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Las constructoras MECO y H Solís se adjudicaron ¢237.370 millones del dinero que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) destinó para obra pública desde enero del 2015 y hasta el 18 de junio pasado.
Ese monto equivale al 64% de los recursos que esa institución gastó, a lo largo de esos seis años y medio (¢371.672 millones), en proyectos viales, incluyendo mantenimiento de caminos, construcción de carreteras, puentes nuevos, diseño y supervisión de obras.
A esa conclusión llegó un equipo de La Nación, luego de analizar las contrataciones que hizo el Conavi y que fueron registradas en los sitios web de la Contraloría General de la República y del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
No se incluyeron los proyectos viales que, si bien son gestionados por el Conavi, son financiados con recursos que provienen de créditos internacionales, como el paso a desnivel en la rotonda de la Garantías Sociales, por $17 millones, por citar un caso.
Las dos constructoras son investigadas por el Ministerio Público por supuestamente pagar sobornos a funcionarios del Conavi para obtener millonarios contratos financiados con fondos públicos.
Incluso, pesquisas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) le atribuyen a los personeros de esas dos compañías el aparente desembolso de dádivas –en efectivo o en especie– para acelerar el pago de facturas pendientes, o bien, para descalificar de los concursos a otros oferentes con precios más bajos.
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Así consta en el expediente judicial del Caso Cochinilla, en el cual se investiga una aparente malversación de ¢78.000 millones del Conavi entre el 2018 y los dos primeros trimestres del 2020.
MECO y H Solís, en conjunto, consiguieron 52 de los 325 contratos que el Conavi adjudicó desde el 2015 a la fecha, es decir, el 16%.
Sin embargo, lograron adjudicarse la mayoría de los proyectos más cuantiosos, los de mantenimiento de la red vial nacional pavimentada, que pueden ascender a $250 millones anuales (¢155.000 millones a tipo de cambio actual).
Por ejemplo, en el 2016, esas dos constructoras se repartieron casi que en partes iguales el 94% de esos contratos de conservación, o sea, ¢120.792 millones de los ¢128.431 millones que el Conavi destinó para ese fin.
Dentro de este conteo se incluyó a dos empresas que aparecen como “hermanas” o subsidiarias de MECO y H Solís en el expediente judicial de este caso, el 19-000025-1218, las cuales también son investigadas por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Se trata de Also Frutales, donde figura como secretaria Sonia Solís Vargas, hermana de Mélida Solís, la dueña de H Solís.
La otra sociedad anónima es Concreto Asfáltico Nacional (Conansa). El OIJ sostiene que el propietario de MECO, Carlos Cerdas, tiene “dominio y dirección” sobre esta compañía, aunque no aparece visiblemente como su personero.
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Uno a uno
En específico, MECO, como persona jurídica, obtuvo 18 contratos por ¢118.455 millones. Ese monto equivale al 32% del dinero adjudicado por el Conavi desde enero del 2015.
H Solís, por su parte, ganó nueve obras por ¢99.595 millones, es decir, el 27% del gran total de ¢371.672 millones.
Also Frutales recibió 23 contratos por ¢14.182 millones (4%) y Conansa dos proyectos por ¢5.138 millones (1%).
Si vemos los datos en conjunto, H Solís y Also Frutales se adjudicaron el 31% (¢113.777 millones) y MECO y Conansa el 33% (¢123.593 millones).
El 36% restante, unos ¢134.302 millones, se lo consiguieron otras 81 empresas o consorcios, contabilizando a las otras siete compañías que también figuran como investigadas en el Caso Cochinilla. Para esas siete, el Ministerio Público pidió una anotación e inmovilización de persona jurídica en el Registro Nacional, para evitar modificaciones o desintegraciones.
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11 firmas bajo la lupa
Si al cálculo, además de MECO y H Solís, se le suma el dinero adjudicado a las otras siete empresas bajo la lupa de la Fiscalía, la concentración del mercado asciende al 72% (¢266.984 millones).
En otras palabras, se les contrató siete de cada diez colones que el Conavi gastó en obra pública en los últimos seis años y medio.
