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La disputa legal que enfrenta al país con sus socios chinos en el fracasado proyecto de la nueva refinería en Moín, Limón, tomará al menos todo este año, con la posibilidad de prolongarse hasta mediados del próximo.
El arbitraje en el que participan la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y los representantes de la firma asiática CNPCI comenzó en agosto de 2017 ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional domiciliada en Londres.
Mayid Brenes, director jurídico de la Refinadora, explicó que esta es la primera vez que esa empresa pública se somete a esta forma de resolución alternativa de conflictos, la cual toma de 16 a 22 meses.
Fue el socio chino el que hizo la solicitud de un arbitraje, luego del rechazo a la propuesta de Costa Rica de disolver la empresa conjunta Soresco, creada para la construcción y operación de la refinería china.
Brenes, sin embargo, declinó referirse al reclamo que estos plantearon al alegar que se trata de información confidencial.
Se limitó a explicar que de los jueces que integran el tribunal, uno lo propuso Recope, otro los chinos y un tercero por consenso. No precisó cuánto cuesta este proceso a la institución.
Con el arbitraje se intenta resolver el diferendo que surgió con la decisión de la Junta Directiva de Recope de separarse de Soresco, tomada en abril de 2016.
Esa fue la salida a falta de un plan B y de nuevos estudios de factibilidad que permitieran continuar con el plan, que llevaba tres años varados.
Fue en 2013 cuando la Contraloría General de la República señaló irregularidades en los estudios debido a un conflicto de interés, pues fueron elaborados por una compañía filial del socio chino. Estos se negaron a contratar nuevos estudios.
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Por esa razón, el país optó por finiquitar la Sociedad Reconstructora Chino–Costarricense (Soresco) que había sido constituida en el 2009 con un fondo de $100 millones.
Ese dinero fue aportado en partes iguales por Recope y la estatal Corporación Petrolera Nacional de China (CNPC). Se suponía que Soresco debía contratar las obras y luego arrendaría la refinería por 15 años a Recope.
De los $100 millones del fondo inicial, a mayo del año anterior, había $32 millones de los cuales $16 millones eran aporte de Recope el cual se financia de las tarifas de los combustibles.
Mayid Brenes agregó que Recope aún espera respuesta del Tribunal Contencioso Administrativo a la solicitud de una medida cautelar que interpusieron para frenar el uso esos $16 millones mientras concluye el arbitraje.
En un primer fallo, la solicitud de Recope fue rechazada, decisión que Recope apeló ante una segunda instancia.
Brenes señaló que el argumento principal de la Refinadora es la inexistencia de bases técnicas para financiar la planilla de Soresco considerando que el proyecto carece de futuro y hay fondos públicos de por medio.
Los ocho empleados de la sociedad cuestan $50.000 al mes.
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La situación en torno a la fallida refinería también es objetivo de una investigación por parte del Ministerio Público.
Preparación
Al ser esta la primera vez que Recope se enfrentaba a un arbitraje internacional, acudieron al Ministerio de Comercio Exterior (Comex) que ha dirigido procesos de ese tipo, confirmó el jerarca de esa cartera, Alexánder Mora.
Desde el año pasado, esos equipos técnicos se reunieron con personal de la Refinadora.
"Les compartimos nuestra base de datos de proveedores de servicios quehemos contratado en el tiempo, cómo gestionamos esos arbitrajes, el tipode contratos con proveedores por esto. También, les dimos unaexplicación de las etapas procesales que normalmente se ven. No es muchomás que eso", explicó el ministro Mora.
Los funcionarios de Comex acumulan experiencia por varios arbitrajes, entre estos que se sostiene con la firma canadiense Industrias Infinito –a cargo del proyecto minero Crucitas– ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), adscrito al Banco Mundial, con sede en Washington.
También participaron en otro (favorable al Estado costarricense) que la empresa Riteve interpuso en el 2012 ante el CIADI por discrepancias en temas tarifarios.
Asimismo, guiaron el arbitraje por el cual el Estado costarricense ganó parcialmente una demanda que le plantearon expropietarios de lo que hoy es el Parque Nacional Marino Las Baulas, quienes se ampararon en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLC) para reclamar un mayor pago por la expropiación de sus terrenos.
El ministro comentó que, en arbitrajes internacionales, normalmente hay una primera fase donde el tribunal invita a las partes a valorar una conciliación antes de proseguir, e incluso les fija un plazo para ponerse de acuerdo.
Al estar este arbitraje ya en trámite, explicó Mora, esa etapa posiblemente ya se superó.
"Luego el tribunal suele definir un cronograma procesal y las fases a seguir. En una tercera fase, es común que las partes presenten la demanda por escrito o en forma oral y luego se da tiempo a la dúplica (contestación de la demanda) donde sí se abre una fase oral durante la cual las partes presentan testigos", comentó Mora.
Concluida esa confrontación, explicó, hay un plazo durante el cual se aportan elementos adicionales que pudieron haber surgido en la etapa oral. Finalmente, el tribunal entra a deliberar para emitir su fallo.
