![](https://www.nacion.com/resizer/v2/T7H5UFVWDNFW3NAC2F2OT5VVBM.png?smart=true&auth=5ad210703d258e2d54de820efe269fd4b095649d2894e679b76a60a8ec8adcc8&width=874&height=492)
El barco remolcador de Japdeva que se hundió el 5 febrero frente a la terminal Gastón Kogan Kogan en Moín, Limón, impide desde entonces el atraque de buques de gran calado en el megapuerto de la empresa APM Terminals.
Esta situación ocurre porque la embarcación se encuentra a 17 metros de profundidad, en la dársena de acceso al puerto, por donde deben navegar este tipo de barcos para llegar hasta la terminal portuaria.
LEA MÁS: Remolcador antiguo de Japdeva se hunde mientras brindaba asistencia a un buque
El incidente también afecta la atención del resto de las embarcaciones más pequeñas, que deben maniobrar para cargar y descargar en la Terminal de Contenedores, además de esperar en bahía si hay otro barco en la zona de acceso, pues solo disponen de una vía para la entrada y salida del muelle.
El director ejecutivo de la Cámara Costarricense de Navieros (NAVE), Alfredo Salas, manifestó que la situación fue expuesta ante el Consejo Nacional Portuario y las autoridades de la División Marítima Portuaria, el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) y el ministro de Obras Públicas y Transportes.
“Hemos estado insistiendo con la operación de la extracción, el problema que nos han manifestado es que están buscando los medios para hacer la extracción del combustible y los aceites.
“El asunto es que no hay una fecha cierta para extraerlo y esto lo que ocasiona es que evita la doble operación, sea entrada o salida e impide que ingresen al canal barcos de mayor calado, más allá de 12 metros (...) incluso algunos se han tenido que ir a Panamá y eso significa desviar toda una operación que puede beneficiar al país”. dijo.
Fue enfático en que afecta la actividad de importación y exportación, pues a mayor calado de un barco mayor cantidad de contenedores puede transportar.
El director de Nave agregó que la ralentización en esas maniobras también se traduce en sobrecostos para las navieras, pues los barcos que son retenidos en bahía o que demoran en las citadas maniobras de ingreso, suman esos costos a toda la operación.
“Y luego está el peligro al tener que hacer una maniobra regulando para no tener que pegar a fondo por el calado y evitar el obstáculo”, añadió.
Andrea Centeno, presidenta de la Junta de Administración Porturia y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), aseguró que hasta ahora solo conocen de un barco que se tuvo que desviar producto de esta situación.
No obstante, el representante de las navieras explicó que las casas matrices que conocen de antemano la existencia del obstáculo, simplemente no programan el puerto de Moín y no envían este tipo de embarcaciones grandes porque saben que no podrán atracar.
Según Centeno, también recibió un reporte del Departamento Comercial de APM, según el cual entre el 11 y el 22 de febrero no se registraron barcos con demoras contractuales.
“La mayoría han llegado tarde a ventana, pero los que han llegado en tiempo han sido atendidos en tiempo. Es decir, más allá de los barcos que por su calado sí se pueden ver afectados, que son la minoría, pero que igual es importante, no se registra que ahorita el atraso sea por lo del remolcador”, sostuvo.
Entretanto, APM Terminals prefirió no pronunciarse.
La Nación envió 11 consultas a la concesionaria tanto relacionadas con el incidente como con el atraso en la atención de transportistas de las últimas semanas.
Se le consultó sobre el impacto en la operación que representa el hundimiento, el tipo de barcos que logran atender, la cantidad de embarcaciones que han tenido que ser desviadas y la eventualidad de presentar un reclamo ante la Administración por estas afectaciones.
Sin embargo, mediante un correo electrónico gestionado a través de su agencia de comunicación únicamente respondieron: “APM Terminals toma las medidas correspondientes para mantener su operación fluida. El incidente de un remolcador ajeno a nuestra Terminal debe ser abordado por las autoridades correspondientes en su totalidad”.
Operación urgente
Para las autoridades, precisamente, la urgencia es extraer el navío. No obstante, eso implicará erogaciones que le complican todavía más la situación financiera a Japdeva, que ya está en números rojos.
LEA MÁS: Japdeva se enrumba a paralizar operaciones este año
De acuerdo con Centeno, el costo de retirar el remolcador del fondo del mar ronda entre los $600.000 y $1,2 millones.
