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Mediante un criterio enviado a la Asamblea Legislativa, Japdeva pidió a los impulsores de la construcción del “Gran Parque de Diversiones del Caribe” demostrar con estudios técnicos la rentabilidad del centro turístico.
Del mismo modo, la entidad recordó que todos los proyectos postulados por gobiernos locales, organizaciones y habitantes limonenses, deben someterse a una metodología de evaluación creada por el Ministerio de Planificación (Mideplán), para justificar el financiamiento de las obras con los fondos públicos dirigidos a la provincia.
La posición de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) coincide con el criterio de la Contraloría General de la República, que en otro pronunciamiento señaló la falta de estudios en la propuesta que impulsa el presidente legislativo, Eduardo Cruickshank, junto a sectores económicos, laborales y sociales de Limón.
“Japdeva considera indispensable que el proyecto sea presentado por los postulantes, según los mecanismos y metodologías existentes, en pro, además, de la igualdad de condiciones entre las instituciones, comunidades y ciudadanos que han elevado a Japdeva iniciativas para el desarrollo de Limón.
“Adicional a lo anterior, y tal cual ha sido el caso de otras iniciativas, es igualmente necesario que se desarrollen estudios de prefactibilidad y factibilidad que determinen la viabilidad de esta propuesta y, por ende, la correcta utilización de los recursos públicos generados por el canon.
“Reiteramos que ejemplo claro de la necesidad de estos análisis para todo proyecto son el caso de la terminal de cruceros y marina, y del parque industrial. Ambas iniciativas propias de Japdeva, de interés público y que están siendo conducidas precisamente por el debido proceso para determinar su viabilidad”, afirmó la entidad portuaria.
El Consejo Directivo de la Junta también advirtió a los diputados de que aprobar la iniciativa pasando por alto el proceso de evaluación, desvirtuaría el rol de la empresa estatal en el desarrollo de la provincia, al tiempo que abriría un portillo para que otras propuestas evadan la metodología que justifique su financiamiento.
El proyecto de ley presentado por Cruickshank, diputado limonense del Partido Restauración Nacional (PRN), propone la creación de una asociación que, con el 20% de los recursos del canon del megapuerto disponibles al momento de la aprobación de la ley, construiría y administraría el “Gran Parque de Diversiones”.
De aprobarse hoy en el Congreso, se girarían cerca de $7,2 millones para el centro recreativo. Ese monto, sin embargo, está en constante cambio pues las cuentas crecen cada mes por la operación del megapuerto, o por el contrario, podrían bajar si se destinan recursos a otros proyectos.
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En declaraciones a La Nación, el congresista señaló que posterior a la aprobación de dicha iniciativa, se empezarían los estudios pertinentes.
“El Parque de Diversiones (en San José) nació a la vida jurídica mediante la Ley 5839. En ese caso, no se exigieron estudios avanzados para la aprobación de la ley. Esto es así, porque la decisión de la Asamblea Legislativa constituye la aprobación política para realizar o no el proyecto.
“En caso afirmativo, se inician todas las demás fases de la vida del proyecto, entre ellas la pre y factibilidad”, argumentó Cruickshank.
La iniciativa también establece, sin mayor precisión, que la Junta aportaría uno de sus terrenos para la construcción del centro turístico.
La empresa estatal cuenta con terrenos cercanos a la ciudad de Limón, así como otras propiedades en la provincia.
No obstante, el Consejo Directivo de la entidad portuaria advirtió de que, al no existir ningún estudio de factibilidad, no ha analizado en cuál terreno podría desarrollarse el parque, que, además, sería acuático.
“Es importante señalar que varios de los terrenos de Japdeva tienen vocación de uso portuario y por ende no serían sujeto de ninguna actividad ajena a ello”, comunicó a los diputados.
Los señalamientos del órgano contralor y de la autoridad portuaria, sin embargo, contrastan con las peticiones de grupos limonenses, quienes buscan que el presidente de la República, Carlos Alvarado, dé su apoyo al proyecto.
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Con ese fin, cámaras empresariales, asociaciones y sindicatos de trabajadores enviaron una carta al mandatario.
Con el apoyo de otras organizaciones nacionales, los grupos también piden a los diputados de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que conoce el plan, que voten favorablemente la iniciativa.
En este bloque figuran la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Limón, la Federación de Cámaras (Fedecámaras), Fedecaribe, el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap), el Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (Sitrapequia), el Sindicato de la Municipalidad de Limón, la Federación de Trabajadores Limonenses (Fetral) y la Universal Negro Improvement Association (UNIA).
“Lo visualizamos como un parque acuático, al estilo Xcaret en Cancún, operando bajo una alianza público privada. Podría ser el motor del desarrollo turístico de Limón y convertir a la provincia en un destino turístico de clase mundial.
“Tiene todo el potencial de ser el detonante de nuevas inversiones en infraestructura y el nacimiento de cientos de empresas relacionadas que generarían miles de empleos”, aseveró Rubén Acón a los diputados de la Comisión, en calidad de presidente de Canatur y de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Limón.
Los seis alcaldes limonenses, por su parte, son claros en que el plan no debe aprobarse y así se lo hicieron saber a los legisladores. Para ellos, avalar que mediante una ley se habilite el uso del Fondo de Desarrollo Regional para un proyecto, pone en riesgo “el interés público y general”.
El canon de megapuerto dispone, a la fecha, de $26,8 millones, provenientes del 7,5% de los ingresos netos mensuales de APM Terminals, por la operación del megapuerto de Moín.
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