Las autoridades judiciales investigan a Constructora Herrera, que recibió 13 contratos por ¢7.162 millones; y a la constructora Montedes, que ganó diez obras por ¢6.793 millones.
Aparecen, además, las empresas de supervisión, diseño y administración: Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería (Cacisa), con ¢5.510 millones; Vieto y Asociados, con ¢4.889 millones; Diccoc, con ¢2.854 millones; Castro y de la Torre, con ¢1.583 millones, y LGC Ingeniería de Pavimentos, con ¢822 millones.
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¢359.000 millones de obras hechas con créditos
Y si sumamos las obras financiadas con fondos externos que MECO y H Solís se adjudicaron, la cifra se duplica.
Solas o en consorcio, esas dos empresas, también recibieron, en los últimos años, la mayoría de los recursos.
En total, MECO y H Solís asumieron proyectos por ¢359.863 millones (al tipo de cambio actual) provenientes de créditos que el país gestionó con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y una donación del gobierno mexicano.
Las obras, entre el 2015 y el 2021, corresponden a contratos adjudicados por distintas unidades ejecutoras, algunas de ellas, ajenas al Conavi y otras en las que ese órgano adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) sí tenía injerencia sobre la contratación.
Así, por ejemplo, trabajos como el viaducto de las Garantías Sociales (MECO), el puente Binacional sobre el río Sixaola (a cargo de MECO y empresas mexicanas), la radial de Lindora (H Solís) y el puente sobre el río Virilla (MECO), conocido como del Saprissa y su reciente adenda para reparar la estructura vieja, fueron gestionadas por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, (Unops, por sus siglas en inglés).
Esa agencia emitía una recomendación sobre la constructora a contratar y, finalmente, el Conavi aprobaba para dejar en firme la adjudicación.
Lo mismo ocurre con las llamadas obras impostergables que forman parte del proyecto de 60 km entre San José y San Ramón. Esas intervenciones, ejecutadas por el Fideicomiso Ruta 1, fueron separadas mediante lotes de obras y también dependen del visto bueno de la administración.
El consorcio H Solís-TPF Getinsa Euro Estudios, se adjudicó el segundo lote de estas intervenciones. Se trata de la ampliación del puente sobre el río Torres y el intercambio en el Monumento al Agua, cuyo costo es de $18 millones (¢11.160 millones).
En el caso de obras como los intercambios de Taras-La Lima y la ampliación del tramo Barranca-Limonal y La Angostura (ambas a cargo de La Estrella-H Solís), forman parte del Programa de Infraestructura del Transportes, que se financia con recursos del BID.
La unidad ejecutora para esos recursos está a cargo del viceministro de Infraestructura, Tomás Figueroa, y es ese programa del MOPT el que realiza las consideraciones a la hora de elegir empresa.
A estas obras se suma la Circunvalación Norte, que corresponde al segundo proyecto de infraestructura más costoso que se ejecuta actualmente (superado por la ampliación de vía a Limón).
El tramo norte del anillo que rodea el área metropolitana se encargó al consorcio La Estrella- H Solís en el 2014, por $163 millones (¢101.060 millones). Este año se aprobó una adenda por $59,9 millones (¢37.138 millones) para que esas mismas empresas completen la quinta etapa que había quedado fuera del contrato original.
Cuestionadas y peleadas
La aprobación de la adenda para la Circunvalación norte, el puente binacional sobre el río Sixaola y la construcción del viaducto de las Garantías Sociales, también son citadas dentro del expediente judicial del Caso Cochinilla.
En el caso de la obra en Garantías Sociales, el Ministerio Público determinó irregularidades en el proceso de verificación de calidad de los materiales.
Según el expediente judicial, tres empresas habrían encubierto la colocación de una mezcla asfáltica defectuosa e incluso habrían pagado sobornos a empleados de la supervisora Cacisa a fin de incluir información falsa en los informes de verificación de calidad.
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Similar situación ocurrió con las Garantías Sociales, que enfrentó reclamos, apelaciones y anulaciones durante casi tres años, hasta finalmente ser contratada a MECO.
