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El poco mantenimiento que ha recibido el tramo central de la carretera a San Carlos, se realizó de manera irregular y con deficiencias técnicas.
Para ejecutar dichas labores, además, se destinaron ¢1.265 millones mediante contratos de conservación vial, a pesar de que cuando se realizaron, el tramo no formaba parte de la red vial nacional.
Estos son algunos de los hechos que reveló el informe LM-INF-EIC-D-0002-2021 del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Según el documento, en los trabajos de conservación vial ejecutados en el tramo Sifón de San Ramón y La Abundancia de San Carlos no hubo inspección de parte de la Administración en uno de los frentes de obra.
El proyecto se paralizó en el 2018, cuando se decidió romper el contrato con la empresa Sánchez Carvajal, lo que confirma que no formaba parte de la red vial pavimentada cuando se firmaron los contratos de conservación, en el 2016.
A pesar de ese hecho, el Consejo de Administración del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) acordó el 12 de junio del 2019, incorporar los recursos necesarios para la conservación de dicha ruta, cuyo abandono desde la paralización de los trabajos, amenazaba con afectar el avance que había dejado el contratista.
Fue hasta abril de 2020 cuando se declaró ese tramo como parte de la red vial nacional para así destinar fondos para su mantenimiento.
Sobre este aspecto, la auditoría advierte que “incorporar un proyecto de obra nueva inconcluso a la red vial nacional pavimentada para ser atendido por la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, representa una situación muy particular que pone en evidencia la importancia del componente “planificación” de una obra, más allá de que esta forme parte de una donación”.
Además, señala que al haber incluido el tramo central en la red vial, implica modificar las cantidades y montos a ejecutar en las respectivas zonas de conservación, pues los recursos que inicialmente se habían establecido deben reajustarse para cubrir esta nueva área.
No obstante, desde enero del año pasado la vía carece de atención debido a una denuncia de supuesto uso de fondos públicos para construir accesos privados y rutas cantonales como parte de las labores de mantenimiento.
Problemas técnicos
Otro de los hallazgos de la auditoría del Lanamme, fue la colocación de al menos dos vagonetas de mezcla asfáltica sin la presencia de inspectores, así como prácticas constructivas deficientes durante la colocación de la mezcla.
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Por ejemplo, cita el documento, se observó la puesta de una sobrecapa de mezcla asfáltica, sobre una primera capa de mezcla que había sido colocada previamente por la empresa constructora Sánchez Carvajal.
También se hallaron mezclas colocadas sobre bases contaminadas con partículas de suelo y, en otros tramos, sin en el riego de liga, lo cual ocasiona pérdida de resistencia por adherencia entre la capa existente y la nueva capa.
Lanamme también se determinó que en algunas ocasiones, el personal de la empresa contratista se encarga de retirar y custodiar los marchamos y guías de entrega de la mezcla asfáltica, labor que le compete exclusivamente al inspector de la Administración y no al contratista.
Según concluyó, en la zona observada se cuenta con “buena capacidad estructural”, sin embargo, un 36% de los tramos evaluados cuentan con niveles de regularidad superficial buena y un 64% regular.
En cuanto a la fricción superficial se observó que un 62% del proyecto está en condición regular o deslizante.
Deslizamientos
Durante una de las visitas técnicas, el Laboratorio documentó al menos 17 deslizamientos a lo largo del proyecto.
“En algunos casos estos deslizamientos representaban una obstrucción al flujo libre de agua en las cunetas, contracunetas o representaban una obstrucción parcial a la calzada”, cita el documento.
En tres puntos, estos deslizamientos incluso provocan agrietamiento y desplazamiento de la calzada.
El tramo central comprende 29,7 km entre Sifón y La Abundancia. Se estima que para completar el tramo central que quedó con un 60% y la punta sur (que va desde San Miguel de Naranjo hasta Sifón) se requieren $300 millones.
A inicios de este año, el Gobierno le prometió a los vecinos de la zona que las labores de mantenimiento en esta zona se reactivarían durante el segundo semestre.
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Sin embargo, actualmente la totalidad de contratos de conservación se encuentran suspendidos a causa de la investigación por el Caso Cochinilla, en la que figuran las dos principales constructoras a cargo de esas labores.
Además, el Conavi está a la espera de la aprobación de un presupuesto extraordinario para destinar recursos a estas tareas. La aprobación de ese presupuesto también se ha visto atrasada a causa de la pesquisa por supuesta corrupción en obras viales.
