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La investigación del OIJ sobre presunta corrupción en obras viales señala que la constructora MECO habría accedido a un crédito del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), en el 2020, con una certificación de fondos ilegal emitida por el entonces gerente financiero del Conavi, Carlos Solís.
Según el expediente del Caso Cochinilla, en febrero del año pasado, Abel González Carballo y Alejandro Bolaños Salazar, gerente de operaciones y gerente comercial de MECO, respectivamente, se acercaron a Solís con el fin de que les brindara una certificación presupuestaria.
Para esto, el exgerente financiero “aceptó una dádiva consistente en el pago de un almuerzo en el restaurante Novillo Alegre”, dice la investigación.
El expediente señala que MECO necesitaba la certificación para comprar estructuras a la empresa Waagner Biro Bridge Systems, pero corría el riesgo de no recibirla si la solicitaba al departamento Legal del Conavi.
Waagner Biro Bridge Systems es una empresa originaria de Austria dedicada a la ingeniería de puentes.
Por eso, los personeros de la constructora acudieron al entonces gerente Financiero de la institución, con quien tenían mucha cercanía.
“González Carballo y Bolaños Salazar, en aras de obtener financiamiento del Bicsa para, en apariencia, concretar la compra de estructuras de la empresa Waagner Biro Bridge Systems, buscaron la ayuda de Solís Murillo, a fin de que les extendiera una certificación de contenido presupuestario sin avisarle al departamento Legal de Conavi, dado que se expondrían al rechazo de esa solicitud”, dice el expediente.
El documento del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sostiene que, en la certificación enviada por el entonces gerente financiero, este aseguraba que existían recursos apartados en el Conavi para el proyecto que MECO necesitaba financiar, lo cual era presuntamente era falso, además de que ese tipo de certificaciones le correspondían al área Legal.
“Los imputados Abel González Carballo y Alejandro Bolaños Salazar dieron dicha retribución económica con el fin de que Solís Murillo realizaran un acto contrario a sus deberes, emitiendo un documento dirigido a Bicsa en donde el gerente financiero de Conavi aceptaba la cesión de crédito y certificaba que el proyecto contaba con recursos, acciones que además de ser ilegales no le correspondía al funcionario público, sino que era una función que solo podía realizar personal del departamento Legal de Conavi”, agrega la investigación judicial.
El OIJ interceptó llamadas entre los sospechosos, en las que se ponen de acuerdo para obtener la certificación, así como un correo electrónico enviado por Solís a un funcionario de Bicsa.
“Se deduce, una vez más, la importancia que representa Solís Murillo para los imputados, comprendiendo incluso la verificación de intereses privados y distantes de las obligaciones entre Conavi y MECO, lo que confirma aún más la estrecha relación entre ellos”, señala el documento.
Abel González Carballo, Alejandro Bolaños Salazar y Carlos Solís Murillo se encuentran detenidos desde los allanamientos ocurridos el pasado 14 de junio; el Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva para ellos.
Llamadas clave
El 10 de febrero del 2020, a las 12:16 p. m., se efectuó una llamada entre González Carballo, Bolaños Salazar y otro sujeto que identificó únicamente como Luis Diego, en la que se habló sobre tratar el tema del financiamiento del proyecto con Solís Murillo.
Ese mismo día, al ser las 3:05 p. m., se registró una llamada entre el exgerente financiero del Conavi y Alejandro González Carballo, en la que acordaron la confección del documento para el crédito con Bicsa.
El 11 de febrero, a las 10:11 a. m., Alejandro Bolaños y Carlos Solís hablaron de nuevo sobre remitir la información a un empleado de Bicsa a una dirección electrónica que le fue dada al funcionario público. A la 1:49 p. m. del mismo día, los funcionarios de MECO se comunicaron y confirmaron el envío de la certificación al banco.
Para el 12 de febrero del 2020, a eso de las 9:43 a. m., una llamada entre Alejandro Bolaños y Carlos Solís reveló que este último le dice al gerente de MECO que “ya todo estaba bien con Bicsa”.
Unos días después, el 25 de febrero de 2020, Alejandro González Carballo y Allan Fernando Rivera, empleado de la empresa Waagner Biro Bridge Systems, mencionan la misma carta de crédito para las estructuras que MECO quería adquirir, lo que según el OIJ terminó por confirmar los hechos irregulares cometidos por estos hombres.
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