EscucharLos peajes de la ruta 1, ubicados en Río Segundo y Naranjo, quedarían sin administrador hasta abril del próximo año, debido a que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) no ha completado el proceso para seleccionar el nuevo fideicomiso que asumirá esa función, una vez que se concrete el finiquito del contrato con el Banco de Costa Rica (BCR).
Originalmente, el cronograma incluido en el Acuerdo de Terminación Anticipada con el BCR disponía que, como parte de la primera fase del proceso de transición para finalizar dicho contrato, el 30 de junio debían concluir las “actividades concernientes a la gestión técnica, administrativa y financiera, así como de los contratos relacionados con esas labores”.
Sin embargo, este plazo no se cumplió y el Conavi aprobó una prórroga que extendió hasta el 31 de octubre la entrega de los contratos de operación y mantenimiento de los peajes.
A pesar de esta prórroga, el concurso publicado en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) para seleccionar el nuevo operador se encuentra aún en la etapa de recepción de ofertas. Eso significa que el proceso debe superar las fases de revisión, evaluación, recomendación de adjudicación, posibles apelaciones y refrendo antes de contar con un nuevo fideicomiso.
Según las fechas previstas en el expediente de contratación, la formalización del nuevo contrato se completaría a inicios de abril del 2025.
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Uno de los obstáculos para que el Conavi extienda de nuevo el contrato actual de administración de los peajes es que el acuerdo con el BCR establece como fecha de finiquito de todas las actividades el 31 de diciembre de este año.
Eso incluye la liquidación total del patrimonio del fideicomiso, así como el traslado de los activos y recursos financieros vigentes a los fideicomitentes.
De no lograrse esta extensión, los peajes ubicados en Río Segundo de Alajuela y Naranjo volverían a ser gestionados por el Conavi, y sus tarifas regresarían al valor que tenían en el 2020, es decir, de ¢75 y ¢150, respectivamente, para vehículos livianos.
Esta advertencia fue emitida desde abril por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), que recordó que la Ley 9.292, para el desarrollo del proyecto San José-San Ramón, autoriza el cobro de peajes a través de un fideicomiso para financiar expropiaciones, relocalización de servicios públicos y reasentamientos necesarios para la ampliación de la vía.
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Estos cobros representan un ingreso mensual promedio para el Conavi de ¢579 millones, los cuales deben invertirse en mejoras. Por ese tramo, se proyectaban para el 2025 el tránsito diario de 130.000 automotores.
La Nación solicitó información al encargado de la Unidad Ejecutora del proyecto en el Conavi, Juan José Madriz, sobre qué ocurrirá con las tarifas y la administración de los peajes una vez que venza la adenda aprobada, y si es posible realizar nuevas prórrogas ante la fecha final del finiquito con el BCR, pero no se obtuvo respuesta.
¢30 millones mensuales para 11 funcionarios
Según el cartel publicado en Sicop, el nuevo operador del fideicomiso recibiría ¢30 millones mensuales en honorarios para 11 funcionarios encargados de la administración de los fondos provenientes de los peajes y otros recursos destinados al proyecto. La contratación será por dos años, con un presupuesto total de ¢720 millones.
El expediente indica que el principal objetivo de la contratación es “resguardar los recursos provenientes del anterior fideicomiso” y garantizar condiciones óptimas para los usuarios de la ruta.
Para ello, la Administración definió tres componentes. El primero es la administración de los flujos provenientes del corredor vial San José–San Ramón, que incluye cobros de peajes, servicios autorizados en la ruta (publicidad, comercio, alquiler), remanentes de saldos del fideicomiso anterior, así como cualquier otro financiamiento, donación o aporte.
El segundo componente es la administración y operación de los peajes, lo que implica cubrir los gastos administrativos y operativos del fideicomiso, así como el mantenimiento y mejoras de las estaciones de peaje del corredor vial. El tercer componente abarca la gestión de los contratos asociados al manejo de los peajes.
La anterior unidad administradora del proyecto San José-San Ramón, que estaba a cargo del fideicomiso, recibía honorarios de $147.000 mensuales. No obstante, sus funciones incluían actividades adicionales como la elaboración de estudios técnicos, ejecución de contratos de obras y la estructuración del proyecto integral.
Hasta ahora y de acuerdo con los documentos disponibles en el Sicop, las entidades que han mostrado interés en la contratación son el Banco de Costa Rica y el Banco Nacional.
