EscucharEmpresas investigadas por aparentes hechos de corrupción en contratos de obras públicas, como los destapados en el Caso Cochinilla y más recientemente en el caso Diamante, podrán participar en los nuevos concursos para el mantenimiento de la red vial nacional.
El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) eliminó de los carteles publicados en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), las cláusulas que excluían a empresas o personas con “imputaciones formales en un proceso judicial en el que se investigan supuestos actos de corrupción en la ejecución de contratos de obra pública, que contemplen actividades de mantenimiento rutinario y periódico de conservación vial en la red vial (nacional y cantonal), sea esta con superficie pavimentada, en lastre o tierra”.
Mediante la publicación de enmiendas en dichos carteles, se indicó que se eliminaron varios apartados, entre ellos el de la cláusula en cuestión, con lo que empresas como MECO y H Solís podrían presentar sus ofertas para hacerse con nuevos contratos para la conservación de rutas.
El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, explicó que la decisión se tomó porque esta medida estaba ocasionando retrasos en el proceso de contratación, el cual se considera urgente por el estado en que se encuentran las carreteras.
El jerarca adelantó que ya estaban recibiendo objeciones a los carteles y que además, varios criterios de legalidad indicaban que de mantener la exclusión podrían ser sujetos de demandas las que ocasionarían mayores atrasos.
La comunicación enviada a los miembros del Consejo de Administración indica: “Toda vez que la cláusula 2.2 en los carteles de las actuales contrataciones directas de escasa cuantía, está siendo motivo de demoras en el proceso de contratación, y que el espíritu de las mismas es atender a la mayor brevedad posible, las rutas nacionales, dada la necesidad urgente de mantenimiento, se les instruye a retirar dicha cláusula, y que en su lugar, se aumente el porcentaje otorgado por localía, a fin de alcanzar el objetivo, de que sean personas físicas o jurídicas locales, las que en efecto sean adjudicadas, de modo que se promueva la economía circular y se reactiven las economías deprimidas por la pandemia.”
Ambas constructoras, que hasta el año pasado mantenían más del 90% de los proyectos de conservación de toda la red vial, figuran en el expediente judicial del Caso Cochinilla como presuntos responsables de ofrecer dádivas a funcionarios del Conavi para lograr favorecimiento en actos de contratación y pagos de facturas. Además, MECO es la principal firma sospechosa en la supuesta red de corrupción que es investigada en la llamada Operación Diamante, en la que estarían involucradas al menos seis municipalidades.
Precisamente, luego de que se publicaran los primeros carteles, a inicios de noviembre, MECO reaccionó mediante una nota de prensa, en la que afirmaba estar en “total capacidad” de asumir contratos de mantenimiento para atender la red vial, al tiempo que recordó que sobre la empresa no pesa ninguna medida cautelar que les impida participar en licitaciones públicas.
Actualmente, en el Sicop permanecen abiertos únicamente cinco concursos, todos para labores de chapia en zonas como Ciudad Quesada, Guápiles, Pérez Zeledón, Alajuela y Quepos. Dichos carteles serán adjudicados de manera directa y no requerirán el aval de la Contraloría General de la República por tratarse de montos menores.
Semanas atrás, la directora interina del Conavi, Hannia Rosales, explicó que la conservación de la red vial se realizará mediante minicontratos por ¢152 millones para labores específicas; agregó que se le dará prioridad a las empresas más pequeñas. En total, se realizarían 154 contrataciones para tareas como chapia, limpieza de cunetas y recarpeteo, por periodos de seis meses.
El mantenimiento de la red vial pavimentada se encuentra prácticamente paralizado desde febrero de este año, cuando vencieron los últimos contratos que estaban vigentes desde el 2016.
