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La empresa constructora MECO S. A. habría movido sus fichas dentro del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para sacar ventaja en el concurso de adjudicación del paso a desnivel en Hatillo 4, por un monto de ¢4.551 millones.
Ese es uno de los tres viaductos que se construirán sobre la carretera de Circunvalación, para eliminar los semáforos de los Hatillos que causan congestionamiento vial en la zona, con una inversión total cercana a los ¢10.000 millones.
La misma firma constructora fue seleccionada para elaborar el paso a desnivel en Hatillo 6, que forma parte de este paquete de obras de infraestructura vial. Esa licitación pública fue por un monto de ¢2.850 millones.
Mediante relaciones de confianza, favores y dádivas ofrecidas a mandos medios del Conavi, el representante legal de Meco, Alejandro Bolaños Salazar, habría obtenido información especial, relacionada con las empresas que aventajaban en los concursos de obra pública.
Según la investigación, todo habría ocurrido bajo el conocimiento y consentimiento de Carlos Cerdas Araya, dueño de la constructora. Este esquema está descrito en el expediente judicial del Caso Cochinilla.
Dicha investigación hace referencia a la presunta malversación de fondos públicos en el Conavi, con la adjudicación de varias obras de infraestructura, que generó un déficit de ¢78.000 millones entre los años 2018, 2019 y los primeros trimestres de 2020.
Quienes habrían facilitado informes a los empresarios fueron los gerentes de Contratación de Vías y Puentes, Edgar Salas, así como de Proveeduría, Carmen Madrigal Rímola. Ambos conformaban parte de la Comisión de Adjudicación del Conavi.
Así lo señala el documento del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que intervino algunas llamadas telefónicas entre los involucrados.
“Se observa el alcance del contacto que supone (Edgar) Salas Solís para los intereses de MECO, permitiéndoles acceder a información aún no descubierta por parte de la Administración y, además, a convenir colaboraciones irregulares para adjudicarse las obras que son de su interés, todo lo que constituye una típica manifestación de tráfico de influencias en beneficio propio, independientemente de los resultados que puedan lograr con esa petición”, indica el documento.
En el caso de la encargada de Proveeduría de la institución, la investigación constata que fue invitada por representantes de la empresa a un almuerzo. Hay una dádiva cuyo monto no se puede precisar, por “un regalito” que también recibió de la empresa.
Asimismo, recibió asesoría legal por parte de MECO sobre una empleada doméstica de nacionalidad salvadoreña, a quien se le iba a vencer la visa.
“Alejandro Bolaños Salazar solicitó a Carmen Madrigal Mora averiguar del cartel de licitación de Hatillo 4: quien estaba de primero, quién de segundo y de tercero, que se comunicara además con Edgar Salas Solís y le pidiera copia de los informes y que apenas los tuviera le avisara.
“Obsérvese cómo ya Alejandro aprovecha el contacto con la funcionaria pública y cómo parte de la distribución de funciones de los integrantes de la organización y se adelanta a los procesos licitatorios en beneficio pleno de MECO, luego del favor otorgado a ella, con el abogado que la ayudó con los trámites migratorios de la empleadas, además de la promesa ‘del regalito’ que dijo le iba a dar el día que la invitó a almorzar al restaurante donde Carlos, con conocimiento pleno y autorización por parte de Carlos Cerdas Araya, dueño de la empresa MECO, mediante la cual procurarán lograr adjudicaciones en obra pública”, señala el informe.
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Este tipo de beneficios se repiten en los procesos de adjudicación y ejecución de contratos del cruce de La Galera, en Cartago, y de la ruta 160, en Nosara, Guanacaste.
