El ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez dijo no estar convencido de la viabilidad del Tren Rápido de Pasajeros que impulsó el gobierno anterior, cuyo costo superaría los $1.400 millones.
Según el jerarca, ha estado analizando los estudios de factibilidad del proyecto y encontró “un montón de cuestionamientos”.
“Imagínese usted, un tren que va a 20 km/h cruzando por los principales cascos urbanos, bajando agujas y pitando y haciendo un montón de presa. Diay, yo no estoy convencido y no necesito ser experto para eso”, afirmó.
Como medida inicial, dijo, pidió a Ingeniería de Tránsito realizar una “micro simulación” en alguna de las cabeceras de la Gran Área Metropolitana (GAM) donde llegaría el tren para ver el impacto que tendría en la dinámica vehicular.
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“A la empresa que hizo los estudios no le estoy creyendo mucho, por supuesto que todos queremos un tren que le sirva a la gente, pero en este momento el tren que corre tiene un subsidio elevadísimo y eso le cuesta a los que pagamos impuestos. Lo ideal sería un tren que sea casi que sea autosostenible. ¿Podemos generar eso?, no lo sé, estamos haciendo los estudios, estamos analizando, pero lo que está hecho es un tranvía lento y a mí no me convence”, sostuvo.
El ministro insistió en que el proyecto por el cual se decante la Administración debe ser financieramente rentable y que los usuarios paguen una tarifa viable, pero esa realidad, a su criterio, dista mucho de lo presentado hasta ahora en los estudios encargados por la Administración pasada a la consultora IDOM y que tuvieron un costo de $1,1 millones.
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Dicho proyecto aspira a crear un sistema de transporte con un tren eléctrico que conecte el este y oeste de la GAM, a lo largo de 84 kilómetros y 15 cantones.
La propuesta del Gobierno era que el tren se gestione mediante una concesión a 35 años, con un aporte estatal de más de $550 millones.
El financiamiento de ese aporte provendría del Fondo Verde del Clima de la Organización de Naciones Unidas (ONU) con $250 millones, mientras que otros $300 millones los presta el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El pasado 19 de mayo, a pocos días del inicio del actual gobierno, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) anunció que ocho empresas extranjeras mostraron interés en asumir el proyecto de tren eléctrico metropolitano, con lo cual dieron por iniciado el proceso de precalificación de ofertas de cara a una eventual licitación pública internacional.