Aunque todavía no se resuelve la solicitud de finiquito “inmediato” presentada por el contratista a cargo del proyecto Barranca-Limonal, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) analiza un “plan B” para dar continuidad al proyecto y conservar las obras ejecutadas que quedaron con menos del 20% de avance.
El jerarca de esa cartera, Luis Amador, comentó el pasado lunes que en la actualidad se está evaluando la solicitud presentada por la constructora H Solís para determinar no solo si procede, sino cuánto de los $23 millones reclamados por la empresa “se puede pagar”.
“Si ese fuera el escenario y si ese es el caso es inmediatamente activar el plan B, que es salir con una nueva contratación lo antes posible para que las obras no se atrasen más y hacer las medidas de protección que correspondan”, afirmó Amador.
De acuerdo con el ministro, esas labores de protección serían asumidas por personal de la División de Obras Públicas, el cual se encargaría de colocar un sello para proteger las zonas donde ya existe un material de base, mientras se realiza una nueva contratación.
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Semanas atrás, Amador reconoció que la intención de buscar una cesión contractual es evitar un mayor rezago en el proyecto que debería haberse entregado en el primer semestre de este año. Un nuevo trámite de licitación significaría un atraso de alrededor de un año más.
En un oficio remitido al MOPT el pasado 2 de junio, el representante de H Solís, Roberto Acosta Mora, indicó que la solicitud de finiquito se sustenta en una serie de incumplimientos de parte de la Administración, por lo que la empresa exige el pago de $23 millones.
De acuerdo con Acosta, ese cobro se compone de sobrecostos, pagos pendientes por obras ejecutadas, el porcentaje de la garantía de cumplimiento por lo ejecutado y el reclamo del llamado “lucro cesante”, es decir, las pérdidas por no completar el contrato, cuyo monto estimaron en $7,4 millones.
La constructora señala que la solicitud del finiquito surgió ante las repetidas suspensiones registradas en el proyecto y el fracaso en los intentos de ceder el contrato tanto a la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) como a la mexicana Tradeco.
Ambas gestiones fueron rechazadas por el MOPT, debido a que ambas constructoras incumplían requisitos técnicos y financieros.
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La intención del MOPT de sacar a H Solís de esa obra fue anunciada, por primera vez, a finales del año pasado alegando la necesidad de que la empresa avanzara en otros proyectos que tiene a su cargo, como la carretera de Circunvalación norte, en San José, y los intercambios de Taras y La Lima, en Cartago.
Sin embargo, en su oficio del 2 de junio la constructora atribuyó a la Administración las suspensiones en los trabajos y el atraso en las obras por temas legales, demoras en pagos y modificaciones en diseños, entre otros y desde octubre habían pedido poner fin al acuerdo.
Las obras de Barranca-Limonal quedaron con menos del 20% de avance tras haber consumido unos $30 millones del costo del proyecto. Las obras fueron adjudicadas al consorcio H Solís-La Estrella por $182 millones y recibieron la orden de inicio en agosto del 2020.
Además de la ampliación de los 50 km, el plan incluye la construcción de los intercambios de Cuatro Cruces, Monteverde, Judas de Chomes, Guacimal-Pozo Azul y La Irma, así como la intervención de los puentes sobre los ríos San Miguel, Naranjo, Ciruelas, Seco, Aranjuez, Sardinal, Guacimal, Lagarto, Cañamazo, Congo y Abangares.
El proyecto original también contemplaba 16 pasos peatonales y 39 pasos de fauna silvestre. Como parte del proyecto, se incluyó la ampliación de la vía en el sector conocido como La Angostura, al ingreso de Puntarenas, pero esas obras también se encuentran detenidas.