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Rescatar a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), aumentaría la deuda y, por lo tanto, impactaría las finanzas del Estado.
Así lo reconoció la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, quienes estudian la posibilidad de otorgar el cuarto presupuesto extraordinario por ¢23.679 millones para reestructurar la entidad portuaria.
Los fondos para el plan saldrían de los ahorros generados por Hacienda por el canje de la deuda; sin embargo, Aguilar aclaró que esto sigue siendo deuda pública y no son fondos de los que el Estado puede disponer.
Con el canje de deuda el objetivo es postegar el pago del monto principal de la deuda.
"Gracias a la gestión de deuda hemos logrado posponer el pago de una serie de recursos, entonces fondos que vencían en tal fecha, hicimos el cambio y empujamos la deuda hacia adelante.
“Para claridad de todos, esto sí es gasto, sí aumenta el gasto y por lo tanto va a impactar el déficit. No es algo que siquiera se hubiese previsto tener que hacer este año, pero lamentablemente decisiones postergadas de mucho tiempo atrás nos llevaron a esto”, manifestó Aguilar.
Esos recursos serían utilizados para pagar durante tres meses la planilla de la empresa estatal, otorgar bonos de hasta ocho salarios a los trabajadores que acepten la renuncia y un régimen de pensiones anticipadas para trabajadores mayores de 55 años.
La jerarca de Hacienda recalcó que la entidad portuaria únicamente podrá utilizar los fondos para lo que se indica en el proyecto de ley, por lo que el presupuesto extraordinario blindaría la posibilidad de que se destinen los recursos para otras iniciativas.
Con la medida, según Aguilar, se evitaría lo que sucedió en el pasado, como la compra de dos grúas pórticas y equipo muellero con los ¢15.000 millones destinados para la liquidación del personal, fondos que estaban reservados desde 2010.
“Aquí lo que hay es una previsión de gasto, un gasto que no puede llegar a materializarse ante la ausencia de la norma que activa su concepto”.
La ministra de Hacienda advirtió sobre la necesidad de otorgar recursos para pagar la planilla de Japdeva, ya que de no pagarles, el Estado puede exponerse a demandas millonarias.
¿Cómo se distribuirían los fondos?
Del total del presupuesto extraordinario, se destinarán ¢5.753 millones para dar liquidez financiera a la entidad portuaria, con el objetivo de que pague los salarios y las obligaciones durante tres meses. En ese tiempo, Japdeva debe ejecutar su reestructuración.
Para financiar las prestaciones de hasta el 80% de la planilla, que representa 950 trabajadores, la entidad portuaria dice necesitar ¢16.236 millones.
Dentro de esa partida, el Ejecutivo también contempla bonos especiales para los trabajadores que acepten el despido con responsabilidad patronal.
La propuesta impulsada por el Gobierno, que también necesita la aprobación de los diputados, pretende entregar cuatro salarios adicionales a quienes ganan más de ¢1 millón, y de ocho salarios a quienes ganan menos de ese monto.
En esa línea, por ejemplo, un trabajador que gana ¢1,5 millones, recibiría ¢6 millones distribuidos en cuatro mensualidades. Otro que tenga un salario de ¢700.000, recibiría ¢5,6 millones en ocho pagos.
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El proyecto de ley para reestructurar Japdeva también contempla ¢1.689 millones para la creación de un régimen especial de prejubilación.
Este beneficio le otorgaría pensiones anticipadas a 276 trabajadores mayores de 55 años que cuenten con un mínimo de 25 años de cotizar a la seguridad social.
Con los ¢1.691 millones, el Estado pagaría pensiones mensuales a esos trabajadores hasta que cumplan los 61 años, cuando deben ingresar al régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), siempre y cuando cumplan con las cuotas requeridas.
¿Es conveniente?
En un criterio emitido por la Contraloría General de la República sobre el proyecto de ley para reestructurar Japdeva, el órgano cuestionó a los diputados si la iniciativa era conveniente en un escenario de déficit fiscal y debilitamiento de los regímenes de pensiones.
La contralora general de la República, Marta Acosta, afirmó ante los diputados de la Comisión de Limón, durante una audiencia la semana pasada, que la entidad portuaria no ejecutó las medidas necesarias para contrarrestar la pérdida de clientes comerciales.
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El muelle estatal perdió más del 70% de la carga comercial con la entrada en operaciones de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).
Sin embargo, según la contralora, a pesar de que conocía desde 2012 que el megapuerto asumiría el negocio de contenedores, la entidad no ejecutó obras y acciones para evitar la crisis.
