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La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) planea construir un muelle flotante de $234 millones cerca de puerto Caldera, en Puntarenas, y así ampliar los inventarios de gas licuado de petróleo (GLP) o de cocina.
Sin embargo, su propio estudio de preinversión reconoce que aumentar el almacenamiento en Moín (Limón) cumpliría esa misma meta y le evitaría a los consumidores un impacto tarifario.
El estudio de factibilidad argumenta que el país requiere invertir en más depósitos de GLP, sea en Moín o en Caldera o en cualquier otro sitio por el repunte reciente (y previsto a futuro) del consumo de gas en hogares, restaurantes, sodas e industrias.
Se necesitan al menos cuatro esferas más de almacenamiento o de lo contrario, asegura Recope, la importación del GLP será más frecuente y esto afectaría su precio por el aumento en la cantidad de fletes.
Según el documento, de ser construidas en Moín y donde están otros siete depósitos de este tipo, se tiene la ventaja de que todos los sistemas de importación y otros equipos necesarios ya existen. Todo esto abarata el gasto, precisa el texto.
Allí la inversión por las cuatro esferas presurizadas de 4.000 metros cúbicos (25.000 barriles) rondaría los $72 millones (unos ¢45.000 millones).
En cambio, la obra en el Pacífico implica que Recope gaste $98 millones (unos ¢61.000 millones) de recursos propios y, además, pida prestado $136 millones (unos ¢84.000 millones), que al final se trasladarían a los usuarios de combustibles mediante las tarifas.
La terminal flotante en el Pacífico contempla un atracadero tipo monoboya del cual saldrían dos líneas de 5,6 kilómetros, encapsuladas en concreto bajo el lecho marino. Ambas conectarían con una estación de bombeo prevista en los antiguos terrenos de Fertica en puerto Caldera.
Desde ese punto, se bombearían los combustibles a nuevos tanques de almacenamiento en el plantel de Recope en Barranca (Puntarenas) por un poliducto de 11 kilómetros.
Los depósitos previstos en Barranca serían tres con capacidad para 30.000 barriles cada uno, además de cuatro esferas para el gas.
Sin embargo, declara el estudio, toda esta infraestructura sería para respaldo en caso de que un desastre natural impida la operación en Moín, en el Caribe.
En cuanto al GLP, desde allí solo se atendería 30% del volumen de importaciones. El resto se manejaría desde Moín.
Análisis
En el Caribe se reciben los hidrocarburos y desde ahí se trasiegan al resto del país por un poliducto de 533 kilómetros que desemboca en Barranca.
La empresa argumenta que este esquema de distribución es vulnerable en caso de que un desastre natural afecte Moín, razón por lo cual califica de necesaria la obra de $234 millones en Puntarenas.
La intención, dice, es que la terminal “funcione como un sistema de respaldo ante la eventual ocurrencia de un desastre, de tal magnitud e impacto, que inhabilite el sistema de importación y distribución desde la Terminal Moín hasta el resto de las terminales de la empresa”.
Tal situación nunca se ha presentado.
Este plan, además, llega ocho meses después de que Recope inaugurara en Moín una extensión de su muelle para descarga de hidrocarburos (apta para manejo de GLP), la cual se puso en marcha con casi siete años de atraso.
En su análisis de exposición a desastres naturales, el estudio declara que en 33 años solo dos emergencias naturales afectaron equipos en Limón, sin que nunca se interrumpiera el suministro. Una fue el huracán Juana, entre octubre y noviembre de 1988, y otro el terremoto en Limón, en 1991.
Incluso durante el huracán Otto (en noviembre del 2016), “los puertos de Limón y Moín operaron con normalidad, mientras que en Puntarenas los zarpes fueron suspendidos”.
El texto añade que desde 1989 se valora la idea de construir la terminal del Pacífico, pero esta se ha postergado por diversas razones.
Uno de esos motivo lo presentó el Departamento de Formulación de Proyectos, en 2017, cuando recomendó aplazar obras hasta que Recope pudiera “plantear un esquema de negocio, que les dé un uso constante y no represente una infraestructura ociosa para la empresa y para el país”.
En este nuevo intento de ejecutar el plan, Recope argumenta que las instalaciones son necesarias debido al aumento del consumo de gas en la pandemia y para la reactivación económica.
Ruta de pifias
Mario Mora, intendente de Energía de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) adelantó que el financiamiento de ese proyecto mediante las tarifas de hidrocarburos dependerá de un análisis técnico detallado.
“Esto será de todos los gastos, costos e inversiones que se formalicen como parte de sus inversiones. Será en ese contexto cuando esta intendencia hará un examen riguroso de justificaciones y beneficios que presente la empresa para tales efectos”, indicó.
En el pasado, Aresep ha llamado la atención de Recope por diversas pifias en sus proyectos.
Uno de estos fue, precisamente, la ampliación del muelle petrolero en Moín, valorada en $112 millones. Esta se impulsó en 2012 y debía estar lista en el 2014, no obstante, fueron necesarios casi siete años para concluirla y ponerla en uso.
Aún en el 2017, esa entidad solicitó a la Autoridad un ajuste de tarifas para generar $8,4 millones para el pago de reclamos del consorcio a cargo del trabajo y otros $4,7 millones como parte del acuerdo de finalización del contrato con ese proveedor.
Aresep le negó el pedido al hallar “una mala gestión del proyecto” por limitaciones en su planificación y gestión.
En el 2018, Aresep también se declaró preocupada porque Recope intentó cargar a los consumidores ¢88.572 millones en inversiones sin requisitos o sin avance alguno.
Y, en el 2019, Aresep concluyó que Recope intentó imponer el uso de la gasolina con etanol sin “análisis técnico y científico” y, además, en claro atropello a la potestad legal del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) como responsable de fijar el porcentaje de alcohol a mezclarse con el hidrocarburo.
Recope incluso omitió gestionar permisos para el almacenamiento del producto ante el Minae, aun y cuando pidió un alza de precios para gastos en fletes y tanques donde almacenar ese alcohol previsto para diluir en las gasolinas.
En el historial también está la constitución de la empresa Soresco, en asocio con la Corporación Nacional Petrolera de China (CNPC) para construir una refinería en Limón, con un fondo común de $100 millones.
El plan no prosperó aunque se gastaron poco más de $60 millones. Por ese caso, incluso de abrió una causa judicial para investigar el destino de ese dinero.
Además fue necesario un arbitraje internacional para liquidar la empresa.
