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El presidente de la empresa constructora Meco quedó excluido de la investigación que seguía la Fiscalía panameña en el denominado caso Blue Apple, por presuntos delitos de corrupción.
Carlos Cerdas Araya figuró en una lista inicial de 63 acusados, pero un acuerdo al que llegó con el Ministerio Público lo dejó fuera del proceso.
Así fue confirmado este martes por fuentes de la Fiscalía, luego de que en una conferencia de prensa en el vecino país se diera conocer la solicitud de elevación a juicio contra 59 personas.
Contra el empresario se habían iniciado pesquisas por supuestos pagos de empresarios a altos jerarcas del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de ese país, a cambio de agilizar trámites y desembolsos por los avances de proyectos de infraestructura.
No obstante, de acuerdo con una certificación emitida por la Fiscalía VI Anticorrupción, en un convenio suscrito en diciembre de 2017 se dispuso “no formular cargos” contra él, así como “la ruptura de la unidad procesal y el archivo definitivo a favor de este".
También, acordaron que no se formularían “nuevos cargos dentro del expediente identificado con el número 138-17 ni contra Cerdas ni contra la constructora Meco”.
Según publicaciones de La Nación de abril pasado, Cerdas habría brindado información de utilidad para las investigaciones, lo que permitió el pacto.
Este martes, ante consultas de este diario, la empresa confirmó que el empresario quedó fuera del caso Blue Apple.
“Deseamos reiterar que no ha existido, ni existirá acusación contra nuestro presidente ni contra la empresa. Tal como consta en la certificación adjunta, desde diciembre del 2017 el caso está cerrado en forma definitiva en lo que a nuestro presidente y la compañía respecta, por lo que se trata de una investigación de la cual ya no se forma parte”, indicó.
El acuerdo fue avalado por un juez.
Otros siguen
La solicitud de elevación a juicio se presentó contra otras 59 personas por cuatro diferentes delitos: blanqueo de capitales, corrupción, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita.
Por esta causa, la Fiscalía había ordenado 14 detenciones preventivas aunque en la actualidad solo hay tres presos, otros salieron con fianzas y otros por recursos de habeas corpus. A todos los investigados se les aplicaron medidas cautelares en diversas formas.
La investigación inició hace más de dos años por un presunto movimiento anómalo en la cuenta de la firma Blue Apple, contratada para una de las obras. Ese caso dio origen a que se investigaran otras empresas contratadas por el Estado.
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“Fueron varios proyectos de gran valor (...) Cuando nosotros empezamos a investigar nos dimos cuenta de que no era un solo proyecto, sino que había muchos y de esa forma fue que se fueron acercando algunas personas que decidieron colaborar porque la vía que arrojaba la investigación era que de una u otra manera se iba a llegar hasta las últimas consecuencias en todos los casos”, afirmó el fiscal Aurelio Vásquez esta tarde en conferencia de prensa.
La investigación comenzó en setiembre de 2017 e involucraba a siete constructoras.
