“El atraso se dio por problemas con las expropiaciones”. Esta es, quizás, una de las frases más frecuentes que usan las autoridades para justificar la lentitud e incumplimiento en los plazos de ejecución de las obras de infraestructura.

Sin embargo, el trámite para adquirir los terrenos necesarios para ensanchar carreteras o atravesar propiedades no debería convertirse en una “pega”, si se planifica adecuadamente.

“El tema expropiatorio se convierte, efectivamente, en uno de los detonantes muchas veces de atrasos en el proceso de ejecución de obra pública. Se debe, precisamente, a temas de conceptualizar la expropiación desde la planificación de los proyectos, por ahí es donde se ha estado fallando por bastante tiempo”, aseguró Alex Ureña, encargado del Departamento de Adquisiciones de bienes inmuebles del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

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De acuerdo con el funcionario, para poder iniciar con los procesos de expropiación, primero deben contar con los diseños de la obra y los planos de catastro, pero eso se sale de sus potestades.

“Nosotros gestionamos todo el proceso y preparamos el expediente para hacerlo llegar, sea a un juzgado o notaría del Estado, para confeccionar una escritura. Pero si no existe esa definición del diseño final del proyecto junto, con los mosaicos de expropiaciones, no se puede iniciar formalmente. Ahí es donde se ha tenido un poco de deficiencia, pero se ha venido trabajando en regularizar esa situación”, sostuvo Ureña.

En ese sentido, aseguró que desde la entrada en vigencia de la reforma a la Ley de Expropiaciones se han tenido mejoras “sustanciales” en los plazos.

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Antes de esa modificación, el departamento tenía capacidad para tramitar unos 250 expedientes por año. Aún no cuentan con un estimado sobre cuánto podría aumentar la capacidad la agilización de los procesos.

Con la reforma, los juzgados ahora tienen un plazo corto (cinco días) para emitir una resolución preliminar cuando el dueño de un terreno objeta el monto ofrecido por su propiedad. A partir de ese fallo, la administración puede tomar posesión del bien en un plazo no mayor de dos meses, aunque todavía no se haya dictado la sentencia final.

Sin embargo, el funcionario insistió en que la judicialización de los procesos no es, precisamente, lo que genera los atrasos, sino la falta de planificación, aunque aseguró que actualmente se trabaja en cambiar esto.

Consideró que, con el adecuado proceso, cada trámite de expropiación no debería durar más de siete meses. Sin embargo, admitió que el plazo final depende de cuántos procesos se pueden llevar al mismo tiempo y para esto también se debe considerar el accionar de todos los involucrados, desde la unidad ejecutora, el Registro Nacional, la administración que debe depositar los fondos y los juzgados.

Oficina se reforzaría para atender la ruta 32

Aunque la ampliación de la ruta 32 (San José- Limón) ya cuenta con orden de inicio, aún no ha comenzado ni uno solo de los procesos de expropiación, pues aún faltan los diseños finales que fueron contratados a la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC).

Actualmente, las autoridades no tienen siquiera la certeza de cuántas propiedades se deben expropiar

“Nosotros un dato oficial no lo tenemos completamente por escrito. Lo que hemos estado conversando con ellos es que el dato que se maneja a nivel de unidad ejecutora son cerca de 1.200 expropiaciones, pero se están trabajando mejoras en el proyecto de manera que sea un poco menos”, aseguró Ureña.

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Frente a ese panorama, la administración tampoco tiene claro cuánto tiempo les tomará completar el proceso para expropiar los terrenos.

Empero, de acuerdo con el funcionario, ya empezaron a tomar previsiones para hacer frente al volumen de procesos que deberán enfrentar una vez que se cuente con los planos y diseños definitivos.

“En el caso nuestro, a nivel de departamento ya se tiene el estudio de mercado para ejecutar los avalúos a lo largo de todo el corredor vial y ya estamos trabajando en pasos previos a la conformación de expedientes, Queremos estar listos para no comenzar de cero cuando se tengan los planos”, explicó.

Además, se notificará a las otras instancias (juzgados y notaría) sobre el volumen de trabajo que se vendrá.

“Lo que nos han externado es que ellos podrían fortalecer de manera temporal las unidades del tema de expropiaciones para dar cabida a esto. Lo mismo nos ha sucedido con la Procuraduría General de la República”, añadió.

Pese a esto, el funcionario reconoció que lo que enfrentarán con el proyecto de la ruta 32 no es sencillo.

“En sí, por la envergadura que conlleva ese proyecto de aproximadamente 107 kms, es un tema de volúmenes muy altos (...). En el tema expropiatorio, debido a que también se afectan algunos centros de población, va a ser complicado el poder ejecutar todo el paso a paso del proceso”, dijo.

Para Ureña, si bien no es lo óptimo dar órdenes de inicio sin tener lista la etapa de expropiaciones, lo considera como un riesgo que en ocasiones es necesario tomar.