EscucharEl Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) usó ¢3.209 millones de los fondos destinados al arreglo y mantenimiento de vías para pagar la millonaria condena impuesta contra el Estado, en un juicio planteado por la empresa Aeris, administradora del aeropuerto Juan Santamaría, contra el Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac).
La solicitud del traslado de fondos la realizó el ministro Luis Amador Jiménez durante la sesión del Consejo de Administración del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el 17 de noviembre del 2022, según consta en las actas de la Junta Directiva de ese órgano adscrito al MOPT.
En esa ocasión, Amador manifestó que era necesario realizar el ajuste presupuestario debido a que la sentencia está en firme y en fase de ejecución, por lo que de no realizar el pago podrían ser congeladas las cuentas del Ministerio y de todos sus consejos.
En esa misma sesión, el jerarca insistió en que los fondos se tomarían de una partida de recursos subejecutados, es decir, que no se usaron durante el 2022.
Por su parte, el director del Conavi, Mauricio Batalla, argumentó que en esa partida del presupuesto sin utilizar quedarían ¢35.000 millones; justificó que los recursos no se invirtieron en los arreglos de carreteras debido a la ausencia de contratos de conservación.
Ante las consultas de La Nación, Amador explicó que la condena fue por cerca de $8 millones y afecta al MOPT y sus órganos desconcentrados.
“El presupuesto de Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac) es una subpartida del presupuesto MOPT y ahí están igual Conavi, Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), Consejo de Transporte Público (CTP) y Consejo Nacional de Concesiones (...) entonces era urgente el pago de la sentencia”, dijo.
El ministro afirmó que los recursos que se tomaron del Conavi no iban a ser utilizados en arreglo y mantenimiento de vías debido a la ausencia de contratos. De ahí que tuvieron que pedir la autorización de la Contraloría General de la República (CGR) para atender labores de conservación mediante imprevisibilidad.
Durante todo el 2022 la red vial llegó a una de sus peores condiciones tras sumar casi dos años en abandono total. Esto debido a la falta de contratos para atender las carreteras, el efecto del llamado Caso Cochinilla (por supuesta corrupción en obras viales) y la carencia de recursos debido a los recortes presupuestarios que aprobó la Asamblea Legislativa.
Desde el inicio de la actual administración, el 8 de mayo, las autoridades del MOPT y Conavi insistieron incluso en la necesidad de un presupuesto extraordinario, que era necesario para hacer frente a dicha situación, el cual llegó casi a finales de año.
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Sin embargo, la lentitud para sacar a licitación los nuevos contratos de conservación --que apenas comenzaron a adjudicarse a finales de noviembre-- hizo que más bien el año terminara con recursos sin utilizar en las arcas del Conavi.
Sobre el pago de la condena, Amador aseguró que los fondos fueron liberados el 22 de diciembre y solo quedaba pendiente coordinar el pago con la Tesorería Nacional.
El reclamo de Aeris
El proceso judicial que derivó en la condena fue accionado por Aeris, empresa gestora del Santamaría, en el 2011, para reclamar que dos años antes el Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac) le obligó a pagar 26 multas por incumplimientos contractuales, que en su criterio estaban prescritas.
Esas sanciones provenían de los incumplimientos incurridos por el operador anterior, Alterra, el cual suspendió obras de ampliación de la terminal entre los años 2003 y 2004.
Pese a los alegatos de Aeris para evitar el pago de las multas heredadas por su predecesor, el Cetac rechazó todos los recursos e impuso el pago de $8,7 millones (¢5.227 millones), los cuales la empresa terminó depositando bajo protesta, al tiempo que inició la acción legal en contra del Estado.
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Sobre el caso, el Tribunal Contencioso Administrativo emitió sentencia condenatoria en el 2015 y quedó firme mediante la resolución 00372-F-S1-2021 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.
De esa forma las pretensiones de Aeris se declararon con lugar al determinarse que, en efecto, las multas estaban prescritas, por lo que se ordenó al Cetac devolver los $8,7 millones, más los intereses que corrieron desde el 8 de febrero del 2011 (fecha en que se hizo el pago) hasta la fecha que se complete la devolución.
Aunque el MOPT no detalló a cuánto asciende el monto total que debe incluir intereses y costas del proceso, en las actas del Consejo Directivo del Conavi se agregó que para cubrir el pago también se acudiría a fondos del Cosevi.
La condena no es la única deuda que tiene el Estado con el gestor del Santamaría. Aeris también tiene pendiente un reclamo por $130 millones correspondientes a las pérdidas sufridas durante la pandemia, cuando se paralizaron las operaciones aéreas durante varios meses.
Para hacer frente a esa obligación, el Gobierno planea extender el contrato con el gestor por 10 años más a partir del 2026, aunque esa alternativa no era bien vista por el anterior secretario de concesiones.
Otra condena
Además de los pagos al gestor, el MOPT también deberá buscar los recursos para hacer frente a otra condena penal. Esta vez es a favor del anterior encargado de la revisión técnica en el país, la empresa tico-española Riteve SyC, que prestó ese servicio hasta julio del 2022.
En agosto anterior la Sala Primera falló a favor de Riteve y en contra del Estado, debido a que este último incumplió con los ajustes tarifarios de la revisión técnica vehicular en el 2016, luego de 11 años sin un cambio.
Tal situación se dio porque, aunque ya existía un modelo tarifario establecido por el MOPT, este no había sido publicado en el diario oficial La Gaceta y, por ende, no estaba en vigencia.
El monto de este pago aún debe ser establecido en la etapa de ejecución de la sentencia.
