El presidente del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) a partir del 8 de mayo, Widman Cruz, aseguró que revisar el cartel para la ampliación del puerto Caldera será una de sus prioridades una vez que asuma el cargo.
Cruz reconoció la urgencia de sacar a licitación la ampliación del principal muelle del Pacífico, colapsado desde hace más de cuatro años y cuyo contrato de concesión vence hasta el 2026.
El futuro jerarca aseguró que la intención es revisar en conjunto con el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), el cartel que según la actual administración quedará listo.
“Tengo entendido que el nuevo cartel estaba elaborado, hay que analizarlo para ver si hay que hacer algún cambio y si no, pues empezar con la licitación pública internacional que tanto hace falta. Eso es rápido, esperamos inmediatamente entrando al gobierno que sea una de nuestras prioridades, para que de una vez la licitación empiece a publicarse con todos los procesos de ley que conlleva”, declaró Cruz.
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Además, sostuvo que el plan maestro que definió las especificaciones de ese cartel podrían ser objeto de revisión, especialmente en la parte financiera, a fin de analizar los términos de referencia que se utilizaron para fijar los montos propuestos.
Él espera que el proceso de licitación para la nueva concesión quede listo antes de que termine este año.
La actual administración planteó como “escenario optimista” que de completar la licitación este año, los trabajos comenzarían en el 2025 y a partir de ahí, la ejecución de las obras necesarias para hacer más eficiente el puerto tomarían otros 24 meses.
Desde inicios del 2019, el Incop reveló que Caldera estaba tan colapsado como 13 años atrás, cuando se concesionó, precisamente, para hacerlo más eficiente.
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A finales de ese mismo año, el plan maestro por el que el Gobierno pagó $560.000 indicaba que era urgente que las mejoras en ese muelle de carga empezaran en el 2021, sin embargo, la Administración procuró en primera instancia buscar la autorización de la Contraloría General de la República para fusionar los dos contratos vigentes y ampliar la concesión actual, gestión que fue rechazada y que se tradujo en más atrasos.
El plan maestro advirtió que de no hacer nada en el corto plazo, el colapso de Caldera traería consecuencias graves para los costarricenses, principalmente en impuestos y precios, pues de no ejecutarse las mejoras, el puerto perdería carga en el corto plazo, las tasas de importación y exportación podrían subir, la posibilidad de exportar frutas a China será muy limitada y, hacia el futuro, se convertirá en un pequeño puerto muy local para cruceros, carga general, etcétera.
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Se calcula que el muelle requiere una inversión de al menos $251 millones para realizar obras en dos fases, en las que se contemplan la reducción del problema de sedimentación y el desarrollo de la terminal de contenedores.