EscucharCientos de terrenos por expropiar provocan atrasos de meses y hasta años para proyectos vitales como la ampliación de la Interamericana Norte, en los tramos de Cañas-Limonal y Barranca-Limonal, o la ruta 32, entre el cruce hacia Río Frío y Limón. Lo mismo ocurre en la ruta 27, donde se necesitan los predios ubicados en la cima de los taludes para realizar los cortes necesarios con el fin de evitar derrumbes y hacer más segura la circulación por esa vía.
Muchas de estas propiedades son lotes vacíos, potreros o fincas donde en ocasiones toma meses que un juez autorice “correr” una cerca un par de metros y que la maquinaria pueda avanzar, según palabras del ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata.
Por ese motivo, la intención del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) es que se haga un nuevo ajuste a la Ley de Expropiaciones, mediante el cual el Estado pueda resolver los trámites para disponer de terrenos donde no se afectan viviendas, industrias o derechos comerciales por la vía administrativa, es decir, sin esperar la decisión de un juez.
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“Esperaría que nos ayude a poner orden en las expropiaciones de este país (...) La idea es que podamos completar expropiaciones por la vía administrativa y el que no está de acuerdo que vaya a los tribunales a pelear una vez que ya se resolvió, como cuando a usted lo despiden, usted tiene la posibilidad de ir a pelear sus prestaciones o que lo restituyan. En este caso, tendríamos una particularidad que es hacerlo solo para zonas verdes, donde no hay viviendas, no se afecta una industria o comercio. Es que, ¿cómo va a ser posible que para correr la cerca dos metros tengamos que ir a los tribunales?; no tiene menor sentido”, reclamó.
Méndez Mata reconoció que la lentitud en la gestión de este tipo de trámites se ha convertido en una piedra en el zapato para la mayoría de obras que están en ejecución actualmente, a pesar de que desde febrero del 2017 rige una reforma a la Ley de Expropiaciones que pretendía que se agilizaran los trámites que llegan a la vía judicial.
La reforma indicaba que para que el Estado puede entrar en posesión del inmueble aunque no se hayan resuelto los reclamos por parte de los dueños, sin embargo, establece dos requisitos: que estén notificadas todas las partes y que el juez conozca el expediente. Eso significa que para llegar a ese paso y al posterior depósito del avalúo, igualmente el juez debe ver todas las gestiones que llegan.
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La intención del MOPT es que la iniciativa de ley llegue a la Asamblea Legislativa este mismo mes, a fin de que quede aprobada antes de concluir esta administración, en mayo.
De acuerdo con los datos de ese ministerio, en el Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles (DABI) trabajan 12 peritos y cuatro encargados de la gestoría vial, que son los que notifican y ubican a los propietarios. Ellos atienden entre 500 y 600 procesos al año.
Esa situación hace que muchas empresas constructoras o las unidades ejecutoras del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), sumen su personal para que hagan tareas como ir a hablar con los dueños para lograr permisos de entrada en posesión voluntaria o incluso realizar avalúos para entregar expedientes más completos a fin de agilizar las gestiones.
