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Este viernes vencen los contratos de concesión de 227 empresas autobuseras sin que los nuevos acuerdos estén listos, situación que obligará al Consejo de Transporte Público (CTP) a autorizar –una vez más– la operación mediante la figura de permisionarios.
Dicho título se daría tanto a las compañías que completaron el proceso para avanzar en la renovación como a aquellas que no cumplieron los requisitos. La razón de aplicar la medida para todos por igual es simple: no se puede dejar a los usuarios sin servicio de un día para otro.
Sin embargo, la figura de permisionarios también constituye un portillo para que líneas de buses continúen operando sin asumir mayores compromisos, como los que el Gobierno prometió que incluiría en los nuevos contratos. Entre estos se encuentran la sectorización y el pago electrónico, objetivos que el país se propuso desde hace dos décadas para ordenar el tránsito y modernizar el transporte público.
Otra de las obligaciones para los buseros, supuestamente incluidas en los nuevos convenios, es la renovación de la flota.
Hasta la noche de este miércoles, 103 empresas habían sido notificadas de que habían cumplido con los requisitos para renovar las concesiones. La estimación era avanzar este jueves hasta completar 161 notificaciones.
No obstante, la notificación es apenas el primer paso del proceso, pues las compañías autobuseras aún deben firmar los contratos para que estos sean refrendados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Dadas estas circunstancias, con requisitos o sin ellos, notificadas o no, la totalidad de las rutas de autobús operarían con permisos, no con concesiones, por un tiempo no especificado a partir de este 1.° de octubre.
El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata insistió en que a partir de este jueves se comenzaría con la firma de los contratos, pero mientras tanto, reconoció que es necesario establecer la figura de los permisionarios para asegurar la continuidad de la operación.
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Méndez Mata afirmó que haber logrado las firmas y refrendos a tiempo “pudo ser lo ideal”, pero atribuyó los atrasos a los efectos de la pandemia. Además, según él, en esta ocasión se realizó un proceso más “meticuloso” para asegurar los temas relacionados con la modernización del transporte público.
Usuario afectado
La figura de permisionario en vez de concesionario despierta preocupaciones y desconfianza para Dennis Meléndez, exregulador de los servicios públicos, quien ha sido muy crítico en torno al tema.
En su criterio, faltaron acciones de la Administración para amarrar a las empresas en esta oportunidad y hacer que se cumpla lo que establece la legislación, según la cual las concesiones deben renovarse cada siete años.
Para Meléndez, muchas empresas pareciera que no quieren llegar al contrato, porque les resulta más conveniente permanecer bajo la figura de permisionario, que no implica un compromiso de su parte, de ahí que no completan los requisitos.
“Todos sabemos que pasan los años, se dan los permisos y nunca se resuelve el tema. Cuando ven la oportunidad de dar una concesión la dan sin mayores condiciones. Se está dejando pasar una oportunidad para exigir temas de calidad que fue una de las razones por las cuales hace siete años no se hizo la renovación de los contratos”, agregó.
La preocupación la comparte Jessie Vega, representante de los usuarios ante el CTP. Declaró que este resultado solo implicará que aumente el número de empresas que quedarán como permisionarias casi de manera permanente debido a la lenta realización de los procesos de licitación.
“El tema de los permisos hay que trabajarlo. Sí afecta (la calidad del servicio) en el sentido del tema de las inversiones que tienen que hacerse para la mejora. Por ejemplo, con el tema de la transición al transporte eléctrico de cara a un financiamiento se vuelve riesgoso”, explicó Vega.
Según la representante del usuario, muchos de esos permisos están fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), lo que complica aún más la realización de un concurso que lleve mejores condiciones a los usuarios por la poca capacidad de las empresas que operan en esas zonas.
El ministro Méndez aseguró que la habilitación de permisos temporales no representa una prórroga para las empresas que no completaron los requisitos de renovación, pues solo se darían las concesiones a las que completaron ya dichas condiciones.
“No sabemos cuánto tiempo va a tomar. Primero hay que ir firmando, las empresas tienen que ir firmando y luego vienen los refrendos y se tendrá que cumplir con lo que mande la Aresep (...) la revisión que ha realizado el CTP y el MOPT es un trabajo enorme con responsabilidad y seriedad, muy completo en medio de un problema que las empresas están enfrentando que es la pandemia”, dijo.
De acuerdo con la información del Ministerio, de las 227 empresas que se presentaron al proceso, 161 (70%) serían renovadas, incluidas 35 del área metropolitana que son las que van a operar bajo el proyecto de sectorización para reducir el número de unidades que ingresan a la capital.
“Las empresas renovadas firmarán el respectivo contrato a partir del mes de octubre, las que no fueron renovadas irán a un proceso de licitación. Mientras tanto, todas ellas seguirán operando bajo la figura de permiso”, respondió el viceministro de Transportes, Eduardo Brenes, ante las consultas de La Nación.
Por su parte, la directora de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), Silvia Bolaños, insistió en que el cronograma de sectorización y pago electrónico no sufrirá alteraciones a pesar del atraso en los contratos.
Según el plan anunciado por el Gobierno, en febrero el pago electrónico comenzará en cinco rutas, mientras que para octubre se espera que al menos una ruta de cada uno de 12 sectores establecidos aplicará el modelo de troncales (varias rutas alimentan a una sola que es la que ingresa a San José).
Bolaños alegó que muchos de los escollos para completar los requisitos ocurrieron por la pandemia. Entre ellos, citó la necesidad de realizar arreglos de pago con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
“Lo ideal es que una vez que en un plazo corto se pueda tener los contratos firmados para que la Aresep los refrende. Lo que dilata más es el refrendo”, afirmó.
En secreto
El otro pendiente en este proceso es la publicidad de los contratos de concesión que firmarán las autobuseras, pues hasta el momento el contenido ha sido una incógnita. Se desconocen las condiciones, los plazos y los cambios que percibirán los pasajeros con las supuestas mejoras que se le exigiría a los empresarios.
Como dijo el exregulador Dennis Meléndez, la ley establece que las concesiones se otorgan por siete años. No obstante, en esta ocasión se manejó la posibilidad de que se dieran por 15 años cuando las compañías adquirieran unidades eléctricas.
La promesa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) es que la información estará disponible hasta que se suscriban esos compromisos, lo que podría ocurrir en dos o tres meses, según sus estimaciones.
Un comunicado de la noche de este jueves adelantó, por ejemplo, que con las nuevas condiciones, las 35 empresas del área metropolitana operarán por sector/subsector y no por ruta individual, “lo que se traduce en un cambio sustancial”. La modificación se efectuará a través de un proceso de transición dividido en 4 etapas con una duración de 6 años.
Para cumplir con la disposición, una vez que se concrete la renovación, las compañías deberán presentar ante el CTP la solicitud de “consorcio operativo” para brindar el servicio.
Además, dice el comunicado, se introducirá el tema de cero emisiones, que compromete a los autobuseros a sustituir las unidades a lo largo del periodo de concesión por una flotilla menos contaminante. Además, se incluye obligatoriedad del pago electrónico.
