Con base en el testimonio de un exfuncionario de la Contraloría General de la República que luego asesoró una constructora vial, el OIJ y la Fiscalía manejan la hipótesis de que la División de Contratación Administrativa de ente contralor habría aconsejado “sutilmente” a la constructora MECO sobre cómo asegurar la obtención de un contrato.

Las pesquisas giran en torno a la adjudicación del contrato para construir el paso a desnivel de las Garantías Sociales, en Zapote, por un monto de $17,6 millones.

Este es uno de los motivos por los cuales el gerente de esa área de la CGR, Allan Ugalde Rojas, figura como uno de los investigados en el expediente judicial conocido como Caso Cochinilla, sobre presunta corrupción en contratos de obra pública.

Los supuestos hechos fueron relatados al OIJ por el abogado Navil Alberto Campos Paniagua, quien se había desempeñado como gerente de las áreas de Denuncias y División Jurídica de la Contraloría.

Luego de su salida de la Contraloría, este abogado trabajó para la firma Licitex, para representar a la constructora FCC, compañía que perdió el contrato de Garantías Sociales frente a MECO.

Este abogado Navil Campos se postuló el año pasado para ser contralor general de la República en el concurso que abrió la Asamblea Legislativa, pero no obtuvo ningún voto en el plenario. Resultó reelecta la actual contralora Marta Acosta.

Según la tesis del OIJ, Allan Ugalde habría rechazado dos objeciones de la empresa FCC en contra de la adjudicación del proyecto a MECO, a pesar de que esa última compañía en apariencia mintió sobre uno de los requerimientos exigidos para concursar por esa obra.

Entre otros aspectos, señala el expediente judicial, el cartel licitatorio exigía a las constructoras contar con un ingeniero residente que se hubiese desempeñado en, al menos, tres obras de infraestructura en el extranjero.

Según la tesis del OIJ, fue en este punto en el que, aparentemente, la División de Contratación Administrativa de la Contraloría —liderada por Ugalde Rojas— habría intervenido para sugerir a MECO cómo corregir el incumplimiento del requisito.

“Incluso, extralimitaron sus facultades y alcances como División para sugerir sutilmente cómo subsanar o reemplazar esta experiencia en el extranjero, por experiencia en obras de infraestructura a nivel nacional (...). En esta resolución, la Contraloría favoreció a la empresa MECO al mostrarle muy sutilmente cómo fundamentar la experiencia del ingeniero residente, la cual efectivamente MECO podía cumplir”, señala textualmente un informe del OIJ del Caso Cochinilla.

De acuerdo con los hechos recogidos por el Ministerio Público, la empresa MECO acreditó que el ingeniero residente que se dedicaría a esta obra había desempeñado esa función en la construcción de un bulevar en Santa Tecla, El Salvador.

Sin embargo, el Ministerio de Obras Públicas de esa nación centroamericana informó de que ese ingeniero no fue residente en esa obra.

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MECO también señaló que participó en la construcción de una carretera en Panamá, pero la legislación de ese país centroamericano prohíbe que los ingenieros residentes sean extranjeros.

El Ministerio de Obras Públicas de Panamá también habría emitido un certificado identificando a los ingenieros residentes de esas obras.

En síntesis, el ingeniero residente ofrecido por MECO solo contaba con una de las tres experiencias internacionales demandadas en el cartel licitatorio que finalmente obtuvo. Esa experiencia externa no se menciona en el expediente judicial.

El exfuncionario de la CGR que expuso los presuntos hechos le dijo al OIJ que dejó esta institución por diferencias de criterio con la contralora general, Marta Acosta. Según afirmó, Acosta había manifestado que Campos tenía “una visión de trabajo distinta a la de ella”.

“Lo declarado por el testigo es extremadamente importante. Una de las principales razones por las cuales es indispensable asegurar en los procesos de contratación administrativa es que un profesional en ingeniería cuente con la experiencia suficiente (...).

“En apariencia, lo referido por el testigo también se corresponde con lo que la Policía logró corroborar a partir de las diligencias, dando cuenta que, en efecto, la documentación a partir de la cual el proceso de designación de la empresa adjudicataria favoreció a MECO, se presume falsa”, explica el informe.

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Por su parte, Allan Ugalde manifestó públicamente: “Mi situación la he conocido por lo que informan los medios de comunicación, siendo incierta dado que desconozco formalmente mi condición jurídica en el caso concreto por no haberme sido comunicado por las autoridades respectivas”.

“Puedo decir con total transparencia que mi desempeño ha estado siempre sometido al escrutinio público (audiencias legislativas, citaciones judiciales y denuncias) y, como en esas ocasiones, seguiré en la mayor disposición de atender todo lo que requieran las instancias judiciales y las decisiones institucionales que se tomen al respecto.

“En el ejercicio de mi cargo he actuado de forma correcta legal y éticamente, aspecto que espero sea corroborado en esta causa”.

Ugalde fue separado este jueves de su cargo y movido temporalmente a otra división de la Contraloría.

Ugalde no quiso atender a gerente de MECO sobre UNOPS

El OIJ intervino una llamada a Mélida Solís, dueña de la constructora H Solís, en la que se habló sobre la necesidad de decidir, en un caso, sobre una contratación directa o ampliación de un contrato, según se desprende del expediente judicial.

Dos funcionarios de H. Solís le mencionan a Mélida Solís que el Conavi se inclina por la ampliación y ya tuvo un acercamiento con la Contraloría, y ella pregunta si ese acercamiento es con Allan Ugalde u otra persona, para mandar a preguntar si es correcta la opción de la ampliación o, de lo contrario, “tendríamos que intervenir un poco más con el ministro”.

