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El presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank, principal impulsor de la construcción del Gran Parque de Diversiones del Caribe, anunció un giro al plan para que sea Japdeva la que administre y desarrolle el centro turístico.
Adelantó que así lo incluirá en un texto sustitutivo del proyecto de ley que conoce la Asamblea Legislativa.
En la iniciativa original, el diputado limonense del Partido Restauración Nacional (PRN), había propuesto la creación de una asociación a la que se le transferiría el 20% de los recursos disponibles del canon que paga el megapuerto, administrado por la empresa APM Terminals, para el desarrollo de la provincia.
Según el proyecto, esa asociación habría sido integrada por grupos sociales limonenses, entre sindicatos de trabajadores y cámaras empresariales. Resaltaba como miembro de ese foro la Federación de Cámaras del Caribe, presidida por su sobrino Randy Gordon.
”Ni con este, ni con ningún otro proyecto de ley he pretendido nunca favorecerme personalmente, ni favorecer a ninguno de mis familiares”, enfatizó el legislador.
La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) se hubiera visto obligada a girarle recursos públicos a esa organización, sin saber si el proyecto iba a concretarse o si este podría ser rentable, pues se carece de todo tipo de estudios previos.
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De haberse aprobado en el Congreso en estos momentos, se hubieran girado cerca de $7,2 millones para el centro recreativo. Ese monto, sin embargo, está en constante cambio pues las cuentas crecen cada mes por la operación del megapuerto, o por el contrario, podrían bajar si se destinan recursos a otros proyectos.
El proyecto de ley tampoco justificó por qué se utilizaría el 20% de los recursos dirigidos a Limón, pues ni siquiera se tiene un estimado de cuánto representaría la inversión.
Ahora, el plan del presidente legislativo es encargar el proyecto a la entidad portuaria estatal.
”Al ser Japdeva la encargada de diseñar, construir y administrar el parque temático, se da por sobreentendido que esa institución hará de previo los estilos técnicos, financieros y ambientales que fundamenten su viabilidad.
”Asimismo, se da por entendido que, al ser parte de la Administración Pública, los recursos destinados a este proyecto estarán sometidos a la autoridad y fiscalización de la Contraloría General de la República“, afirmó Cruickshank.
En criterios enviados a la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa, donde se estudia la iniciativa, tanto el órgano contralor como Japdeva, señalaron la falta de estudios de factibilidad y de demanda que garanticen la rentabilidad del negocio.
”Extraña a este órgano contralor que dentro de la motivación del proyecto de ley en mención, se carece de información referente a estudios técnicos que respalden la propuesta planteada, así como su viabilidad técnica, presupuestaria, financiera, económica y su impacto social”, señaló la Contraloría.
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Del mismo modo, las entidades señalaron que cualquier proyecto postulado por instituciones, municipalidades, comunidades o empresarios del Caribe, debe someterse a la metodología implementada por el Ministerio de Planificación (Mideplán), para garantizar la correcta utilización de esos fondos públicos.
”Japdeva considera indispensable que el proyecto sea presentado por los postulantes, según los mecanismos y metodologías existentes, en pro, además, de la igualdad de condiciones entre las instituciones, comunidades y ciudadanos que han elevado a Japdeva iniciativas para el desarrollo de Limón.
“Adicional a lo anterior, y tal cual ha sido el caso de otras iniciativas, es igualmente necesario que se desarrollen estudios de prefactibilidad y factibilidad que determinen la viabilidad de esta propuesta y, por ende, la correcta utilización de los recursos públicos generados por el canon.
“Reiteramos que, ejemplo claro de la necesidad de estos análisis para todo proyecto, son el caso de la terminal de cruceros y marina, y del parque industrial. Ambas iniciativas propias de Japdeva, de interés público y que están siendo conducidas precisamente por el debido proceso para determinar su viabilidad”, afirmó la entidad portuaria.
El canon de megapuerto dispone a la fecha de $26,8 millones, provenientes del 7,5% de los ingresos netos mensuales de APM Terminals, por la operación del megapuerto de Moín.
