EscucharEl Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la Contraloría General de la República (CGR) protagonizaron este martes un nuevo desacuerdo en torno al futuro de la revisión técnica vehicular.
Por un lado, el MOPT anunció que la Junta Directiva del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) aprobó un plan solicitado por el ente contralor que, entre otras medidas, propone prorrogar el contrato con la empresa Riteve “a fin de garantizar la continuidad del servicio”.
Sin embargo, pocas horas después la CGR desmintió mediante un comunicado haber girado dicha disposición o autorizado la eventual ampliación del convenio, cuya solicitud ni siquiera ha sido formalmente presentada ante su División de Contratación.
“La CGR de ninguna manera ha avalado o autorizado lo que indica el comunicado el Cosevi y desmiente que de forma alguna la CGR haya solicitado o autorizado al Cosevi, en las disposiciones del Informe DFOE-CIU-IF-0004-2021, a prorrogar el contrato actual de la inspección técnica vehicular”,señaló la Contraloría.
Recordó, además, que lo que se le pidió al MOPT fue elaborar un programa de trabajo para la etapa de cierre contractual y transición a los nuevos prestarios que garantice la continuidad del servicio.
“Eso no fue cumplido por parte del Cosevi en todo el tiempo transcurrido durante el seguimiento del informe. Por ese incumplimiento fue que emitimos el oficio de reciente envío a la prensa señalando incluso que iniciamos la valoración jurídica de dicho incumplimiento”, agrega el comunicado.
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El contrato con Riteve finaliza el 15 de julio de este año y de acuerdo con la Contraloría no es posible realizar más prórrogas, pues el mismo solo daba posibilidad de otorgar una única ampliación que fue la que se realizó hace 10 años.
Más desacuerdos
El anuncio hecho este martes por el Cosevi sobre los planes para avanzar en el proceso de cierre de contrato y nuevo modelo, se dio luego de que la Contraloría hiciera un vehemente llamado de atención al Ministerio y al Consejo por la inacción para concretar dichas etapas.
Desde hace varios meses, el ente contralor viene advirtiendo sobre el vencimiento del convenio con Riteve, sin que a la fecha la Administración presente una solución. La revisión técnica es un requisito obligatorio que los vehículos deben cumplir para circular en el país.
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El Cosevi alega que una acción de inconstitucionalidad presentada en octubre anterior y que fue acogida para estudio les impedía avanzar en dicho proceso.
Sin embargo, a criterio de la Contraloría dicha acción no suspendió la aplicación de los artículos de la Ley de Tránsito que regulan la revisión vehicular, por lo que esto no debía ser un impedimento para avanzar en la licitación y cierre de contrato actual.
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Una vez que finalice el contrato, las 17 estaciones de Riteve y sus equipos pasarán a manos del Estado. (Rafael Pacheco Granados)
En el comunicado enviado esta tarde, el MOPT asegura que la Procuraduría General de la República determinó que efectivamente los artículos que fueron impugnados mediante la acción ante la Sala IV, sí son inconstitucionales.
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“En vista de lo anterior, la Administración ha considerado que es necesario encontrar una solución alternativa que permita la continuidad del servicio mientras la Sala Constitucional resuelve sobre un asunto tan delicado que pesa sobre dicha norma.
“Por lo tanto, en los próximos días la Administración planteará la solicitud (la prórroga del contrato) ante la División de Contratación Administrativa de la Contraloría para su respectiva valoración, pues no parece prudente que los riesgos asociados a la aplicación del Art. 25 de la Ley 9078 sea el curso de acción para resolver un asunto de tanta trascendencia para el país”, añade el comunicado.
Según la Junta Directiva del Cosevi, entre lo acordado también se encuentran las acciones necesarias para definir el ajuste tarifario que se aplicará una vez que finalice el contrato actual y concluir el traspaso de los bienes de Riteve (propiedades, edificios y equipos), a manos del Estado.
En tanto, la Contraloría recordó al Cosevi y al MOPT que han tenido los últimos 10 años para planificar el cierre del contrato y que desde un año antes de la fecha límite del contrato, se comenzó a advertir mediante informes de fiscalización, sobre la falta de planeamiento de cara a esta etapa.
También indicó que el Cosevi “no puede solventar” la situación a la que se enfrentan en este momento “producto de su inacción”, con una prórroga tal como lo indicó en el comunicado enviado este martes.
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