma que la institución portuaria proyectó un menor impacto económico, en comparación con la realidad que enfrenta desde la entrada en operación plena de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), que recién inauguró, el 28 de febrero anterior, el segundo puesto de atraque para buques portacontenedores.
La combinación de ambas variables y de la falta de ejecución de planes para diversificar los negocios de la institución, provocaría que la entidad portuaria limonense entre en quiebra técnico en abril.
Es decir, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) empezaría a incumplir sus obligaciones financieras ante la baja considerable de ingresos.
Estos razonamientos se los comunicó la junta directiva de la empresa portuaria estatal al presidente de la República, Carlos Alvarado, mediante una carta emitida el 8 de marzo.
“Para el mes de abril del año en curso no se tendría la capacidad financiera para garantizar la continuidad de los servicios públicos portuarios, la gestión del desarrollo, el pago de salarios, cargas sociales y demás obligaciones”, advierte la misiva firmada por la secretaria general de Japdeva, Joyce Gayle Thompson.
Más allá de las pérdidas financieras reportadas desde 2013, la junta directiva de Japdeva responsabiliza al rector portuario , el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), de la baja en los ingresos en la institución, por una supuesta mala programación y distribución de las embarcaciones entre el muelle estatal y la terminal portuaria, administrada por APM Terminals.
“El tema es derivado de la contratación que se hizo oportunamente con APM, cualquier consecuencia que puedan sentir nace desde entonces y esas consecuencias eran bien sabidas por los entes involucrados, no es un tema que surge hoy”, alegó el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, sobre los señalamientos de Japdeva.
Lo que dice el contrato y lo que no se ha hecho
El contrato de concesión establece que la Terminal de Contenedores de Moín atenderá los buques tipo fully-cellular, es decir, embarcaciones exclusivas para la carga de contenedores en celdas. Los clientes con otro tipo de buques tendrán que cargar o descargar sus mercancías en el muelle público, que administra Japdeva.
Entre estos últimos se encuentran los convencionales, graneleros, embarcaciones que transportan vehículos, e incluso algunos con combustibles.
“Estas decisiones están provocando pérdidas económicas al disminuirse los ingresos corrientes de Japdeva, señor presidente. APM Terminals está atendiendo buques no fully-cellular y eso es ilegal”, aseguró Gayle en la misiva enviada al mandatario Alvarado.
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A pesar de que desde el 2011 se conocía que la Terminal de Contenedores de Moín acapararía el negocio de carga y estiba de contenedores de Japdeva, y que la institución estatal debía diversificar sus negocios para evitar este escenario, el muelle estatal todavía no puso a operar ninguno de los planes propuestos, como la creación de una terminal de cruceros.
“Vamos, de todos modos, con propiedad y seriedad a analizar las posiciones, este es un tema de interés nacional; no obstante, esos proyectos debieron encaminarse antes porque este tipo de contratos tienen esas consecuencias”, señaló Méndez Mata.
Empleos, movimientos y liquidaciones
Con el objetivo de evitar despidos de personal en Japdeva, a raíz de la inminente pérdida de carga comercial por la entrada en operación de la TCM, el presidente Alvarado firmó en agosto anterior una directriz para mover empleados a otras instituciones públicas.
Para este punto, en el que Japdeva ya perdió el 70% de la carga comercial, unos 600 trabajadores tenían que ubicarse en otras entidades con el plan elaborado por el Gobierno; sin embargo, hasta el momento ningún empleado se ha acogido a los llamados traslados horizontales.
Empero, la Junta Directiva también responsabiliza al Ejecutivo del posible recorte de personal en la entidad portuaria.
“Si usted señala reiteradamente que no se darán despidos y que toda la atención de barcos a partir de este momento lo debe hacer la TCM, dejando a Japdeva sin opción de generar ingresos al quitársele el 70% de la carga (...) usted señor presidente está despidiendo a los funcionarios de Japdeva”, señala la misiva enviada por la Junta Directiva.
Actualmente la planilla de Japdeva está conformada por 1.200 trabajadores. La institución tuvo que destinar el 66,5% de su presupuesto en remuneraciones en 2018, cerca de ¢30.000 millones.
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De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, hay más de 200 trabajadores interesados en la posibilidad de obtener un trabajo en otra entidad estatal; no obstante, ninguno de ellos ha sellado su traslado.
Aunque el presidente Carlos Alvarado asegura que todavía no se está pensando en despedir trabajadores de Japdeva, aseguró que el dinero para las posibles liquidaciones tendría que financiarse mediante deuda pública, debido a que la entidad portuaria no cuenta con los recursos.
Esos fondos se dejaron previstos desde que se firmó el contrato de concesión de la Terminal de Contenedores, pues en ese entonces, se calculaba que Japdeva tendría que desprenderse de 900 trabajadores; pero el dinero se utilizó durante la administración de Luis Guillermo Solís para la compra de dos grúas post-panamax y otras herramientas portuarias.
Con la pérdida del 70% de la carga comercial, el equipo de carga y estiba de contenedores está subutilizado en el muelle estatal.
Colaboraron los periodistas Óscar Rodríguez y Juan Fernando Lara.
