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El informe técnico que según el ministro Luis Amador Jiménez emitieron ingenieros y otros expertos para justificar la decisión de apertura de la ruta 1 a la altura del cerro Cambronero, el sábado 17 de setiembre, horas antes de que un bus cayera en un guindo al ser impactado por un derrumbe, es un misterio.
Desde la semana anterior, La Nación solicitó, tanto al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) como al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el documento con esos criterios técnicos así como el protocolo citados por Amador en la conferencia que tuvo lugar el día después de la tragedia donde murieron nueve personas, pero a la fecha, estos no han sido entregados.
El paso por Cambronero había amanecido cerrado ese sábado 17 de setiembre debido a múltiples deslizamientos en puntos distintos al del mortal derrumbe.
Según las declaraciones de Amador, dadas en Casa Presidencial el domingo 18, la ruta se abrió luego de la aplicación de un protocolo.
“Hay un protocolo en el cual los ingenieros en sitio hacen una valoración integral de la limpieza que se ha hecho del sitio como tal, del riesgo que existe, emiten un informe, ese informe es remitido al supervisor o a quien esté coordinando las acciones en campo. Generalmente, lo que es Conavi, sería el administrador vial y después el ingeniero de zona y, con base en eso, se da la apertura si se estima que no hay riesgo”, expresó aquel día.
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Este martes 27 de setiembre, por medio de las respectivas oficinas de comunicación y la asesora del ministro, La Nación solicitó nuevamente dichos documentos que, según el jerarca, se emitieron antes de la apertura.
La oficina de prensa del Ministerio indicó: “Los informes técnicos están aún en proceso de elaboración y serán dados a conocer por las autoridades una vez que estén completos y sean analizados, por lo que de momento no es posible hacérselos llegar”.
Tras volver a consultar a ese despacho, insistiendo que se trata de informes previos y no los correspondientes a las investigaciones posteriores que se llevan a cabo, no se tuvo respuesta.
Por esa misma vía, y en atención a las preguntas enviadas el martes de la semana anterior se indicó que “las autoridades no se van a referir más al tema hasta tanto no se completen los informes técnicos de ingeniería y otros que se están elaborando en estos momentos”.
Protocolos, una y otra vez
Tanto Amador como el director del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Mauricio Batalla, insistieron ese domingo posterior al hecho, en que la habilitación de la ruta se hizo siguiendo protocolos, aunque reconocen que la decisión sobre la seguridad de la vía se tomó con base en criterios visuales.
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En relación con el proceso para la toma de decisiones, el ministro aseguró que el protocolo mencionado consiste en que los ingenieros en el sitio hacen una evaluación de la limpieza y del riesgo; luego, emiten un informe al supervisor o a quien esté coordinando las acciones en campo.
En cuanto al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), dijo que el informe debe llegar al administrador vial y después al ingeniero de zona y, con base en eso, “se da la apertura si se estima que no hay riesgo”.
“Ese es el protocolo que se sigue y es el que se siguió ayer (el sábado 17 de setiembre). Lamentablemente, tuvimos una cantidad impresionante de lluvias. Las fallas geológicas, a veces, no pueden ser detectadas. Se siguieron todos los protocolos tal como dicta la norma”.
En tanto, el director del Conavi sostuvo que ellos reciben un reporte de parte de un grupo interdisciplinario conformado por ingenieros y geólogos, previo a la decisión de apertura, la cual es tomada por los mismos ingenieros y comunicada al Tránsito.
“La palabra final de la reapertura la tiene el grupo interdisciplinario de profesionales y ellos nos informan a nosotros. La orden final no la damos nosotros, eso el grupo interdisciplinario que están en campo, yo no estaba en campo, cómo iba a saber yo si estaba bueno o malo, ellos después de hacer su protocolo igual que lo hacen ahí y lo hacen en todos los demás deslizamientos en todo el país, hacen su protocolo y a partir de ahí toman la decisión. Se nos hace el reporte del caso y a partir de ahí se da a Policía de Tránsito”, explicó Batalla.
El ministro Amador también ha hecho referencias a que la Policía de Tránsito tenía autoridad para cerrar la vía pero desconoce por qué no lo hizo. Asimismo, relacionó la necesidad de apurar la apertura del cerro Cambronero con que la empresa a cargo de la ruta 27 no suspendió el cobro de peajes; sin embargo dicha información fue desmentida por la concesionaria y por el secretario de concesiones, Eduardo Chamberlain, quienes coincidieron en que la solicitud formal para levantar las agujas en las casetas de peajes se concretó hasta el domingo 18 de setiembre, es decir después de ocurrida la desgracia.
Tanto Batalla como Amador, serán llamados a comparecer ante la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa, luego de que los diputados de ese foro aprobaran abrir una investigación para determinar las circunstancias en las que se dio la tragedia.
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La Fiscalía de San Ramón también abrió una causa penal para determinar las causas del accidente y determinar eventuales responsables.