Adicionalmente, la entidad debe pagar unos $120.000 por la extracción del combustible, fondos que, según la jerarca, ya fueron salvaguardados.
La presidenta ejecutiva dijo que trabajan en una contratación en situación excepcional a fin de agilizar esa última maniobra, pues se corre el riesgo de que haya derrames de combustible y aceite.
En caso de que eso ocurra, la funcionaria aseguró que tienen un plan de contingencia con la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
Por su parte, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, detalló que analizan dos alternativas para sacar el remolcador “lo más pronto posible”.
Aunque no precisó cómo, Méndez dijo que una de las vías sería mediante el contrato de concesión con la TCM, y la otra, utilizaría las opciones de contratación institucional con las que cuenta el MOPT.
“El problema son las limitaciones que tiene la Administración Pública para actuar en estos incidentes, donde no hay partidas presupuestarias, ni facilidad de contratación”, aseveró.
El jerarca admitió que la situación los ha mantenido “muy angustiados” por los problemas de la Administración Pública para generar soluciones.
“Hemos agotado las posibilidades financieras de las instituciones que podrían aportar una solución y ninguna tiene las posibilidades de resolverlo con la rapidez con la que las contrataciones oferten”, agregó.
La concesionaria, por su parte, no ha presentado reclamos económicos ante el MOPT por esta afectación en su operación.
La presidenta de Japdeva aseguró que actualmente se encuentran en el proceso de revisión interna del caso para determinar lo que habría originado el hundimiento.
“El incidente está en investigación y se solicitó un informe a la parte operativa que aún no está completo. Hay que sacarlo para revisar el aparato como tal, porque los buzos no han tenido mayor visibilidad por la marea”, manifestó.
El navío, bautizado como José María, se encuentra a 17 metros, que es la profundidad del canal de acceso donde quedó.
La jerarca de Japdeva explicó que el navegar por dichos accesos es parte de la operación normal de este tipo de embarcaciones que tienen como tarea jalar o empujar los buques que llegan puerto.
El hundimiento ocurrió a las 2 p. m. del 5 de febrero, cuando realizaban una maniobra con un buque. Los trabajadores que iban a bordo tuvieron que dejar la embarcación y comenzar a nadar, hasta ser auxiliados por una lancha de la institución.
![](https://www.nacion.com/resizer/v2/HQRGVQTAJVDCTCKVDTL7FF7HOM.png?smart=true&auth=7b5b8439dd4e5fa39e5557211dd49356f1d5dc66c246de12ede9f021c7669bb3&width=3340&height=1758)
Persiste lenta atención de transportistas
A los problemas originados por el hundimiento, se suman los atrasos en la atención de transportistas que llegan a dejar cargas a la TCM.
LEA MÁS: Transportistas reclaman por larga espera para atención en Terminal de Contenedores de Moín
Así lo dio a conocer desde la semana anterior el director de la Cámara Nacional de Transportistas, Francisco Quirós. Este jueves confirmó que el problema persiste.
El secretario técnico de Concesiones, José Manuel Saénz, aseguró que la concesionaria les indicó mediante una nota, que el problema continúa por razones relacionadas con el proceso de escaneo de contenedores.
Según dijo, el problema son las demoras en la respuesta que envía el Centro de Inspección Remoto, una vez que recibe y analiza las imágenes captadas por el escáner. Es esa unidad la que da el visto bueno para que un contenedor se traslade al barco.
LEA MÁS: Droga oculta en contenedores acarrea fuertes dolores de cabeza para el sector exportador
“Reiteramos que hacemos los esfuerzos necesarios para mitigar el impacto del ingreso de transportistas a la terminal durante esta temporada alta”, se limitó a contestar APM Terminals ante consultas de La Nación.
Mediante su oficina de prensa, también se le preguntó al Ministerio de Seguridad, qe forma parte del Centro de Inspección, sobre la razones de las demoras, sin que se recibieran respuestas.
Tanto Saénz como el director de Canatrac confirmaron que la próxima semana sostendrán una reunión con la concesionaria a fin de procurar solventar el problema de los atrasos.
El secretario de Concesiones descartó que por ahora se esté analizando multar al concesionario por este problema en la operación e insistió en que lo primordial es buscar una solución.