EscucharEl ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, justificó la decisión de permitir la participación de las empresas investigadas por corrupción en contrataciones viales, en los nuevos carteles de conservación. Según dijo, la razón es que comenzaron a recibir objeciones que podrían retrasar aún más los procesos.
Méndez Mata aseguró que también han recibido criterios de legalidad que advertían de posibles demandas a las que podría exponerse el Estado de mantener la medida. De concretarse algún reclamo, dijo, afectaría la intención de lograr una reanudación expedita de las labores de mantenimiento urgentes en la mayoría de rutas del país, las cuales se encuentran sin atención desde inicio de año.
“Lo que entiendo ahí es que eso iba a retrasar el propósito de una licitación que se busca que sea más expedita por la situación en que están las carreteras. Se hizo una modificación adicional para darle más valor a la participación de empresas asentadas en la zona correspondiente”, explicó el jerarca.
Las razones, añadió Méndez, fueron expuestas por la directora del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Hannia Rosales, mediante un mensaje a los miembros del Consejo de Administración de esa entidad.
Méndez Mata aseguró que los procesos de contratación seguirán controles rigurosos para evitar hechos como los denunciados en el expediente judicial del Caso Cochinilla, donde las dos principales firmas proveedoras de la conservación vial, MECO y H Solís, figuran como sospechosas de ofrecer dádivas a funcionarios del Conavi a cambio de beneficios tales como el adelanto en pago de facturas o favorecimiento en las adjudicaciones.
En la comunicación remitida a los miembros del Consejo, se indica que: “Toda vez que la cláusula 2.2 en los carteles de las actuales contrataciones directas de escasa cuantía está siendo motivo de demoras en el proceso de contratación, y que el espíritu de las mismas es atender a la mayor brevedad posible, las rutas nacionales, dada la necesidad urgente de mantenimiento, se les instruye a retirar dicha cláusula, y que en su lugar, se aumente el porcentaje otorgado por localía, a fin de alcanzar el objetivo, de que sean personas físicas o jurídicas locales, las que en efecto sean adjudicadas, de modo que se promueva la economía circular y se reactiven las economías deprimidas por la pandemia.”
‘De alto riesgo’
El ministro añadió que actualmente requieren del apoyo de la Asamblea Legislativa para la aprobación de un proyecto enviado por el Ejecutivo, a fin de que se pueda impedir la participación de firmas investigadas o cuestionadas por hechos de corrupción, con el respaldo de una ley.
La cláusula que fue excluida de los cinco carteles que se encuentran vigentes, indicaba que la misma se sustentaba en la necesidad de atender las rutas nacionales de manera inmediata, por lo que la condición jurídica de eventuales oferentes imputados en casos de supuestos actos de corrupción era considerada un “alto riesgo” para el cumplimiento de contratación, siendo que los procesos judiciales podrían establecer medidas cautelares que eventualmente afectarían la capacidad de ejecución de los oferentes o contratistas.
La empresa MECO, una de las principales implicadas en los casos de corrupción que se encuentran actualmente en investigación, fue una de las primeras en refutar esa prohibición, al indicar que no existen medidas cautelares que les impidan participar de procesos licitatorios.
Actualmente en el Sistema de Compras Públicas (Sicop) se encuentran publicados los primeros cinco carteles para labores de conservación en zonas como Ciudad Quesada, Alajuela sur, Guápiles, Pérez Zeledón y Quepos.
Méndez informó de que, aunque inicialmente se anunció la intención de sacar a contratación unas 150 licitaciones para trabajos como chapia, recarpeteo y limpieza de cunetas, el número va a ser mucho menor.
Dichas adjudicaciones se harán por montos de ¢152 millones y por períodos de seis meses, mientras se avanza en los nuevos modelos de conservación. Por tratarse de contratos pequeños, no requieren el aval de la Contraloría General de la República.
