Mala gestión del MOPT encareció en ¢17.000 millones vía de 27 km entre Chilamate y Vuelta de Kooper 

Una mala gestión del MOPT influyó para que la construcción de la carretera de 27 kilómetros entre Bajos de Chilamate, en Sarapiquí, y Vuelta de Kooper, en San Carlos, terminara costando ¢17.000 millones más de lo presupuestado.

Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) revela que el proyecto tenía un costo inicial de ¢25.318 millones y un plazo de ejecución de dos años.

Sin embargo, una serie de deficiencias atribuidas a la mala gestión del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), ocasionó que se elevara hasta ¢42.363 millones y se demorara en total cuatro años y ocho meses.

Los planes para construir la vía nacieron en 1973, pero su construcción se inició hasta el 2013 y su inauguración se dio en agosto del 2017 cuando el entonces presidente Luis Guillermo Solís cortó la cinta.

Esta carretera significó un cambio radical no solo para las exportaciones del país, sino un ahorro en el tiempo de viaje de los choferes, que pasaron de recorrer 87 kilómetros a solo 27 entre los puntos de inicio y fin, pues se evitan pasar por Aguas Zarcas, Venecia (San Carlos), Río Cuarto, San Miguel y La Virgen (Sarapiquí).

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Según se desprende de la auditoría, de los cuatro años y ocho meses que tomó la construcción, un año y 10 meses de más se dieron por atrasos atribuibles a la Administración.

Esos atrasos surgieron, entre otras cosas, por iniciar la construcción con los diseños desactualizados, lo cual implicó obras adicionales y nuevos permisos.

Además, la constructora Sánchez Carvajal recibió la orden de inicio sin que se hubieran completado las expropiaciones, permisos de tala de árboles y ambientales, que a su vez generaron la necesidad de otorgar días adicionales tanto a la constructora como a la empresa supervisora, provocando así mayores costos.

La Contraloría también determinó que el MOPT reconoció plazos extras a la empresa por malas condiciones climáticas sin tener la evidencia suficiente que acreditara esa situación.

En otro de sus hallazgos, el ente contralor señaló que ese ministerio disminuyó recursos en algunos de los renglones de pago, lo cual puso en riesgo la finalización del proyecto. Esto, porque se desfinanciaron obras indispensables, para las cuales luego fue necesario obtener más recursos, sin que se tuviera la certeza de que se iba a poder acceder a fuentes de financiamiento adicionales.

"El MOPT recurrió a estos mecanismos por no disponer de un adecuado sistema de planificación y gestión de proyectos que le permitiera administrar este proyecto en forma ordenada y eficaz desde su concepción hasta su puesta en funcionamiento.

“Los problemas de gestión se originaron por el hecho de iniciar el proyecto con el diseño desactualizado, y aumentaron por los atrasos que se dieron en los trámites de las expropiaciones y los permisos ambientales, lo cual obligó a realizar modificaciones al proyecto y ampliaciones de obra sobre la marcha, que indujeron a gran cantidad de variaciones entre los diferentes renglones de pago”, indica el informe.

La Contraloría además confirmó que actualmente investiga presuntas irregularidades y sentar responsabilidades.

La vía presentó importantes inundaciones en los dos días posteriores a su inauguración, pues incluso quedaron atrapados vehículos que transitaban por el lugar. Esos problemas se atribuyeron a la obstrucción de un canal de una finca piñera.

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Malas prácticas

En detalle, el informe explica que al contratista, y por consecuencia también a la supervisora, se le otorgaron 646 días por eventos compensables y 321 días por malas condiciones climáticas.

Según la Contraloría, entre la fecha en que se finalizaron los diseños y el inicio de la construcción pasaron cinco años, durante los cuales no se hizo ninguna actualización del proyecto.

Pese a eso, se dio la orden de inicio con diseños obsoletos, lo cual ocasionó que no se tomaran en cuenta las variaciones que podían haber ocurrido en el entorno del proyecto en ese tiempo. Por ejemplo, no se contemplaron obras para seguridad vial, que fueron evidentes al inicio del proyecto.

Esas obras, que incluyeron intersecciones, pasos a desnivel, marginales y accesos a fincas implicaron un aumento en el plazo de 255 días.

