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La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) sobrevivirá con fondos propios por al menos un mes más, a pesar de que la Junta Directiva de la entidad había proyectado la quiebra de la empresa estatal para abril.
El informe entregado por el expresidente ejecutivo, Greivin Villegas, el mismo día que fue destituido, detallaba que la entidad portuaria cerraría en marzo con pérdidas por ¢2.600 millones; sin embargo, la nueva jerarca, Andrea Centeno, aseguró que esa no fue la realidad que encontró al finalizar el mes.
“El primer escenario fue el que se presentó en los oficios al Gobierno. Marzo estaba en rojo y se proyectaba el cierre (técnico) a principios de abril. Marzo tenía un déficit de ¢2.600 millones, pero yo cerré marzo bien, pagué la primera quincena de abril y están garantizados los recursos para el segundo pago del mes”, dijo Centeno.
No obstante, la presidenta ejecutiva, que asumió funciones el pasado 26 de marzo, reconoció que la institución sí atraviesa una crisis financiera, debido a que perdió el 70% de la carga comercial que atendía en el Caribe, antes de la entrada en operaciones de la Terminal de Contenedores de Moín.
“Sí sabemos que hay un problema y eso no hay que ocultarlo. Tengo que afinar de cuánto es el hueco financiero, qué opciones hay para cerrarlo y si se necesita o no de la ayuda estatal. Mi reporte tiene que ir en esa claridad, para que el presidente y los ministros tomen decisiones”, manifestó la presidenta ejecutiva.
Otro de los esfuerzos que realiza la nueva jerarca de Japdeva, para aplazar la posible intervención del Estado, es la captación de nuevos clientes para generar ingresos, centrándose especialmente en el negocio de carga de granel.
Los salarios, las cargas sociales y los incentivos de los 1.200 empleados de Japdeva significan una carga de unos ¢2.400 millones mensuales, según la proyección de flujo de caja presentada por la entidad al Gobierno. En contraparte, la institución proyectó ingresos por alrededor de ¢1.300 millones.
El Gobierno se comprometió con el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) a mantener en funcionamiento la línea portuaria de la entidad, pese a la drástica caída de ingresos en la institución. Además, se comprometió a continuar cumpliendo con el pago de la planilla.
Hasta el momento, solo dos trabajadores decidieron aceptar los traslados ofrecidos por el Gobierno, el cual invitó a los empleados de Japdeva a aceptar nuevos puestos de trabajo en otras instituciones estatales, con el objetivo de que no fueran despedidos de la entidad portuaria.
No obstante, tanto Japdeva como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social continúan haciendo esfuerzos para disminuir el tamaño de la planilla de la institución mediante este modelo para colocar a los trabajadores portuarios en otras entidades.
“La puerta sigue abierta para todos los trabajadores, continuaremos haciendo esfuerzos siempre entendiendo que los traslados son voluntarios y son ellos los que tienen la última palabra", manifestó el ministro de Trabajo, Steven Núñez.
Con los traslados horizontales, el Gobierno se evita tener que pagar liquidaciones a los empleados públicos que se acojan a esa posibilidad porque, aunque cambien de institución, el patrono continúa siendo el Estado.
Los funcionarios que acepten la movilidad mantendrán las condiciones acumuladas durante su paso por Japdeva, para el momento que tengan que recibir la liquidación, cuando cesen la relación laboral con el Estado.
De tener que hacer despidos masivos en Japdeva, el Estado deberá recurrir a la deuda pública para poder financiar el pago de los derechos de los trabajadores de la institución limonense, según reconoció el presidente de la República, Carlos Alvarado.
