El Consejo Nacional de Concesiones y la empresa Globalvia, a cargo de la ruta 27 entre San José y Caldera, se enfrentan en los Tribunales de Justicia por el manejo de ingresos provenientes de los peajes.
Las diferencias residen entre lo que la primera reporta como ingresos por esos cobros que pagan los usuarios de la vía a Caldera, y lo que el Estado contabiliza por ese concepto.
La existencia del proceso judicial fue confirmada por el secretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones, José Manuel Sáenz, tras conocer el último informe elaborado por una empresa técnica contratada como supervisora de la concesión.
Según el documento, a pesar de que se le ha llamado la atención, Globalvia continúa “descontando” de sus ingresos las sumas que alega corresponden a la evasión en el cobro en las distintas estaciones de peaje, es decir, por los los conductores que pasan sin pagar en las casetillas.
El informe elaborado en noviembre por el consorcio conformado por las firmas Getinsa-TPF Ingeniería, indica que esa práctica de “manipulación de los ingresos de forma arbitraria por parte de la empresa podría traer consecuencias negativas para el Estado”.
Añade que esos montos que Globalvia descuenta por la evasión son parte de los riesgos operativos del contrato de concesión.
Es decir, si el concesionario opera y cobra el peaje, debería también resolver los problemas con los conductores que burlan el pago en los 77 km que hay entre La Sabana y el puerto de Caldera, en el Pacífico. Por tal razón, califica la acción como indebida e infundada contractualmente.
Aunque no especifica a cuánto asciende el monto que ha venido descontando Globalvia por concepto de “evasión”, la supervisora indicó que el cálculo se ha llevado en paralelo desde que se inició esta práctica.
Por su parte, el secretario del CNC, José Manuel Sáenz, informó de que también ellos le han hecho llamados de atención a Globalvia por el tema, pues no están de acuerdo con ese manejo.
Esas diferencias de criterio comenzaron desde el 2018 y llevaron a la concesionaria a presentar un reclamo judicial contra el Estado, en los tribunales contencioso-administrativos, desde mediados del 2020.
El jerarca de concesiones dijo que sobre el proceso aún no se pueden dar detalles porque apenas se encuentran en etapa de audiencias, pero aseguró que los montos son totalmente demostrables por parte de la Administración.
“El tema es trazable porque son montos manifiestos y ellos lo ponen como si no fueran ingresos, y nosotros en la cuenta que llevamos, lo contamos como si fueran ingresos, entonces nosotros no perdemos nada porque el control se lleva y vamos bien, el resto se terminó judicializando precisamente porque el CNC rechaza esa condición”, indicó.
En el informe de la supervisora Getinsa-TPF, en el cual se analizaron los ingresos del mes de octubre del año anterior, se explica que la “reducción arbitraria de los ingresos por parte de la concesionaria podría repercutir negativamente al Estado”.
¿Por qué negativamente? Porque al descontar el concesionario montos basados en sus propias estimaciones estimaciones de evasión, sería menor el total que Globalvia reporta como parte de sus ganancias para amortizar la inversión con la que se construyó la carretera. Esto, a su vez, se traduce en más tiempo para completar el pago por la obra.
La carretera San José Caldera se inauguró en 2010 y es la única en el país que opera mediante concesión, contrato dado por 25 años.
Esta no es la primera vez que la supervisora llama la atención sobre la situación. En sus reportes de 2018 y 2019 también se advirtió sobre los efectos que esto podría tener en las estimaciones de ingresos.
Casi pagada
Según los datos de la supervisora, la concesionaria a cargo de la ruta entre San José y puerto Caldera, registró ingresos por $76,6 millones durante el 2019, con un promedio mensual de $6,4 millones.
Mientras tanto, para octubre del 2020 registraba un decrecimiento en los promedios mensuales de 25,8% con respecto al 2019, atribuido principalmente a los efectos de la pandemia.
Pese a la baja, los números siguen siendo positivos para la empresa. Eso porque el porcentaje de ingresos registrados al mes de octubre generados en la concesión fueron un 17% superiores a los estimados en el modelo financiero inicial.
Dichos ingresos hicieron que para octubre anterior la empresa ya llevara recaudados $661 millones, aunque lo amortizado al proyecto vial, al considerar las fórmulas que se incluyeron en el contrato de concesión para contabilizar inversiones, devaluación e inflación, entre otras, es de $210 millones.
Esa suma representa un 69% de la inversión que realizó la empresa española para construir la carretera, que fue de $301 millones.
Multas pendientes
Además de fustigar el tema de los peajes, el informe presentado en noviembre enlista 68 recomendaciones de multa que Concesiones podría imponer a la empresa en caso de que se comprueben los incumplimientos señalados.
Entre los aspectos encontrados por la firma auditora se encuentran baches abiertos en la superficie de ruedo, deslizamientos en taludes y desprendimientos en el pavimento, entre otros.
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El secretario de Concesiones, José Manuel Sáenz, reconoció que hay “flaquezas serias” en los procedimientos de parte de la supervisora para aplicar las sanciones.
Por ejemplo, Sáenz aseguró que a su llegada al CNC, hace un año y medio, se encontró con una presa de multas sin resolver desde el 2015. Muchas de ellas ya fueron notificadas y ahora, dijo, continúa poniéndose al día con procesos del 2017 y 2018.
La Nación envió consultas a los representantes de Globalvía, relacionadas con el tema de la evasión de los peajes, las multas y el proceso judicial. Mediante la agencia de comunicación que los representa en el país, indicaron que se referirían a este tema por otras vías.
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En horas de la tarde de este viernes ingresó un campo pagado a este diario en el que manifiestan su posición. Dicha versión puede leerse en la página 9 de la versión impresa de La Nación o al final de esta información.
Aunque el contrato de concesión vigente con Globalvía vence en el 2033, en este momento, el Gobierno negocia una adenda para completar las labores de ampliación que requiere la ruta, pues al poco tiempo de inaugurada resultó ineficiente para la cantidad de tráfico que transita a diario por esa vía.
De acuerdo con las estimaciones iniciales, dicha ampliación requeriría una nueva inversión por alrededor de $600 millones que también se financiarían mediante el cobro de peajes.
Actualmente, el proceso se encuentra en las fases finales de los estudios de factibilidad a fin de que se pueda contar con un modelo económico en el cual se detallen los costos de las obras y las estimaciones reales de los peajes, entre otros.
De seguido, el campo pagado que la empresa concesionaria de la ruta 27 publica este sábado 16 de enero en la página 9 de La Nación impresa, donde responde a los cuestionamientos sobre el conflicto por los peajes.