Además, la Policía Judicial escuchó una conversación entre Alejandro Bolaños Salazar, representante legal de MECO, y una abogada llamada Hilda María Porras Alvarado, en la que el funcionario de MECO se queja de que el gerente de Contratación de la Contraloría no lo quiso atender para hablar del manejo contratos viales por parte de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Alejandro Bolaños: ¿Qué sabés del subcontralor? ¿A quién van a nombrar?

Hilda Porras: No tengo idea, ni he preguntado. Se me había olvidado.

Alejandro Bolaños: ¿Para cuándo está eso?

Hilda Porras: Yo creo que iban a nombrar, siempre me dijeron a mí desde el inicio, que este señor, que era presidente… el señor de la Clínica Bíblica.

Alejandro Bolaños: Ah… que habían negociado con él eso, pero es que escuché también el nombre de German Brenes un día de estos.

Hilda Porras: Pero es que German no se postuló, salvo que lo vayan a sacar fuera del proceso, pero él no presentó atestados (...).

Hilda Porras: Esta señora Marta y la otra no saben nada.

Alejandro Bolaños: No, no y se han vuelto totalmente políticas, vea el tema como lo manejan. Es que hay temas que sí son políticos, pero hay temas que, en la buena práctica, usted no la puede dejar de lado.

Hilda Porras: Y sí, tienen como testaferro al Allan, que Allan no tiene ni voz, ni voto.

Alejandro Bolaños: Qué raro Allan, de Allan a mí siempre me hablaban muy bien. No sé, ahora él agarra un caso de esos y como que se apega a lo que le digan.

Hilda Porras: Por eso, es que es como un borreguito, yo a Allan le reclamé, le dije ‘usted me dijo a mí que cuando tuviera un problema aquí estaban las puertas abiertas’.

Alejandro Bolaños: Ajá, vos lo conocés bien a Allan.

Hilda Porras: Sí y cuando vine a pedirle que me atendiera para denunciar lo que estaba pasando con lo de UNOPS, no me recibió, se escondió y nunca más.

Alejandro Bolaños: Pero al final la UNOPS, vos conseguiste que entregaran...

Hilda Porras: El expediente...

Alejandro Bolaños: El expediente, eso para mí era un gran logro.

Hilda Porras: Sí, pero a Allan yo le dije: ‘Allan yo tengo la prueba en mi mano del segundo de la UNOPS diciendo que ellos nunca van a aceptar una orden la Contraloría’ y le dije: ‘recíbame y yo se lo enseño’. Lo tenía grabado.

Alejandro Bolaños: Diay, a mí me llamó el… famoso ese que venía de Perú, no sé de dónde.

Hilda Porras: ¿El Alejandro Rossi?

Alejandro Bolaños: No, no, no Alejandro Rossi, era otro, el abogado, que él usa ahí cuando lo quiere amedrentar a uno.

Hilda Porras: Ah...

Alejandro Bolaños: Se me olvidaba el nombre, es el abogado de ellos.

Hilda Porras: Sí, sí.

Alejandro Bolaños: Ese llega siempre jugando de vivo y a mí me dice ‘usted no tiene nada que ir a hacer a la Contraloría porque ahí ya eso está hablado y eso a usted se lo van a rechazar’, así me dice. Me dijo que ‘eso estaba hablado’ y le digo ‘bueno diay…’.

Hilda Porras: Pero tiene razón. La UNOPS se ha puesto de acuerdo con la Contraloría en todas las ocasiones y parte de la culpa de esto aquí es de Méndez Mata.

Alejandro Bolaños: Bueno, alguien tiene que ser el canal de comunicación ahí, alguien tiene que hacer ese vínculo y, diay sí, suena lógico que sea él.

Hilda Porras: Para mí el ministro le pide a la contralora ‘mire, por favor no me pase las obras porque aquí, porque allá’. La contralora le da la orden a Allan y Allan solo dice sí.

Alejandro Bolaños: Sí señora (risas).

Sobre esa llamada, el OIJ dice en el expediente: “De la intervención telefónica, destacan comunicaciones relevantes que reflejan la posible injerencia instrumental que tiene Allan Ugalde en cuanto a decisiones relativas a proyectos de infraestructura vial, bajo posible influencia de la contralora general y el actual ministro del MOPT”.

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El Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Goicoechea levantar el secreto bancario de Ugalde, quien trabaja en la Contraloría desde el año 1999 y asumió el puesto de gerente de la División de Contratación Administrativa en junio de 2014.

La adjudicación del paso a desnivel

La adjudicación de la intersección de Garantías Sociales, gestionada por la UNOPS), sufrió importantes tropiezos durante todo el proceso licitatorio.

Inicialmente, la constructora FCC fue seleccionada para realizar la obra de infraestructura en la carretera de Circunvalación. No obstante, un reclamo interpuesto por la empresa H Solís anuló el acto.

En una segunda ocasión, constructora MECO resultó adjudicataria de la obra. Sin embargo, nuevamente se retrotrajo la decisión, debido a que FCC no tuvo acceso al expediente de licitación para estudiar las ofertas para hacer sus alegatos.

Lo mismo sucedió en el tercer acto de adjudicación en favor de MECO, debido a que nuevamente FCC no tuvo acceso al expediente.

En la cuarta ocasión, finalmente MECO volvió a ganar el contrato.

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La empresa FCC reclamó por el tema del ingeniero residente, pero, en su defensa, MECO presentó la corrección, en apariencia, con la supuesta “muy sutil” asesoría de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría, según el OIJ.

En este proyecto, según el mismo expediente judicial del Caso Cochinilla, MECO habría manipulado las pruebas de calidad del asfalto, en coordinación con las empresas Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP) y la Compañía Asesora en Construcción e Ingeniería (Cacisa).

Las últimas firmas se encargaron de verificar la calidad y la supervisión de la obra, respectivamente.

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