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Tras cinco años varado en el papel a la sombra de un decreto ejecutivo, el plan para reunir en un gigantesco complejo de edificios a la mayoría de oficinas estatales por las que el Gobierno desembolsa millones en alquileres, parece haber tomado un nuevo impulso.
El Ministerio de Planificación (Mideplán) apura los estudios de factibilidad a fin de sacar el próximo año una primera propuesta de cartel de licitación de la llamada Ciudad Gobierno, proyecto que se construiría en cinco cuadras al sur de San José (cercanías del MOPT).
Este plan fue declarado de interés público en octubre del 2015 por el entonces presidente Luis Guillermo Solís y poco se ha avanzado a la fecha.
Según la ministra de Planificación, Pilar Garrido, ahora la idea es que al finalizar esta administración, en mayo del 2022, se logre dejar avanzada la licitación y los diseños finales del proyecto que se desarrollaría mediante una concesión a 25 años y que se comenzaría a levantar en el 2023.
Durante ese período de concesión el Gobierno se ahorraría unos $328 millones, según los estudios preliminares.
Según explicó la jerarca, esa suma que representa unos $13,1 millones anuales, corresponde a los beneficios que fueron calculados previamente para el proyecto traídos a valor presente.
Actualmente, las instituciones y ministerios incluidos en el proyecto cancelan por concepto de alquileres unos $26,5 millones al año. Eso significa que, según las estimaciones previas, el pago por ese rubro no debería ser de más de la mitad de lo que se paga en el presente.
Además el socio privado podría explotar las edificaciones comercialmente, adicional a la infraestructura para los entes estatales. Es decir, los edificios que se construyan tendrían un uso mixto a fin de que el modelo de negocio resulte atractivo y rentable para el eventual concesionario.
El costo estimado del complejo en el que se agruparían al menos 12 ministerios y varias instituciones gubernamentales es de $580 millones, según la propuesta que el Gobierno había alistado para presentar ante el Fondo Monetario Internacional y que luego fue retirada.
Los estudios de preinversión realizados hasta ahora forman parte de una cooperación técnica no reembolsable que otorgó al país el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2018.
“Dicha entidad nos ayudó a financiar un análisis prefinanciero que indicó que el proyecto tiene potencial a ser desarrollado mediante una asociación público privada (APP), bajo la modalidad de concesión de obra pública”, añadió la jerarca.
Adicionalmente en la etapa de preinversión se requieren entre $36 millones y $59 millones para cubrir costos indirectos, como permisos, estudios varios, consultorías, planos de catastro, seguros e imprevistos previos a iniciar la fase constructiva. La intención es que parte de esos gastos sean asumidos por el socio privado.
Los edificios
De acuerdo con el decreto de interés público, firmado por el exmandatario Solís, el proyecto se desarrollaría en dos etapas.
En la primera de ellas se levantaría el edificio del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
En una segunda fase, se construirían en 6 torres de edificios en al menos 140.000 m² para albergar los ministerios de Educación Pública, Planificación, Gobernación y Policía, Vivienda y Hacienda; así como la Dirección General del Servicio Civil, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la Dirección Nacional de Migración y Extranjería, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad y la Imprenta Nacional.
Sin embargo una reforma al decreto publicada el pasado 7 de octubre, establece que se deberán construir los módulos necesarios para albergar las oficinas para ubicar “todas las instituciones públicas con presencia en la provincia de San José que dentro del presupuesto nacional posean en sus partidas presupuestarias gasto en alquiler”.
De acuerdo con la ministra de Planificación, se valoró incluir en la misma fase otros seis ministerios, más el edificio del MOPT, que en el proyecto inicial se haría aparte.
De esta forma se contemplan los ministerios de Economía, Industria y Comercio, el de Comercio Exterior, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el de Ambiente y Energía, el de Relaciones Exteriores y Culto y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.
La obra se levantará en los terrenos del MOPT que van desde el actual edificio en Plaza González Víquez, hasta las cercanías de la estación al Pacífico, incluyendo los predios donde actualmente se ubican el plantel de las pruebas de manejo y el edificio de la Policía de Tránsito.
Según indicaron un 70% de las propiedades requeridas ya están a nombre del Estado, sin embargo, si bien el nuevo plan incluye más entidades es necesario repensar la necesidad de la totalidad de esos espacios.
“Debido a que las condiciones fiscales del país nos obligan a estructurar de la manera más responsable el proyecto, la optimización de los espacios de oficina es un factor clave en la estructuración del proyecto. Además, el sector público debe transitar de manera más decidida al uso de tecnologías y la promoción del teletrabajo, dos aspectos en los cuales esta pandemia nos ha obligado a acelerar el paso”, agregó la jerarca.
La reforma al decreto también establece que el proyecto debe vincularse a otros planes que promuevan el desarrollo sostenible de la ciudad, por ejemplo el Tren Eléctrico de Pasajeros, de ahí que se privilegiara la ubicación de los terrenos en las cercanías de la Estación del ferrocarril al Pacífico.
Además, todas las instituciones públicas que se incluyan en el alcance de la obra no podrán iniciar trámites de licitación que impliquen la compra de facilidades de infraestructura administrativa.
Siguientes pasos
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 se fijó como meta completar la etapa de preinversión del proyecto Ciudad Gobierno.
Tanto la Contraloría General de la República como la propia medición de metas han calificado el avance de dicho plan como con atrasos “críticos”.
De acuerdo con el último informe, lo alcanzado al primer semestre de este año era del 17% de lo proyectado para este año.
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Según la ministra, tras completar la etapa de factibilidad contarían con un cartel de licitación.
“Los estudios de factibilidad se acompañan del proceso de estructuración del proyecto, que permitirán determinar si es la opción fiscalmente más viable, con su respectivo análisis costo beneficio y aporte a las políticas públicas vigentes. Lo anterior permitirá determinar la bancabilidad del proyecto y así despertar el interés de algún socio del sector privado para financiarlo”, indicó Garrido en respuesta a La Nación.
Por su parte el ministro de Obras Públicas, Rodolfo Méndez Mata, aseguró la semana anterior, en un foro organizado por La Nación, que iniciar la construcción de las oficinas de gobierno para sustituir los edificios alquilados, además del ahorro en el gasto corriente, podría generar una cantidad importante de mano de obra.
Sin embargo, el jerarca dijo que es necesario acortar los plazos, pero se requiere un proyecto totalmente elaborado para que la obra empiece a andar.
De acuerdo con la información del Mideplán, los estudios que han realizado hasta ahora determinaron 36 meses como plazo de construcción del proyecto. La meta fijada para el arranque de la obra es el primer semestre del 2023.
