Sin que todavía comiencen las obras para la ampliación de la carretera San José-San Ramón, el plan vial ya consumió ¢2.300 millones en la fase previa, solo en gastos administrativos.

Ese es el costo hasta la fecha de los salarios y comisiones de la unidad administradora del proyecto, que se desarrolla mediante un fideicomiso en manos del Banco de Costa Rica.

Esta unidad ejecutora comenzó a funcionar el 13 de diciembre de 2017, fecha desde la cual comenzaron a correr los gastos estipulados en la adenda primera del contrato del fideicomiso.

Según dicha adenda, durante la fase “preoperativa” del proyecto, el BCR recibe una comisión por sus labores como fiduciario de $31.069 mensuales, es decir, ¢18 millones al tipo de cambio actual.

Entretanto, los salarios mensuales para los 22 funcionarios de la oficina implican una erogación de $147.438, que corresponden a ¢86 millones.

En suma son ¢104 millones al mes, entre sueldos y comisión.

Los montos son valores fijos que se aplican desde la orden de inicio (diciembre de 2017) y se mantendrán durante toda la etapa preoperativa, establecidos en la adenda y confirmados por la oficina.

Estas sumas se cancelan bajo el concepto de suma alzada, es decir, no se pueden pedir ajustes por ese monto hasta completar las labores dispuestas en esa fase.

La ampliación de la carretera de 60 km está pendiente desde 2004 pero no fructificaron los contratos de concesión. En febrero de 2015, se firmó la ley que creó el fideicomiso, en un nuevo intento para concretar el proyecto.

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, justificó lo invertido hasta ahora y aseguró que la cifra y el lapso obedecen a la “velocidad de la legislación costarricense” y los medios con los que se cuenta para desarrollar las obras.

Por fases

Los sueldos y costo por administración se incrementarán en la etapa constructiva, cuando el pago por comisiones al BCR se elevará $37.173 mensuales desde que se ordene el inicio de trabajos en cualquiera de los tramos del proyecto, hasta la entrada en operación de cualquiera de esos; en la fase operativa aumentaría a $38.282.

En el caso de los salarios, el rubro mensual en esa siguiente fase, sería de $156.615 y posteriormente en la etapa operativa llegaría a los $163.609 que se mantendrán hasta que termine el contrato de fideicomiso.

Los fondos invertidos hasta ahora son cubiertos por los aportes que debe realizar el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), que fungen como fideicomitentes así como los recursos que obtiene el fideicomiso por la recaudación de los peajes de Río Segundo y Naranjo.

Según detalló la oficina de prensa del Fideicomiso Ruta 1, durante los 22 meses de gestión de la unidad administradora se han desarrollado cuatro actividades correspondientes a la etapa “preoperativa” del proyecto.

Esas actividades comprenden la preparación de la normativa del fideicomiso y los estudios de factibilidad técnica, ambiental, social, económica y financiera. También se definió el programa de obras impostergables (conocidas como OBIS) y se realizaron análisis técnicos y económicos de cara a la entrada en administración de los peajes.

Las OBIS

El pago del costo de esos estudios, también debe ser cubierto por los fideicomitentes (MOPT-Conavi) que además se encargarán de cubrir el diseño y construcción de las 17 OBIS, que son intervenciones a lo largo del corredor San José-San Ramón que se empezarán a construir en diciembre para mejorar la transitabilidad, antes de que se inicie la ampliación.

“Tengo la impresión de que han constituido un equipo muy profesional y han avanzado con prudencia en un proceso de precalificación de empresas mientras se diseñaban las obras (impostergables). Han asumido la supervisión de los diseños de todas las OBIS, todo el proceso de contratación, estudio de factibilidad de las obras y mi valoración es que hay un equipo técnico que mido que hace todo con propiedad”, manifestó el ministro.

Méndez dijo que se trata de “realidades” de estos procesos pues cuando se habla de costos de estudios son montos altos.

El presupuesto para cubrir esos rubros, así como para las 17 obras impostergables saldría de los $65 millones que aportaría el Conavi, así como un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $50 millones que el MOPT tramita además de lo que el Fideicomiso recaude por los peajes.