Además, el MOPT se atrasó en la obtención de los permisos ambientales, lo que significó el reconocimiento de otros 122 días.

Según cita la Contraloría, sobre este punto, la Administración adujo que se giró orden inicio al proyecto “dando por sentado que los permisos de corta de árboles y obras en cauce se obtendrían en forma oportuna”, pues los habían solicitado desde julio del 2012.

En tanto, el atraso por falta de expropiaciones implicó que se otorgara a la empresa Sánchez Carvajal 59 días de más.

La empresa también presentó reclamos para que se le reconocieran daños y perjuicios por sobrecostos administrativos, debido a los días adicionales que se prolongó el proyecto, alegando que no fueron contemplados en su oferta. Eso representó un pago extra de ¢1.831 millones.

Para la firma supervisora, al pasar el plazo original contratado de 27 a 58 meses, el costo subió de ¢1.688 millones a ¢3.630 millones.

En el caso de las compensaciones por condiciones climáticas, la CGR estableció que a pesar de que el 33% de los días reconocidos se atribuyó al factor climático, no había evidencia que garantizara esa condición.

Desorden en pagos

“Durante la ejecución de este proyecto, la Administración utilizó la práctica de aumentar las cantidades de obra de algunos renglones de pago, e incluso crear renglones nuevos, mediante el desfinanciamiento de otros ítems necesarios para el adecuado cumplimiento del objeto contractual, lo cual realizó mediante las denominadas Órdenes de Modificación (OMs) de ‘Ajuste o Variación de Cantidades’", detalla el informe en uno de sus enunciados al describir los resultados.

Esas órdenes implicaron cambios en los renglones de pago y varios aumentos en los montos. Así, por ejemplo, una de las más importantes fue por ¢10.687 millones, lo que significó un aumento del 42,2% al contrato y un plazo adicional de 225 días.

Otra situación que se encontró en el trámite de estas órdenes de modificación fue que en algunas de ellas se crearon renglones de pago para cubrir nuevas necesidades del proyecto que aparecieron durante el proceso. Esas también se financiaron quitando recursos a otros renglones de pago que todavía no se habían ejecutado.

“Una de las consecuencias de utilizar estos mecanismos para realizar modificaciones al proyecto por parte del MOPT, es la exposición al riesgo de no poder concluir el proyecto satisfactoriamente, dado que se desfinancian renglones de pago asociados a obras indispensables para la correcta finalización del proyecto, sin tener asegurada la consecución de más recursos para la restitución de esos fondos”

Eso se materializó en el contrato de supervisión, pues al quedar sin financiamiento la fase de cierre, por trasladar los fondos a la fase de ejecución, al final la empresa supervisora no elaboró el finiquito del contrato.

Obras sin preingeniería no van

Entre sus disposiciones, la Contraloría fue tajante en recordar al MOPT que para futuros proyectos no se debe dar la orden de inicio sin haber completado todos los procesos previos necesarios.

Para eso, le ordenó al jerarca de ese ministerio emitir normativa vinculantes a todos los organismos ejecutores de proyectos, así como a sus consejos, de que previo al arranque se cuente con diseños actualizados, así como los permisos, expropiaciones y reubicación de servicios , en concordancia con el programa de trabajo planteado.

También le ordenaron regular las normas utilizadas para realizar ajustes y modificaciones en los pagos y que establezca expresamente que no se pueden desfinanciar renglones de pago para aumentar o crear otros.

Sobre el proyecto en cuestión, la Contraloría también pidió revisar los pagos que se hicieron por concepto de reajuste de precios para determinar si se apegaron a la normativa. En caso de que no haya sido así, la Administración deberá recuperar el dinero gastado de más.

Lo mismo aplicaría a los días adicionales cancelados por condiciones climáticas sin sustento.

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, aseguró que lo ordenado por la Contraloría se ajusta al discurso que han venido promoviendo en la actual administración. “Primero lo técnico y después la política, ya hemos hablado de la necesidad de la preingeniería antes de que se dé inicio a cualquier obra”.

Además, aseguró que ya se habían tomado decisiones con respecto a las mejoras de reglamentos en relación con los renglones de pagos y eventos compensables.

“No es posible que si llueve, pero el contratista no está trabajando, ¿cómo va a tener derecho a que se le reconozca un día de lluvia? Eso no puede ser”, dijo.