El Estado no tendría que recurrir a despidos en la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), si los trabajadores acceden a trasladarse a laborar a otras instituciones públicas.

Los cerca de 950 empleados que la entidad portuaria ya no necesita ante la caída de sus operaciones tienen cabida en otras entidades estatales, según afirmó el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Steven Núñez.

“La instrucción del presidente de la República fue clara en que todos los jerarcas debemos recibir y hacer todo lo posible para permitir que los funcionarios de Japdeva que desean trasladarse a otra institución se vuelva realidad. La instrucción es clara y se debe cumplir”, dijo el jerarca.

Aunque el mandatario Carlos Alvarado firmó una directriz para habilitar los traslados, menos de 10 servidores de Japdeva se movieron a otras entidades, como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

Se intentó consultar a Antonio Wells, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) pero no atendió llamadas a su teléfono celular.

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Japdeva entró en crisis al quedarse sin el 79% de la carga con el inicio de operaciones de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), con el agravante de que no previó nuevos negocios para sobrevivir.

La situación motivó al Gobierno a presentar un proyecto de ley para reestructurar la entidad y achicar su planilla, al ofrecer opciones a sus casi 1.200 funcionarios, entre estas, el traslado a otras entidades públicas.

Las opciones

Los trabajadores deberán decidir entre mantener su puesto en el Estado, pero en otra institución, o ser despedidos, recibir sus prestaciones y un bono adicional de hasta ocho salarios.

"Si el trabajador prefiere optar por el bono de movilidad, queda a decisión de esta persona. Por eso es muy importante el plazo de un mes que habilita el proyecto de ley, para que los funcionarios se decidan por una de las opciones.

“Caso contrario, colocan a la Administración en una posición más sensible y difícil porque el tema está en que la institución ha visto mermados sus ingresos y, si queremos la continuidad de esta institución y que las personas no se vean afectadas, deben de optar por una de las tres opciones que se están generando”, afirmó Núñez.

Los funcionarios que acepten el traslado continuarán con su mismo sueldo, empero los pluses y beneficios salariales que recibirán estarán definidos en la convención colectiva de la institución pública a la que se incorporen.

Esos trabajadores no recibirán el pago de prestaciones, pues continúan como trabajadores estatales. En cambio, los funcionarios que no acepten el movimiento serán despedidos, recibirán todas sus prestaciones de ley y el bono adicional.

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La propuesta también ofrece a los trabajadores mayores de 55 años, un régimen de prejubilación en el cual los empleados, además de recibir sus prestaciones, tendrán un subsidio estatal mensual hasta que cumplan con la edad necesaria para pensionarse por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Este beneficio cubriría a unos 277 trabajadores que cumplen con los requisitos. El monto que recibirán corresponderá al 63% del salario promedio calculado con los 12 mejores sueldos de los últimos cinco años laborados. El subsidio promedio sería de ¢1,2 millones mensuales.

De acuerdo con la Dirección Nacional de Pensiones, ese beneficio para los trabajadores mayores de Japdeva le costará al Estado ¢17.000 millones en 10 años.

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El proyecto de ley de reestructuración de Japdeva se aprobó en primer debate con 38 votos a favor y 12 en contra, el pasado 28 de agosto; sin embargo el Partido Restauración Nacional (PRN) y el Frente Amplio lo pusieron en consulta ante la Sala Constitucional.

Los legisladores de esas bancadas afirman que el plazo de un mes para que los empleados de Japdeva puedan acogerse a alguna de las tres opciones (traslados, bono o prejubilación) es inconstitucional.

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