EscucharLa empresa española Riteve SyC presentó un reclamo contra el Estado costarricense por $30 millones, correspondientes a ajustes tarifarios que no se realizaron en los años 2007, 2008 y 2009. La gestión se interpuso ante el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje (CICA).
El ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, criticó el hecho que la empresa acudiera a este proceso a pocos días de finalizar su operación en el país. Según él, esto podría retrasar el proceso de transición y contratación del nuevo operador que asumiría el servicio de revisión técnica vehicular.
Riteve se encargó de esa labor durante 20 años.
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La demanda fue notificada al jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) el pasado 5 de julio, por parte de la Procuraduría General de la República, que es el asesor legal del Estado.
“La Procuraduría lo recibió el 20 de junio del 2022. Reclaman un arbitraje por desequilibrio financiero, que no recibieron todo lo que esperaban en el 2007, 2008, 2009. ¿Hasta ahora se acuerdan de ese desequilibrio 13 años después?
“Hay un (proceso) contencioso que ya se había llevado a cabo y que había sido negativo para ellos, entonces no estoy muy seguro de qué es lo que ellos pretenden con esto”, expresó el ministro durante una conferencia de prensa, este viernes.
Por su parte, la vocera de Riteve, Jennifer Hidalgo, confirmó la gestión.
“Dado que se acerca la fecha del fin de contrato, debemos dejar resueltos todos los temas relacionados con lo que establece. Entre ellos se encuentra este requerimiento arbitral”, expresó.
Riteve cerrará sus puertas el próximo 15 de julio a las 4 p. m. En ese momento todos las propiedades y equipos utilizados para revisión vehicular pasarán a manos del Estado.
De acuerdo con el jerarca, ese día él y otros viceministros acudirán personalmente a las estaciones para garantizar el traslado de los bienes.
Reclamos del MOPT
El ministro Amador también hizo referencia este viernes a una serie de choques entre la Administración y la empresa de cara al cierre.
El jerarca aseveró que la empresa no quiere entregar repuestos que permanecen en un terreno, el cual quedaría fuera del traspaso. Tampoco, según Amador, entregarán los sistemas operativos relacionados con el manejo de citas.
De acuerdo con el ministro, estos problemas surgen porque el contrato es “ambiguo” y muchos de esos asuntos están quedando a interpretación.
Durante la conferencia de este viernes, Amador reprodujo varios audios donde, según se indica, la empresa estaría cancelando citas de revisión previstas para los próximos días, alegando problemas de conectividad.
La vocera de Riteve, sin embargo, desmintió la versión y aseguró que de momento mantienen la atención con normalidad en todas las estaciones.
Aunque no detalló cuáles, el ministro apuntó que existen “otros incumplimientos” y que espera que Riteve “recapacite” y entregue las bases de datos para que se haga una transición ordenada.
Riteve respondió que, en lo relacionado con la donación de bienes, “la empresa ha estado en total disposición de concretarla tal y como lo establece el contrato. De nuestra parte, hemos presentado todo lo necesario para la firma de esta donación que fue programada por el MOPT para el 15 de julio a las 4 p. m. ante la Notaría del Estado. Como indica puntualmente el contrato se donarán los terrenos, instalaciones y equipos”.
“(La empresa) ha cumplido en todo este tiempo, con creces, con la transmisión de información de datos y la entrega de reportes que establece el contrato. El Estado inclusive tiene acceso en tiempo real a toda la información de las inspecciones y puede descargar información y emitir informes con la inmediatez que lo desee. Nuevamente hay una diferencia entre el acceso a la información y el sistema operativo que se utilice para administrar los datos”, explicaron.
Igualmente, insistieron en que han entregado los estados financieros a las instituciones correspondientes durante todos estos años.
Empleados a la deriva
Sobre el futuro de los 500 empleados de Riteve, el ministro expresó que no puede obligar al operador que llegue a recontratarlos, aunque, según dijo, enviaron notas a empresas que han mostrado interés indicando que el Gobierno “va a ver con buenos ojos” que se haga una recontratación.
Por su parte, la ministra de Trabajo, Marta Esquivel, manifestó que inspectores de esa cartera dan seguimiento para asegurar que la empresa liquide y cumpla en todos sus extremos con los derechos laborales de los trabajadores.
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“La lógica impone que lo más sencillo sería usar el personal (para revisión vehicular), el Gobierno promoverá que sean ellos los que se mantengan en sus puestos.
“Lo que queremos decirles a los trabajadores es que, independientemente del proceso de liquidación, el Gobierno va a promover que la empresa que ingrese contrate los servicios de quienes están en esas estaciones y tienen todo el conocimiento”, agregó la ministra.
Riteve, entretanto, reiteró que cumplirá con el pago de los extremos laborales de los empleados, en apego de la ley.
“Hasta el día de hoy, la empresa ha trabajado fuertemente en brindar la mayor estabilidad posible a nuestros colaboradores; en el momento indicado, todo proceso que sea necesario ejecutar, sin lugar a duda, se realizará garantizando todos los derechos laborales de estos”, afirmó en un comunicado.
