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La constructora MECO le habría ofrecido ¢30 millones al alcalde de Heredia, José Manuel Ulate Avendaño, cuando faltaban apenas dos meses para las elecciones municipales de febrero del 2020, en las que pretendía reelegirse por cuarto periodo consecutivo.
La cifra millonaria consta en el expediente Cochinilla, que investiga posibles actos de corrupción entre empresas constructoras de obras viales y funcionarios públicos.
El presunto negocio entre MECO y el alcalde se desprende de una de las escuchas telefónicas consignadas en el expediente 19-000025-1218 PE.
En el extracto de la conversación registrada el 27 de noviembre el 2019, entre el gerente de operaciones de MECO, Abel González y Luis Fernando Gutiérrez, gerente de la unidad de asfaltos de esa misma empresa, se detalla que el “negocio” total era por ¢98 millones, dinero obtenido posiblemente de una licitación.
De ese total, agrega la conversación, ¢60 millones eran de la empresa, ¢30 millones del alcalde y ¢8 millones restantes “del carajo que hizo todo el menaje (sic) del reajuste”.
Sin embargo, al parecer la empresa no le entregó el dinero a Ulate Avendaño y este se vio obligado a sacar un préstamo.
“Diay se hizo el maje huevón y ahí está el alcalde que está en lo más y mejor de la campaña, ahora tuve que ir de carrera y hacer un cambalache con él, oiga, oiga lo que tuvimos que hacer para que sacara un préstamo privadísimo con soporte de que va ir pagando el préstamo a poquito para sacar los 30 millones, pero diay ahora hay que pagar un 18% de interés y los tiene que perder el alcalde y la plata la tenemos nosotros, entonces ya el hombre está resfriado” indicó el gerente de asfaltos.
Posteriormente ambos empleados de MECO hacen referencia a que el alcalde tenía a su favor las encuestas por lo que les convenía quedar bien con él.
“El carajo va a ganar y luego nos dicen vayan pélenle el diente, vayan pélenle el diente, no se vale…”, concluye Luis Fernando en la conversación registrada.
Según el OIJ, de esa conversación se desprende la postura de “preocupación y hasta molestia que externa Luis Fernando Gutiérrez al intervenido Abel Gonzalez, dando a entender claramente que todo lo referido a los dineros que Luis Fernando entrega de forma ilegal a funcionarios públicos corruptos, Carlos Cerdas Araya (presidente y dueño de la empresa MECO) no solo tiene conocimiento de ello, sino que es quien les dice cómo administrarlo”.
En su análisis, los investigadores añadieron que Gutiérrez le relata a González que ya había adquirido compromisos con los funcionarios públicos y laboratoristas, mencionando a un ingeniero de la Municipalidad de San José y al alcalde de Heredia.
Además, en una línea de esa misma conversación, Gutiérrez le indica que “en Cartago es todo lo mismo y ahora no quiere pagar y ahora que le di aquello el hombre casi me agarra a besos” pero no se ahonda sobre ese tema; ni si se trata al igual que en Heredia de un jerarca municipal.
La Fiscalía señala en el expediente que era común que las empresas realizaran acuerdos ilícitos con funcionarios públicos para obtener licitaciones, modificar facturas, ajustar presupuestos a su conveniencia y exigir el pago expedito de las gestiones de cobro que presentaban ante entes como el Conavi.
Además de los contratos de conservación, empresas como MECO y H Solís también acaparan un alto porcentaje de las contrataciones que realizan las municipalidades de todo el país para atender las rutas cantonales.
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En la causa que la Fiscalía mantiene en contra de funcionarios públicos y empresarios de constructoras, no aparece como investigado Ulate Avendaño.
Ulate fue detenido en abril de este año tras una denuncia por violación y privación de libertad agravada en contra de una menor de edad.
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El alcalde quedó en libertad con medidas cautelares, entre ellas que debe acudir a firmar una vez al mes y tiene prohibido salir del país.
La causa del llamado Caso Cochinilla trascendió el lunes anterior donde tras allanamientos simultáneos en empresas constructoras, casas de habitación y el Conavi, el OIJ detuvo a un total de 30 personas.
Entre estos, destacan 17 funcionarios públicos, de ellos 13 trabajadores del Conavi; así como 13 empleados y empresarios de las constructoras.
Para este domingo, 28 de los imputados seguían las celdas del OIJ a la espera de que se determinen las medidas cautelares en su contra. Otros dos fueron puestos en libertad en horas de la mañana del sábado, uno de ellos recibió medidas como impedimento de salida, mientras que el otro fue liberado sin cargos.
La investigación busca esclarecer y establecer responsabilidades sobre los actos y personas que mediaron en la presunta malversación de fondos públicos que derivaron en un déficit de ¢78.000 millones.
