EscucharEl sábado 2 de julio del 2022, a las 6 a. m., casi 12 horas después de que la tormenta tropical Bonnie atravesara Costa Rica, el aeropuerto Daniel Oduber Quirós, en Liberia, Guanacaste, reabrió sus operaciones con normalidad en el horario que usualmente se habilita la pista aérea. La infraestructura había sido inspeccionada previamente por un ingeniero civil para descartar cualquier afectación.
La noche de este lunes 27 de mayo, ante la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa, Silvia Jiménez, jefa de aeropuertos de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), presentó un informe detallado sobre las inspecciones realizadas antes, durante y después de la tormenta tropical. Tanto el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) como la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) atribuyeron el deterioro en la pista a ese fenómeno climatológico para justificar una millonaria contratación de emergencia para su rehabilitación.
El contrato se le adjudicó por ¢21.800 millones a la constructora MECO. La Contraloría General de la República no intervino para fiscalizar el proceso debido a que se usó esa figura: la de declaratoria de emergencia.
El informe de Jiménez, respaldado con registros fotográficos, mostró que los drenajes de la pista funcionaban con normalidad y que no se encontraron daños nuevos antes de reanudar operaciones. Un reporte posterior, del 4 de julio, confirmó que el aeropuerto no sufrió daños por el impacto de Bonnie.
Jiménez aseguró, además, que las estaciones meteorológicas ubicadas en la terminal aérea reportaron un máximo de 68 mm de lluvia acumulados para el 1.° y 2 de julio, los cuales no representaban registros extraordinarios, en comparación con los datos históricos de ese recinto.
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“Puedo concluir desde mi perspectiva y con la documentación que tuve a mano, que no se me reportó ningún daño producto de la tormenta, a la capacidad estructural ni a los drenajes, no se podía aseverar que la pista perdiera vida útil por la afectación directa”, expuso Jiménez.
Manifestó que toda la información recopilada tras las inspecciones y minutas de operación fue comunicada a la dirección de la DGAC, entonces, ocupada por Fernando Naranjo.
La jefa de aeropuertos expresó que esa situación la llevó a suscribir el oficio elaborado en agosto del año pasado (luego de que se anunciara la intervención vía decreto de emergencia), en el que los ingenieros de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica advertían sobre la inexistencia del nexo entre el impacto del evento climático y el deterioro de la pista.
Presiones y amenazas
Durante la interpelación, el diputado liberacionista Francisco Nicolás le preguntó a Jiménez si había percibido que Naranjo la había “superado” como jerarca de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica, al girar instrucciones directamente a los ingenieros para elaborar el cartel de licitación para la rehabilitación de la pista. Jiménez respondió afirmativamente. Añadió que, aunque esto ya había ocurrido en otras ocasiones, durante ese proceso fue más enfático.
Al ser consultada sobre las razones que motivaron esas acciones, se limitó a indicar que podía presumirlas: “En una sociedad donde la mentira se normaliza, el decir la verdad a veces se penaliza, pasé por ahí”.
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Posteriormente, los legisladores le consultaron si había sentido represalias o rechazo por manifestar su oposición al arreglo de la pista vía decreto ejecutivo. La jefa de aeropuertos respondió afirmativamente. Aseguró que fue víctima de las “típicas estrategias”, que incluyeron desde comunicaciones hostiles, separación de temas que eran propios de su cargo y hasta se le llegó a “proponer” separarla del puesto.
Esa amenaza, dijo, fue realizada por Naranjo en una reunión a la que fue citada expresamente para eso, debido a la existencia de “varios puntos de discordancia” entre la línea administrativa y su accionar.
El 8 de abril, ingenieros a cargo de Jiménez acudieron a la misma comisión y ratificaron que el daño en la pista se debía a sobrecarga y saturación de los elementos hidráulicos, no al impacto de la tormenta. Revelaron que en 2022 ya se había advertido sobre los riesgos de no intervenir la pista y existían informes técnicos previos sobre el deterioro de esta.
Las advertencias fueron ignoradas por la Dirección de Aviación Civil y el entonces jerarca del MOPT, Luis Amador. Los ingenieros aseguraron haber recibido presiones de Amador y Naranjo para certificar el daño como consecuencia de la tormenta.
El 12 de marzo, el presidente Rodrigo Chaves destituyó a Amador y Naranjo por supuestas irregularidades en el proceso de contratación. Sin embargo, Chaves señaló que las inconsistencias estaban relacionadas con un requisito “a la medida” para favorecer a la empresa adjudicada, y no con la inclusión del arreglo como parte de la emergencia por la tormenta Bonnie. Este argumento fue rechazado por los ingenieros de Aviación Civil y la jefa de aeropuertos en sus respectivas audiencias ante la Comisión de Infraestructura.
Chaves también exoneró a la CNE de cualquier responsabilidad en el contrato de MECO. Aunque la adjudicación a esa empresa, dijo, resultó ¢1.000 millones más cara que la ofertada por Consorcio Pedregal, argumentó que no se anularía debido a que es urgente reparar la pista.
