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El proyecto de ley que reduce la planilla de Japdeva hasta en 800 personas, con el fin de evitar la quiebra, compromete al Estado a destinar ¢17.000 millones en los próximos 10 años para pagar la jubilación anticipada de 277 trabajadores de esa entidad portuaria mayores de 55 años.
De ser aprobado por los diputados, los 277 funcionarios recibirían un pago mensual hasta que cumplan con la edad y con las cuotas para pensionarse por el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). En promedio, tendrían un ingreso de ¢1,2 millones.
Además, se les pagará la cesantía (12 salarios) al finalizar su relación laboral con la empresa estatal, la cual afronta un hueco financiero por la caída de 79% en sus ingresos luego de la entrada en operación del megapuerto de barcos portacontenedores en Moín, dado en concesión al gigante holandés APM Terminals.
Otra opción que ha ofrecido el Gobierno a los 1.200 trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) es el traslado a otra institución pública. Sin embargo, desde agosto, solo 10 funcionarios se acogieron a esa opción.
Según el Gobierno, la prejubilación se aplica a los mayores de 55 años porque, alega, les costaría encontrar un empleo luego de ser liquidados. Los ¢17.000 millones, calculados por la Dirección Nacional de Pensiones, saldrían del Presupuesto Nacional.
“El monto de la prejubilación será el equivalente a un 63% del salario promedio calculado con los 12 mejores salarios mensuales de los últimos cinco años laborados en la Administración Pública”, informó el Gobierno en un comunicado, donde indicó que el plan de retiro anticipado se dio al acoger “una idea planteada por el diputado David Gourzong (PLN)”.
Montos de prejubilaciones en detalle
277 trabajadores califican para recibir el subsidio estatal
FUENTE: Dirección nacional de pensiones || J.C. / LA NACIÓN.
‘Más oneroso’
Un informe elaborado por la Dirección Nacional de Pensiones y entregado a los diputados que discuten la propuesta, establece una enorme diferencia entre las prejubilaciones que se pretente pagar en Japdeva y otros regímenes similares, como el de los trabajadores del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) y del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).
Según detalla el documento, esos extrabajadores reciben un subsidio promedio ¢425.000 mensuales. Los de Japdeva recibirían en promedio ¢825.000 mensuales más.
“Es más oneroso tanto por la cantidad de gente beneficiada, como por el tema de los salarios de los trabajadores que tendrían esa posibilidad. Podría tener efectos en las finanzas públicas”, declaró el director nacional de Pensiones, Luis Paulino Mora.
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La presidenta ejecutiva de la entidad portuaria, Andrea Centeno, aceptó que la fórmula para calcular el monto de la prejubilación de los 277 trabajadores mayores de 55 años, surgió de un acuerdo con el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) y así lo plasmó el Gobierno en la propuesta de ley que presentó al Congreso.
“En su momento fue una de las opciones que nos pidió abiertamente el Sindicato. La primera propuesta que llegó fue rescatando la idea de Sintrajap aunque nosotros también la teníamos en la mesa y a partir de ahí, se empezaron a ver las alternativas en cuanto a años y requisitos de la mano del Ministerio de Trabajo”, afirmó Centeno.
El secretario general de Sintrajap, Antonio Wells, expresó ante los diputados que discuten el plan, su posición a favor del sistema de jubilaciones anticipadas, así como a los traslados a otras entidades públicas. No obstante, sobre los bonos de hasta ocho salarios a quienes acepten el despido, Wells afirmó que no les interesa.
“Lo que queremos es trabajo. Si se queda ahí de forma voluntaria depende de ustedes (diputados), a quienes solicitamos encarecidamente que cualquiera de los tres puntos sean voluntarios y no obligatorios”, dijo Wells.
El informe de la Dirección Nacional de Pensiones detalla que el 70% de los trabajadores que pueden acogerse a este beneficio recibirá más de ¢1 millón mensuales. De este grupo más de la mitad gozará de la pensión máxima, que es de ¢1,6 millones mensuales.
La iniciativa de ley establece que ningún trabajador puede ostentar un pago mayor al tope establecido por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para las pensiones del régimen de IVM, precisamente ¢1,6 millones.
Sin embargo, aunque pone el mismo tope de las pensiones de la Caja, la propuesta no utiliza la misma fórmula para calcular el monto.
Así, las prejubilaciones de Japdeva serían del 63% del salario promedio. Para obtener ese promedio se utilizan los 12 mejores sueldos de los últimos cinco años laborados.
En cambio, las pensiones de la Caja corresponden al 60% del promedio de los últimos 240 salarios del trabajador.
Eso provoca que las prejubilaciones de Japdeva se disparen, y que cuando finalmente se pensionen se les baje significativamente el monto.
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Tal situación abriría un portillo para que los beneficiarios reclamen en un futuro a la CCSS igualar la suma que recibían por prejubilación, lo que terminaría por encarecer las pensiones de esos trabajadores con cargo al presupuesto nacional.
“En cuanto al monto de la prejubilación, consideramos que debería ser el mismo del que recibirán cuando se pensionen por vejez en la CCSS”, manifestó el procurador general de la República, Julio Jurado.
De aprobarse la iniciativa tal y como la presentó el Gobierno, el Estado realizaría el último desembolso en marzo de 2029.
Solo para este año, los diputados tendrían que aprobar un presupuesto de ¢1.689 millones para la creación de este régimen especial y el pago de prejubilaciones. Esto se sumaría a los ¢5.753 millones que el Congreso tramita para pagar la planilla de Japdeva durante tres meses.
Legisladores con duda
La Contraloría General de la República pidió a los diputados considerar la situación fiscal que atraviesa el país, así como el debilitamiento de los regímenes de pensiones, antes de aprobar las prejubilaciones de Japdeva.
Ante los señalamientos que han realizado diversas instancias sobre el proyecto de ley, los legisladores de la comisión encargada de darle el primer visto bueno a la iniciativa, todavía no tienen claro el futuro de la propuesta.
“Lo estamos discutiendo porque todavía no tenemos clara la sostenibilidad financiera de la propuesta ni tampoco el tema jurídico, por los señalamientos que hizo la Procuraduría General de la República sobre las prejubilaciones”, señaló el diputado Luis Fernando Chacón, del Partido Liberación Nacional (PLN).
Su compañero de bancada David Gouzong sí está a favor del cálculo de las prejubilaciones. Incluso él había presentado un proyecto de ley en esa línea, antes de que el Gobierno presentara el plan.
“Bueno, las prejubilaciones van de acuerdo a los salarios que ganan los funcionarios. Yo estoy muy claro que esto es necesario porque los trabajadores de 55 años estaban acostumbrados a lo que estaban haciendo y en Limón no van a encontrar oportunidades de empleo”, afirmó Gourzong.
La diferencia de criterios también está presente en la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Erwen Masís reconoce que hay beneficios mayores de los trabajadores, sin embargo, indica que es parte de un proceso de reestructuración.
"Es cierto que tiene pluses y algunas garantías a las que deberían de tener si se pensionaran. En el estándar internacional no hay una empresa estatal que haya sido reestructurada en donde sus trabajadores no hayan sido bien compensados”, dijo Masís.
Su compañera, Aracelly Salas, tiene una posición más crítica. “El Estado no tiene los recursos suficientes. Yo veo un régimen de pensiones vulnerables y el cargo es de muchísimos millones para el Estado costarricense”.
