La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) está a la espera de que el Juzgado de Trabajo de Limón levante el embargo de sus cuentas bancarias, para reactivar los recortes de personal.

En la lista de salida están unos 80 trabajadores cuyas labores serían tercerizadas, mediante la contratación de una cooperativa conformada por excolaboradores de la entidad portuaria. Ellos, precisamente, se asociaron para vender servicios a Japdeva y otras empresas.

Ese recorte de personal, sin embargo, no evitará que la institución vuelva a solicitar un nuevo rescate financiero al Estado, según explicó la presidenta ejecutiva de Japdeva, Andrea Centeno. La jerarca fue enfática en que el daño ocasionado por el embargo “ya está hecho”.

“La erosión que causó el no poder hacer la reducción de planilla en un año, nos mantuvo con una planilla del doble del personal que podíamos tener, según el programa de reestructuración. Además, no nos permitió hacer las contrataciones de servicios tercerizados, a un costo más eficiente.

“Eso significa que durante un año hemos gastado muchísimos más recursos de los que se podía para encaminarse a la recuperación. Ahora, aunque estemos recuperando y tengamos que volver al proceso de reducción de planilla, el daño ya está hecho, la erosión financiera está hecha y nos va a pasar la factura”, afirmó Centeno.

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En mayo de 2020, el Juzgado de Trabajo de Limón embargó las cuentas de la Junta con ¢5.740 millones debido a un reclamo laboral presentado por el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap). A partir de ese momento quedó varado el proceso de restructuración.

Antes del embargo, Japdeva se había desprendido de unos 700 empleados con un programa que incluía traslados a otras instituciones públicas y un sistema de prejubilación para empleados mayores de 55 años. También se ofrecieron bonos de hasta ocho salarios adicionales a quienes aceptaban el cese laboral.

El problema es que, con el embargo de cuentas, la entidad se quedó con 510 empleados, cuando en estos momentos debería estar funcionando con 275.

Con el nuevo auxilio financiero que pedirán al Estado se liquidaría a otros 155 empleados.

Al mismo tiempo, dijo la jerarca, buscan opciones para mantener operativa la empresa estatal, es decir, evitar el cierre.

“El Poder Ejecutivo está informado y comprende lo complicado que puede ser un proceso de cierre, que no es tan sencillo como mucha gente piensa, así que el compromiso de reestructurar Japdeva se mantiene. Hay muchas alternativas sobre la mesa que se están volviendo a discutir, dadas las condiciones la institución, nuevamente agravadas por esto.

“Hay propuestas de alianzas público-privadas, pero el proceso de transformación hay que hacerlo, hay que seguir con el plan aunque podría sufrir alteraciones, dependiendo de las rutas adicionales que se puedan tomar”, manifestó Centeno.

En marzo pasado, La Nación dio a conocer que el Gobierno ofreció alquilar una parte del muelle público Gastón Kogan de Moín, propiedad de la Junta, a la empresa APM Terminals, que opera el megapuerto de Moín.

Estado de las cuentas

A pesar de que el Juzgado de Trabajo de Limón acogió, en octubre de 2020, una apelación interpuesta por Japdeva contra el embargo de sus cuentas bancarias, la entidad sigue sin poder usar esos fondos.

Al conocer el fallo, Sintrajap acudió ante la Sala Segunda para impugnar la decisión que liberaba los fondos, gestión que fue rechazada en marzo.

No obstante, según Centeno, todavía faltan trámites judiciales para que efectivamente puedan acceder a esos recursos.

“El Juzgado de Trabajo de Limón nos dijo que necesitaba el documento impreso, enviado por Correos de Costa Rica, de parte de la Sala II. Entonces hubo que esperar a que lograra el envío.

“Todavía seguimos embargados, porque el Juzgado debe recibir el documento, estudiarlo y emitir su resolución. Posteriormente, se tiene que notificar a los bancos”, explicó Centeno.

Una vez que la Junta reciba la notificación de las entidades bancarias, la empresa estatal debe presentar un presupuesto extraordinario ante la Contraloría General de la República (CGR) para poder usar los recursos que estaban congelados en sus cuentas.