EscucharEl ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, no augura un buen futuro para el proyecto de la llamada ruta 700, que permitirá unir un tramo de la carretera a San Carlos, con la vía que comunica a Alto Sucre en Ciudad Quesada.
A pesar de que las obras para llevar adelante ese proyecto recibieron la orden de inicio en enero de este año y debían estar listas en un plazo de un año, a la fecha el avance es nulo debido a que se giró la orden de inicio sin tener una empresa supervisora y, adicionalmente, hubo problemas en diseños y expropiaciones.
Este lunes, ante los diputados de la Comisión de Infraestructura, el jerarca de Obras Públicas aseguró que la empresa Santa Fe, a la que se le encargó el proyecto por $12 millones, tiene plazo hasta este martes 31 de octubre para presentar los diseños finales de la obra de 10 km.
No obstante, al ser consultado sobre lo que prevé que ocurra, dijo que “se prepara para lo peor”.
“Asumo que no lo van a presentar o lo van a presentar incorrecto y ahí vamos accionar con todo lo que se pueda en sentido contractual”, indicó Amador, aunque previamente ya había reconocido que el contrato no establece multas directas por atrasos.
Durante su intervención, dijo, además, que la empresa tiene problemas financieros e incluso existe una orden de embargo en sus cuentas bancarias. Por eso, pidió al representante de la compañía que si no pueden ejecutar el proyecto, “mejor se hacen a un lado y arreglamos por las buenas”.
La semana pasada, representantes de esa constructora estuvieron ante el mismo foro legislativo y achacaron los atrasos a la falta de una supervisora que aprobara los diseños, así como las expropiaciones pendientes.
De acuerdo con las fechas aprobadas, si la empresa cumple con la entrega de diseños este martes y se completan los tiempos de revisión y aprobación, la construcción estaría finalizada para junio del 2024.
Carretera a San Carlos
Amador también fue cuestionado sobre varios de los temas relacionados con la construcción de la carretera a San Carlos, luego de que los representantes de la Asociación Pro Carretera, se quejaran del poco interés del Gobierno en este proyecto por el que llevan esperando más de 50 años.
El jerarca negó que no exista comunicación con esa representación comunal y sostuvo que cada vez que han pedido reuniones se las han dado.
Además, rechazó que se haya debilitado la unidad ejecutora pues, según dijo, hay 24 perfiles de profesionales que están pendientes de estructuración para ingresar al proyecto.
Otro de los reclamos tenía que ver con la precalificación de empresas, la cual, según los representantes de la Asociación está atrasada con respecto al cronograma. Amador aseguró que ya se emitieron los requerimientos de información para atraer a las empresas interesadas y elaborar la lista de firmas a competir.
Con relación al presupuesto, el ministro de Obras Públicas dijo que se dispone de los $225 millones aprobados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y $110 millones del proyecto Barranca-Limonal, que serán redireccionados a la obra en San Carlos. Garantizó que tanto el llamado tramo central entre Sifón y La Abundancia, como la punta sur entre la ruta Bernardo Soto y Sifón se ejecutarán a cuatro carriles.
La promesa del MOPT es que para setiembre del 2024 se haya completado el proceso de adjudicación de la empresa que se encargará de terminar el tramo central y construir la punta sur. Para esa fecha, dijo Amador, esperan haber logrado avanzar en las expropiaciones (de las cuales hay más de 100 pendientes) para así activar múltiples frentes de trabajo.
Sostuvo que la empresa que resulte adjudicada deberá realizar múltiples estudios para valorar la solución de los problemas geológicos y definir si realiza modificaciones en el trazado original o utiliza un trazado alterno contemplado en los estudios de factibilidad.
Otro de los pendientes por resolver es la condición del asfalto del tramo central. Ese trayecto de 22 km quedó con un avance superior al 60% hasta el 2018, cuando el anterior Gobierno finiquitó el contrato con la empresa que desarrollaba el proyecto.
No obstante, el pavimento colocado en ese tramo presenta grietas y rupturas, para lo cual también se deben realizar estudios y determinar si es necesaria una intervención mayor, que también podría impactar el costo de la obra.
La estimación del Gobierno es que el proyecto completo, que incluye la punta sur, entre la ruta Bernardo Soto y el tramo central entre Sifón y La Abundancia, tendría un costo de $340 millones.
Para financiar el mantenimiento del proyecto, así como otras obras, la empresa IDOM, encargada de los estudios de factibilidad, estimó que será necesario colocar tres estaciones de peaje. El costo del trayecto oscilará entre ¢1.200 y ¢1.250 si se trata de vehículos livianos y hasta ¢4.000 en caso de pesados.
El presidente Rodrigo Chaves prometió a los sancarleños que la obra estaría lista antes de terminar su gestión.
