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Mientras el futuro de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) se mantiene en el aire, su presidenta ejecutiva apunta al Sindicato de Trabajadores (Sintrajap) como uno de los responsables del fracaso del plan de rescate de la institución.
Andrea Centeno, comunicadora nombrada por Presidencia el 26 de marzo de 2019, con el objetivo de transformar la empresa estatal, no duda en asignar “una muy alta” cuota de responsabilidad a la organización sindical por el presente de la entidad portuaria.
“Yo le doy una alta responsabilidad al sindicato de lo que nos pueda pasar”, expresó Centeno, quien asumió la entidad en medio de la crisis. Su antecesor, Greivin Villegas, fue destituido luego de manifestar que la institución se dirigía a una quiebra técnica.
Le achaca a los sindicalistas entorpecer los recortes de personal, necesarios para subsanar las finanzas, al interponer una demanda laboral con la solicitud que se congelaran las cuentas bancarias de la institución, precisamente que guardaban los fondos para pagar las prestaciones.
Aquella acción legal frenó los ceses de funcionarios durante todo un año, ante la falta de recursos para pagar prestaciones. Por ello, la entidad portuaria tuvo que seguir pagando los salarios de unos 500 trabajadores, cuando la institución solo podía sostener las remuneraciones de unos 275.
Ahora que el Juzgado de Trabajo de Limón liberó el embargo de las cuentas, la entidad portuaria podrá sufragar la salida de unos 140 empleados, pero el daño financiero “ya está hecho”, según ha reiterado la jerarca.
La entidad terminará de consumir sus últimos recursos en cuatro meses. El futuro de la Junta es incierto y depende también de la decisión que tome Presidencia.
“Puede ser que este proceso tuviera áreas de mejora, que se haya hecho de una forma muy rápida, pero porque teníamos una institución sangrando. Esa es la descripción que yo hago. Y un fenómeno que se dio de forma que tuvo preparación para ello en los años anteriores.
“Pero ciertamente el embargo del sindicato viene siendo la peor crisis que ha tenido la organización en un momento donde estaba muy débil. Yo le doy una alta responsabilidad al sindicato”, manifestó Centeno.
Antonio Wells, secretario general de Sintrajap, no dudó en desprenderse de la cuota de responsabilidad asignada por la jerarca de la institución. “Que cada quién aguante sus propios muertos”, expresó.
El limonense ha sido muy crítico de la labor de Centeno en la búsqueda de nuevos negocios, que permitan a la institución continuar operando sin realizar nuevos recortes de personal. Incluso, el sindicato ha ejercido algunas acciones administrativas para intentar sacar a Andrea Centeno del cargo.
La responsabilidad que Centeno le achaca, Wells la traslada al presidente de la República, Carlos Alvarado, y al ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, quienes, según dice, han actuado de forma arbitraria para favorecer a APM Terminals, concesionaria del megapuerto de Moín.
“Eso es totalmente mentira (sobre la supuesta responsabilidad del sindicato), como lo he dicho en el pasado. Eso es demostrar incapacidad, que usted tenga 10 puestos de atraque, equipo, infraestructura y personal y no poder mercadear el puerto…
“La culpa la tiene el Gobierno de Carlos Alvarado y Méndez, cuando vía oficio del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) le ordena a Japdeva que entregue las cargas, cuando sabemos claramente que APM venía para manejar solo los barcos tipo fully-cellular container, que eso era lo que estaba en el contrato, pero al final enviaron hasta los barquitos chiquiticos.
“Entonces, cómo la responsabilidad va a ser de Sintrajap, si nosotros estamos para defender los derechos de la clase trabajadora. De ahí no nos vamos a apartar nunca”, expresó Wells.
En enero pasado el Tribunal Contencioso Administrativo rechazó una demanda de ese sindicato y del diputado del Frente Amplio, José María Villalta, por el envío de buques portacontenedores a la terminal concesionada.
