Decenas de proyectos para rehabilitar rutas cantonales fueron encargados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y municipalidades a las constructoras MECO y H Solís en los últimos tres años.

Ambas firmas son protagonistas en las investigaciones por presuntos actos de corrupción en obras viales, dentro del expediente judicial conocido como Caso Cochinilla, en el cual también figuran empleados de las empresas y funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

De 66 proyectos, 59 quedaron en manos de MECO y los siete restantes fueron para H Solís. Todos suman $50 millones

Además, de la totalidad de obras, 47 (71%) ya se ejecutaron o están por terminar, mientras que las otras 19 fueron adjudicadas en abril de este año (dos meses antes del escándalo), todas a MECO.

La intervención de esas rutas forma parte de los paquetes de proyectos del Programa Red Vial Cantonal II, que se financia con un crédito de $144 millones proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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Aparte de las obras cantonales, MECO y H Solís llegaron también a concentrar al menos el 90% de los contratos de conservación vial, para dar mantenimiento a 7.000 kilómetros de la red nacional, así como otra larga lista de proyectos.

Se estima que las dos firmas se adjudicaron el 64% del dinero del Conavi para obra pública entre 2015 y junio pasado.

Solo del Programa BID Cantonal, otorgado por el MOPT y los gobiernos locales, las empresas recibieron ya más de $33 millones (¢20.799 millones), mientras que los últimos proyectos suman otros $17 millones (¢10.991 millones).

Esos trabajos tienen como fin mejorar las condiciones de la superficie de las vías que se encuentran en lastre. Además, las licitaciones incluyen intervenciones en los sistemas de drenaje, caños y cunetas para la correcta canalización de las aguas pluviales.

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En total, el plan del MOPT era lograr la mejora de unos 224 km de vías dentro de los primeros cinco paquetes en 36 cantones del país.

“Los contratos en general que están en ejecución, se ha indicado que sería un doble perjuicio suspender obras, porque uno suspende una obra y el tema es cuánto se va a durar en volver a hacer una adjudicación y qué elementos legales pueden existir para la suspensión de una obra”

—  Tomás Figueroa, viceministro de Obras Públicas

Los contratos, siguen

Pese a la investigación y el escándalo en que están inmersos MECO y H Solís, el viceministro de Infraestructura, Tomás Figueroa Malavassi, explicó que los programas del BID deben continuar.

“Los contratos en general que están en ejecución, se ha indicado que sería un doble perjuicio suspender obras, porque uno suspende una obra y el tema es cuánto se va a durar en volver a hacer una adjudicación y qué elementos legales pueden existir para la suspensión de una obra”, aseveró.

Suspender contratos en esta etapa, adujo, podría exponer al Estado a demandas e indemnizaciones por parte de las empresas.

Adelantó que en el caso de los proyectos adjudicados que no han recibido orden de inicio, lo que se ha hecho es pedir una investigación de cada contrato para determinar si se encuentran elementos que determinen que no es conveniente llevarlo adelante.

Además, garantizó que en las obras que se ejecutan se realizarían auditorías técnicas y administrativas.

Supervisoras cuestionadas

Para la supervisión de calidad de las obras cantonales ejecutadas por MECO y H Solís se contrataron empresas que también figuran en el expediente judicial por presunta corrupción.

De acuerdo con la información del MOPT, tres de los cinco paquetes del programa son supervisados por Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería (Cacisa) y los dos restantes estuvieron a cargo de LGC Ingeniería de Pavimentos.

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El expediente del Caso Cochinilla menciona que estas firmas habrían incurrido en pago de dádivas e incluso habrían alterado informes a cambio de sobornos para hacer pasar obras defectuosas como buenas.

A raíz de esta situación el MOPT pidió al Ente Costarricense de Acreditación (ECA) abrir una investigación contra al menos cinco empresas supervisoras.

De encontrarse responsables de maquillar la calidad de la infraestructura pública, ese ente podría suspenderles la licencia para que no puedan participar en futuras licitaciones.

Pero, además de las constructoras y las supervisoras, también el gerente de la Unidad Ejecutora del Programa BID Cantonal es nombrado en la investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía.

Se trata de Édgar May Cantillano, quien actualmente se encuentra suspendido al figurar como imputado en la causa judicial.

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Dentro del legajo se menciona que May Cantillano habría intercedido ante la Municipalidad de Pérez Zeledón para que se encargara de la compra de asfalto en aras de que MECO ejecutara obras en el sector.

Además, se cita que este funcionario se habría interesado para que el llamado paquete de obras número 5, que inicialmente había recaído en la constructora Dinaju S.A, fuera readjudicado en favor de MECO.

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Según el documento, este empleado del MOPT habría recibido dádivas como dinero en efectivo y almuerzos por parte de dos gerentes de MECO, a cambio de brindarles información privilegiada sobre los proyectos.

Asimismo, se detalla que “se interesó e intercedió con su criterio técnico en favor de la constructora MECO, a fin de evitar castigos contractuales para la empresa por motivo de irregularidades con la mezcla en un proyecto que estaba siendo ejecutado en el sector de Esparza”.

Posteriormente, habría realizado un acto similar, también en favor de MECO para evitar castigos contractuales para la empresa relacionados con irregularidades en la mezcla de un proyecto que se ejecutaba en Quepos.

A pesar de eso, la auditora del MOPT, Irma Gómez Vargas, sostuvo el martes ante la comisión de diputados que investiga estos hechos, que a su departamento no le correspondía indagar ninguna de las irregularidades citadas en el expediente.

Alegó que el Caso Cochinilla no salpicaba hechos dentro del Ministerio, sino únicamente a funcionarios y procesos de contratación del Conavi, así como empleados del MOPT que laboran a préstamo en el Conavi.

En una participación anterior, Gómez aseguró que a raíz de los hechos denunciados por el Ministerio Público, su departamento iniciaría una investigación para determinar las razones por las que la mayoría de proyectos del programa cantonal quedaron en manos de las dos empresas cuestionadas.

Además, dijo que se auditaría cada uno de los procesos de adjudicación

En esa intervención realizada el pasado 22 de julio, Gómez añadió que anteriormente los proyectos en rutas cantonales se habían contratado a empresas más pequeñas, pero esta situación generó incumplimientos, pues muchas dejaban los trabajos “botados”.

Otro elemento, dijo, es que las firmas grandes, con más capital, usualmente ofertan precios más bajos en las obras.