A pesar de la promesa de que a mediados de mayo se revelarían los detalles del proyecto de ampliación de la ruta entre San José y San Ramón, el resultado de los estudios de optimización contratados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) por $1 millón aún no han sido publicados.
El pasado 18 de abril, durante un evento en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), el ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla Otárola, anunció que ya había recibido dichos estudios y que “en un mes” se presentarían los resultados de las mejoras al proyecto.
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En esa ocasión, Batalla reconoció que el monto de los peajes será el mismo que se había estimado en los estudios de factibilidad entregados desde finales del 2020 por el Fideicomiso Ruta 1, a cargo del Banco de Costa Rica. Sin embargo, aseguró que, aunque el costo del proyecto seguirá siendo similar ($680 millones), se incluirán obras mejoradas, como intercambios con más niveles.
No obstante, no detalló qué estructuras específicas se beneficiarían de estas mejoras y señaló que esta información se conocería “en un mes”, una vez que se definan los aspectos finales del proyecto. Tampoco explicó cómo se logrará mejorar el nivel de servicio manteniendo el mismo costo estimado del proyecto.
La Nación consultó semanas atrás a las oficinas de prensa del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y del MOPT sobre la fecha de presentación de los resultados de estos estudios. El 30 de mayo, dicha cartera respondió que los detalles del proyecto se darían a conocer “en los próximos días”, sin que aún se conozca cuándo.
Rendición de cuentas
Los problemas de ejecución que arrastran las grandes obras viales motivaron a los diputados de la Comisión de Infraestructura a aprobar una moción para llamar a comparecer al ministro Batalla.
El propósito es que rinda un informe detallado sobre la situación del proyecto San José-San Ramón, la ampliación de la ruta 32, la carretera a San Carlos, el tramo Barranca-Limonal, la rotonda de Hacienda Vieja, la ampliación de la ruta 27, la última etapa de la Circunvalación norte, la carretera a Cartago y además para que se refiera a la baja en el nivel de servicio del túnel de Hacienda Vieja, así como los planes para desarrollar el Tren Eléctrico Metropolitano.
Diego Vargas, diputado del Partido Liberal Progresista (PLP) y presidente del foro legislativo, afirmó que la intención de la convocatoria es conocer el diagnóstico realizado por Batalla luego de la salida de su antecesor, Luis Amador, y que dentro de un año se puedan evaluar los avances del nuevo jerarca.
Batalla deberá presentar informes de avance, cronogramas de ejecución, detalles sobre expropiaciones, estudios de factibilidad, costos de peaje (en los proyectos que los contemplen), presupuestos y procesos de contratación, según cada caso.
Vargas recordó que la ejecución de obra pública enfrenta uno de los niveles más bajos, según estudios de la Cámara de la Construcción y del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.
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La Cámara reveló, en marzo pasado, que en 2023 la obra pública representó el 9% de la construcción en el país, mientras que años atrás este porcentaje rondaba el 20%.