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Aparentes irregularidades en la renovación y asignación de rutas de autobús así como nombramientos de funcionarios, motivaron diligencias del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en oficinas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y del Consejo de Transporte Público (CTP), este martes.
Walter Espinoza, director del OIJ, explicó que meses atrás recibieron información relacionada con “conductas delictivas” en el manejo de rutas de buses, en la renovación de permisos para empresas, así como en licitaciones y adjudicaciones de líneas de transporte público.
Igualmente, dijo el jerarca policial, durante la investigación detectaron indicios de nombramientos ilegales.
“Hemos avanzado en el desarrollo de las pesquisas, hemos compilado bastante información. Sin embargo, para poder proseguir con la causa y tener elementos para confirmar o descartar las conductas irregulares a las que estoy haciendo referencia se hizo necesario ingresar al Consejo de Transporte Público, al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y a la vivienda de una de las personas involucradas con los hechos”, comentó Espinoza.
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En total, el OIJ y el Ministerio Público realizaron siete allanamientos por este caso. La oficina de prensa del OIJ indicó que, por ahora, no hay personas detenidas.
Por su parte, Alicia Paz, asesora del jerarca, aclaró que estas diligencias no incluyeron ni la oficina de Amador ni de otras “autoridades superiores”.
“En relación al requerimiento de información hecho por las autoridades judiciales el día de hoy (martes) en algunas dependencias del MOPT, estamos aportando los insumos que el OIJ requiera y colaborando en todo lo que esté a nuestro alcance para el desarrollo que esta investigación. Es importante indicar que esta diligencia no incluye el despacho de ninguna de las autoridades superiores”, dijo la funcionaria.
Por ser un tema propio de las autoridades judiciales, señaló, no se pueden referir al asunto en investigación.
“A raíz de los allanamientos realizados por el Organismo de Investigación Judicial este martes en el Consejo de Transporte Público, la Dirección Ejecutiva facilita la información o documentación necesaria para determinar los hechos que se investigan”, declaró el CTP, a través de su oficina de prensa.
Secretismo con concesiones
En abril de 2021, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Consejo de Transporte Público (CTP) negaron entregar los expedientes de renovación de concesiones de autobús a la entonces legisladora del Partido Acción Ciudadana, Carolina Hidalgo.
En el caso de los expedientes para la renovación de rutas de autobús, los cuales debían firmarse en setiembre de 2021, por un periodo de 15 años, Rodolfo Méndez Mata, jerarca del MOPT en ese momento, alegó que se podrían conocer hasta cuando el proceso estuviera concluido, es decir, hasta que sea hubieran rubricados los contratos con cada operador de rutas de autobús.
“Los contratos de las concesiones por renovarse están en proceso de redacción, es decir, a la fecha no se encuentran concluidos (debe recordarse que la fecha límite para la firma es setiembre 2021) y, por lo tanto, el expediente asociado a dicho contrato se podrá conformar en el momento en que todas las partes que deben ser incluidas en ese documento contractual hayan sido concluidas”, le indicó el ministro a la congresista en aquella ocasión.
También, en marzo del año anterior, La Nación solicitó a Eduardo Brenes, quien fungía como viceministro de Transportes, copias de los expedientes de renovación de concesiones de autobús, pero rechazó la petición bajo el argumento que era “información técnica y privada”.
“Usted no los puede conocer porque es información técnica y privada, estamos en un proceso de análisis de la capacidad empresarial. Entonces, yo sé que el empresario Eduardo Brenes, por poner un ejemplo, en algún momento obtendrá una nota para pasar o quedarse y se puede quedar, en ese momento se tiene que dar a conocer el expediente porque ya forma parte de una vivencia pública, ya sería un tema analizado por el Consejo de Transporte Público, ya se aprobó o se rechazó y entra en las actas de conocimiento público”, afirmó Brenes.