“Ese modelo de financiamiento (aportes de los fideicomitentes) le ha permitido al fideicomiso disminuir el monto de las inversiones y gastos totales del proyecto, lo cual contribuirá a mejorar la bancabilidad; es decir, hace más atractivo el proyecto para las entidades financieras que pudieran tener interés en financiar el resto de la ampliación de la carretera.

Como estos gastos e inversiones se realizan con aportes de los fideicomitentes, no se cargan a las tarifas de peaje, por ende, le permitirá al fideicomiso ofrecer a los usuarios una tarifa de peaje más ventajosa”, indicó la vocera de la oficina, María José Alvarado.

Una vez que el Banco de Costa Rica complete la estructuración financiera del proyecto recibirá una remuneración por esos servicios del 1,5% del monto total a financiar, el cual aún no ha sido definido pero se estimó en $650 millones.

Adicionalmente, el BCR también debe buscar el financiamiento para la etapa de preinversión y las expropiaciones, para lo cual se requieren unos $35 millones.

La intención del Gobierno es que las OBIS se lleven a cabo mientras el BCR contrata los estudios de factibilidad y financieros, concluya el diseño, defina el número de expropiaciones requeridas para el proyecto; y fije las tarifas de peaje de la nueva ruta.

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El mes anterior, la directora del fideicomiso, Hadda Muñoz, dijo que mientras se avanza en las OBIS trabajan en el diseño de la estructura tarifaria de toda la etapa preoperativa para determinar cuántos podrían recaudar por conceptos del peaje y a partir de ahí determinarían las opciones de crédito a las que podrían acceder.

El año pasado, la Procuraduría General de la República le autorizó al BCR financiar la construcción de la nueva vía, con la condición de que los aportes se hagan en asocio con otros bancos bajo la modalidad de crédito sindicado.

La ampliación de la carretera a San Ramón había sido dada en concesión a la constructora brasileña OAS por $524 millones; sin embargo, en abril del 2013, la entonces presidenta Laura Chinchilla cedió a la presión de los ramonenses que se oponían a los cobros de peaje previstos, por lo que tuvo que revocar la concesión.

“Ya el diseño que estaba comprometido con OAS ha quedado por completo superado. El actual es un proyecto más amplio y distinto de mayor dimensión y ese es el trabajo que venimos haciendo con el equipo del fideicomiso.

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“Ya en este momento, si hubiésemos seguido con aquel contrato, ya estaríamos como en la ruta 27 donde ahora estamos con dificultades viendo cómo la ampliamos. Con aquel contrato de OAS, jamás habríamos llegado al 2044 sin antes ampliar. La realidad en este caso es distinta porque las dimensiones de todo el proyecto incluyendo OBIS son mucho mayores”, manifestó Méndez.

Aumenta recaudación en peajes

Desde que el Fideicomiso Ruta 1 asumió la administración de los peajes en Alajuela y Naranjo, los ingresos por esos cobros se incrementaron en un 11% y 22% respectivamente.

Según la información de la unidad administradora del proyecto, desde julio solo se suspende el cobro en el peaje de Río Segundo cuando la fila de vehículos es de más de 900 metros (antes el cobro se suspendía en hora pico todos los días).

Esa medida les permitió pasar de recaudar en ambas estaciones de ¢71 millones en julio a ¢147 millones en setiembre.

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Adicionalmente, el fideicomiso prepara los estudios para ampliar las casetas existentes y automatizar el cobro del peaje, mediante dispositivos electrónicos para agilizar el pago en ambas estaciones.

Además, tanto la directora del fideicomiso, Hadda Muñoz, como el jerarca del MOPT, Rodolfo Méndez, confirmaron el mes pasado que se trabaja en una propuesta para solicitar un aumento a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

La estimación del BCR es que el peaje de Río Segundo suba de ¢75 a ¢200 y el de Naranjo de ¢150 a ¢400.

Para el BCR esos fondos serían “indispensables” para avanzar en el proceso que incluye la búsqueda de recursos para expropiaciones, reubicación de asentamientos y relocalización de servicios.

Colaboró el periodista Juan Fernando Lara S.